Contraloría objeta más de $4.000 millones en rendición
Ernesto Galaz trabajó como asesor jurídico de la Corporación de Juegos Suramericanos Santiago 2014.
Los fiscales a cargo del denominado caso Juegos Odesur, José Villalobos y Pablo Norambuena, instruyeron esta semana a funcionarios de la PDI para que ubicaran y citaran a tres de los principales funcionarios de la Coporación de Juegos Suramericanos Santiago 2014.
Se trata de Ernesto Galaz, esposo de la ministra de Vivienda, Paulina Saball y ex asesor jurídico de la Corporación; Marcela González, ex directora de la entidad; y a Alejandro Gálvez, ex director de administración.
Según consigna La Tercera, todos fueron requeridos en calidad de imputados para comparecer y declarar a partir del martes de la próxima semana.
El cónyuge de la ministra se encontraría fuera del país, mientras que sus pares, González y Gálvez, habrían solicitado la asesoría de abogados defensores, detalla la publicación.
La Coporación de Juegos Suramericanos Santiago 2014 tenía por objeto administrar los recursos del Estado otorgados a través del Instituto del Deporte (IND), para la ejecución de los X juegos Odesur de ese año.
Las alertas se encendieron tras un informe elaborado por la Contraloría, donde se objetaban varios aspectos de la gestión de esta corporación. Por tal razón, el Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Chiledeportes, Álvaro Muñoz, presentó una denuncia por supuestas irregularidades en el uso de los recursos, la que quedó en manos de la fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente.
La fiscalía acudió el pasado viernes hasta las dependencias del ministerio del Deporte para requisar los computadores de varios funcionarios. Uno de esos equipos corresponde al de Galaz, quien hoy ejerce funciones como Jefe de la Dirección Jurídica de dicho ministerio, con una remuneración bruta por dotación de planta de $5.548.612.
El Ministerio Público además busca conocer las razones por la cuales varios funcionarios de la Corporación Santiago se habrían aumentado sueldos mientras se efectuaron los juegos.
La Contraloría General de la República dio a conocer en septiembre de 2015 un informe sobre la auditoría a los gastos ejecutados por el Instituto Nacional de Deportes durante la organización de los X Juegos Sudamericanos y Panamericanos Odesur 2014.
Según el ente contralor, más de 4.000 millones de pesos de los 5.500 millones asignados para este evento no pudieron ser justificados por la organización, la que se realizó durante el mandato de Sebastián Piñera, en 2013.
Una de las irregularidades consiste en el desconocimiento, hasta ahora, del destino de $127.810.407, correspondientes a los intereses del depósito de los recursos para la actividad efectuado en una institución bancaria entre marzo y agosto de 2013, bajo la administración de Sebastián Piñera.
En las conclusiones, el párrafo decisivo dice:
«En relación con las observaciones contenidas en el capítulo III, examen de cuentas, numerales 1, falta de rendición y/o de reintegro de excedentes por $2.783.270.009; 2, intereses improcedentes por depósito a plazo por $129.035.407; 3, falta de antecedentes de respaldo en licitación y entrega de productos pagados por $21.915.554; 4, sobre derechos y obligaciones de servicios contratados por $730.686.285; 5, sobre remuneraciones, honorarios e imposiciones por $84.222.184; 6, sobre gastos en viajes por $12.554.359; 8, sobre recepción de bienes y/o servicios por $243.668.612; 9, sobre recursos en administración por $68.560.509; 10, sobre pago efectivo por $3.000.000 y 11, pago por exceso y/o duplicado por $19.437.163, esta Entidad Fiscalizadora procederá a formular el reparo correspondiente, al tenor de los artículos 95 y siguientes de la ley N°10.336, de Organización y atribuciones de esta Contraloría general».
En total, da $4.096.350.082 que no han podido ser respaldados del total de $5.500.000.000 asignados para la organización Odesur 2014. Este es el documento completo.
