Las reacciones en torno al documental que prepara La Moneda sobre los hitos del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet continúan. El jefe de la bancada de RN, Alejandro Santana, aseguró al respecto que «sin lugar a dudas esto no es un proyecto delegado, es un proyecto de proselitismo político y se usan los gastos reservados».
En entrevista con CNN Chile acusó que la iniciativa «tiene olor, tiene color y tiene gusto a ser directamente como un instrumento de campaña con el objeto de poder cambiar la imagen del mal gobierno que ha hecho la Presidenta».
José Antonio Kast, diputado de la UDI, en la misma línea, criticó el proyecto: «El documental no se necesita» y que «la acción más concreta que podría hacer un cambio en la imagen que tiene la gente de su gobierno es tomar una medida, una acción respecto del tema de Caval».
Cabe destacar que si bien el Caso Caval tuvo grandes efectos negativos en el gobierno, el 2016 la aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet tuvo un alza de cuatro puntos, alcanzando un 28% de respaldo a su gestión y el rechazo descendió un 4% respecto a diciembre pasado, según la encuesta Adimark.
Por otro lado, desde el oficialismo también dieron a conocer sus aprensiones e hicieron hincapié en que el documental debe mostrar ambas caras de la moneda. El diputado PS Juan Luis Castro manifestó que es legítimo que el Ejecutivo realice esta iniciativa, pero agregó que es igualmente relevante que «refleje toda la realidad que ha pasado durante estos dos años, las luces y las sombras». Además, recordó que el ex Presidente Sebastián Piñera envió a editar un libro con todo su legado.
Se trata de una colección de textos que fueron lanzados bajo el plan «Chile Avanza con Todos», iniciativa que fue duramente cuestionada por la Contraloría, que objetó los procedimientos y gastos del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, específicamente de la Secom.
El informe de la Contraloría, concretamente, objetó once libros debido a que no se cumplió con las normas que establecen que «ministerios, intendencias, gobernaciones y órganos y servicios públicos que integran la administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan». Además el costo total de la impresión alcanzó $141.786.00.
UDI y RN recurren a Contraloría
