Considera que el delito del ex senador es más grave que la colusión del confort
“Cuando, en cambio, los actos se juzgan atendiendo a los vínculos (cuando la derecha exculpa a Novoa, pero condena a Ominami y la izquierda condena a Novoa, pero exculpa a Ominami), las reglas se esfuman. Por eso, a pesar de que haya enunciados escritos y leyes formales (de las que en Chile sobran), una sociedad no tiene reglas allí donde sus miembros, sus políticos, la prensa, los intelectuales, no están dispuestos a obrar imparcialmente. Es grave”, sostiene el rector de la UDP.
El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, criticó duramente la posición asumida por Chile 21 por la permanencia de Carlos Ominami como presidente ejecutivo del think tank y le coloca la misma vara que este usó con Eliodoro Matte en el Centro de Estudios Públicos (CEP).
En su habitual columna, Peña se plantea la interrogante de si el ex senador, quien está imputado de fraude fiscal, debe dejar la presidencia de Chile 21, tal cual lo hizo hace algunos meses Matte a la presidencia de la CEP.
En ese sentido, el académico explica que “lo hizo luego que se supo que una de sus empresas se había coludido con otras para defraudar al mercado. Matte, o quienes le aconsejaron, pensó que su presencia lesionaba a la institución que presidía y que lo correcto era apartarse. A Matte no se le ha imputado delito alguno. Su vínculo de propiedad con la empresa coludida fue suficiente. Se alejó del CEP”.
“Carlos Ominami preside Chile XXI y será formalizado por un grave delito tributario: se habría concertado para defraudar al fisco. Luego, si la renuncia de Matte fue correcta -si Eliodoro Matte hizo lo que cualquiera en su situación debía hacer-, entonces, Carlos Ominami debe también renunciar a la presidencia de Chile XXI. Después de todo, su caso es más grave que el de Eliodoro Matte. Matte no ha sido imputado de delito alguno; Ominami, sí. En consecuencia, si el directorio de Chile XXI piensa que Matte hizo bien renunciando, pero cree que Ominami no debe hacerlo, o no le pide la renuncia, está faltando a la imparcialidad”, sostiene.
Peña también hace alusión a la decisión adoptada por la UDI de no sancionar a su histórico dirigente Jovino Novoa, a pesar que fue condenado por un delito tributario.
“La razón que la UDI esgrimió fue que Novoa no había actuado en interés propio, sino en el interés de todos los miembros del partido; había adoptado, por decirlo así, una conducta sacrificial. Bien. Si la decisión de no reprochar a Novoa pretende ser imparcial, entonces, nadie que haga o haya hecho lo mismo merecerá reproche”, menciona.
Desde esa perspectiva, Peña precisa que “así, si se descubre que un miembro del equipo de campaña de la Presidenta obtuvo dinero ilícito, no deberá ser reprochado por la UDI: después de todo, al igual que Novoa, no habría obrado para sí, sino para la colectividad a la que pertenecía. Y es que la imparcialidad obliga”.
El rector de la UDP explica el ser imparcial, indicando que “en términos generales, consiste en mostrarse ciego a los vínculos a la hora de juzgar un acto. Un ejemplo se encuentra, casi al pasar, en uno de los diálogos de Platón. Allí, Sócrates se muestra sorprendido de un hombre joven que denuncia a su propio padre de haber matado a un extraño. ¿Acaso los vínculos no importan?, pregunta Sócrates. No, en casos como este no importan, dice Eutifrón: hay que proceder contra quien cometió el delito aunque «viva en la misma casa y coma en la misma mesa»”.
“Esa ceguera de los propios vínculos induce a juzgar los actos sin consideración a la identidad social o política de quien los cometió. En eso parece consistir la imparcialidad. Por eso, John Rawls sugiere que para que la celebración de un contrato sea imparcial, cada uno debe concurrir a él con un «velo de ignorancia». La ignorancia de los vínculos conduciría, en este caso, a obrar imparcialmente. Sobra decir que la imparcialidad es una virtud básica de la vida democrática. El igual trato que se niega en las oportunidades, en la riqueza o en la educación, al menos puede brindarse a la hora de juzgar los actos ilícitos”, argumenta en su columna.
Peña explica que lo que podría ser la causa de los problemas de probidad que se han enfrentado en la esfera pública es la falta de imparcialidad a la hora de juzgar las conductas.
“Y es que cuando no hay imparcialidad, lo que falta no es una cualidad moral. Es peor. Faltan las reglas. Una regla, con prescindencia de su contenido, es ante todo un propósito de imparcialidad: un juzgamiento de actos sin consideración a los vínculos. Cuando, en cambio, los actos se juzgan atendiendo a los vínculos (cuando la derecha exculpa a Novoa, pero condena a Ominami y la izquierda condena a Novoa, pero exculpa a Ominami), las reglas se esfuman. Por eso, a pesar de que haya enunciados escritos y leyes formales (de las que en Chile sobran), una sociedad no tiene reglas allí donde sus miembros, sus políticos, la prensa, los intelectuales, no están dispuestos a obrar imparcialmente. Es grave”, concluye el académico.
