Luis Felipe Céspedes aclaró su posición en sintonía con los empresarios
El Ministro de Economía, desde donde se conduce la regulación de la industria, aclaró sin embargo que «vamos a proponer modificaciones de manera de perfeccionarla».
El ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, de cuya repartición depende la regulación de la industria pesquera, admitió que está en contra de la moción declarada admisible ayer para anular la denominada «Ley Longueira». La iniciativa fue presentada por diputados de la bancada que forman el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana y surgió a partir de las irregularidades descubiertas durante su tramitación, incluyendo la acusación de cohecho contra el desaforado senador ex UDI, Jaime Orpis, quien reconoció haber recibido pagos de Corpesca.
«Vamos a proponer modificaciones de forma tal de perfeccionarla y de que represente adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia, perocreemos que es importante mantener y validar lo que es la institucionalidad», aclaró Céspedes.
Pero el ministro se preocupó de enfatizar que no apoyan la iniciativa que fue declarada admisible ayer en el Congreso. «Nosotros como gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional y esperamos que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados así lo determine», dijo, según consigna La Tercera.
Esta posición está en sintonía con lo expresado este miércoles por los empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
«Ni la ley ni la Constitución otorgan a nuestro Poder Legislativo la facultad de anular leyes. Lo ocurrido ayer con la Ley de Pesca, lamentablemente avalado por la presidencia de la Cámara de Diputados, constituye un peligroso intento por debilitar nuestro ordenamiento jurídico, contraviniendo el Estado de Derecho y el ordenamiento constitucional que nos hemos dado como nación», expresó a través de un comunicado la organización que preside Alberto Salas.
«La única opción viable para continuar siendo un país serio y responsable, donde la certeza jurídica permita mantenernos en el camino al desarrollo, es respetando nuestro Estado de Derecho y conservando la supremacía de nuestras instituciones. Sería una absoluta irresponsabilidad avanzar en cualquier iniciativa que apunte en el sentido contrario», agregaron.
