También solicita el respaldo de 24 entrevistas
Entre las personas que indica el informe figura la secretaria de Contesse que habla de contactos para supuestos aportes ilegales a campañas a Guido Girardi y Fulvio Rossi. También se habla de al menos 20 proveedores rectificados ante el SII, entre los que se encuentran algunas firmas vinculadas a Luis Saldías (asesor de Julio Ponce); Cristián Warner (ex asesor de Marco Enríquez-Ominami); Sebastián Piñera; Giorgio Martelli; Cristina Bitar; Marcelo Rozas; Carlos Ominami y Pablo Longueira.
La fiscal a cargo de la investigación de SQM, Carmen Gloria Rojas, solicitó a la minera no metálica la entrega de 92.520 correos electrónicos que fueron usados por la empresa estadounidense Shearman & Stearling para un informe el que dio cuenta de pagos ilegales a políticos.
El estudio de la firma estadounidense resumió una investigación de nueve meses en 81 páginas, en donde se exponen hallazgos sobre controles internos y pagos cuestionados, especialmente a 139 personas políticamente expuestas, pero también muestra 10 casos en que hubo riesgo de sobornos.
Según consigna La Tercera, la consultora recolectó en su trabajo 3,5 millones de correos intercambiados entre ejecutivos de la empresa y terceras personas, de los cuales 930 mil fueron revisados en detalle y 92.52º fueron calificados como “relevantes”.
Estos últimos mails son los que el Ministerio Público pidió a SQM para su pericia, ya que en un oficio dirigido hace un mes al presidente del comité ad hoc de la minera, Edward J. Waitzer, la fiscal pidió remitir “la copia digital del servidor de la empresa, que contiene los 3,5 millones de correos electrónicos que fueron analizados por la consultora en la confección del informe”.
En ese sentido, también solicitó, en forma separada, el respaldo en digital de los 92.520 correos que corresponden a ‘documentos relevantes identificados’, los cuales fueron seleccionados por la misma empresa.
La idea de la persecutora es la de periciar las comunicaciones digitales para encontrar pruebas y sostener la investigación, en la que hasta ahora existen más de 10 formalizados por delitos tributarios, entre otros delitos.
El oficio también solicita los respaldos de 24 entrevistas que fueron realizadas por Shearman & Stearling durante su investigación. Sin embargo, los abogados no levantaron actas sobre entrevistas hechas a directores y ejecutivos.
A pesar que la fiscalía cuenta en su poder con varios mails, el informe de la firma estadounidense incluye algunas novedades como el correo del abogado de SQM, Enrique Olivares, de agosto de 2012 y dirigido a la entonces secretaria de Contesse, en donde le señala que éste lo había autorizado a tomar contacto con políticos que recibirían aportes de la firma. Además, en una segunda comunicación, Olivares indicó que había tomado contacto con Guido Girardi y Fulvio Rossi.
El senador Girardi señaló que «no conozco al señor Olivares. No conozco el informe. No pedí apoyos de campañas. Aparentemente, esos serían para la campaña municipal, pero yo tampoco pedí apoyo para esa campaña».
También se habla de al menos 20 proveedores rectificados ante el SII, entre los que se encuentran algunas firmas vinculadas a Luis Saldías (asesor de Julio Ponce); Cristián Warner (ex asesor de Marco Enríquez-Ominami); Sebastián Piñera; Giorgio Martelli; Cristina Bitar; Marcelo Rozas; Carlos Ominami y Pablo Longueira.
Los riesgos de “soborno” lo integran el mismo Longueira, Giorgio Martelli, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner; Fulvio Rossi; Jaime Orpis, quien será formalizado en el caso Corpesca; Roberto León (DC) y Cristián Warner.
