ANÁLISIS
Un naipe que parecía ordenado se revuelve en demasía con lo de Longueira. Los correos entre el ex coronel y Contesse son un pescado envuelto en diario, un mensaje que sale desde el propio Ministerio Público como molestia por la dilación con que se tratan los que –dicen– son antecedentes más que suficientes para ir contra el líder de la UDI popular por cohecho.
Hasta que se hicieron públicos los correos entre el ex senador Pablo Longueira y su amigo ‘el general’ Contesse, el Fiscal Nacional y su mano derecha en el Caso SQM, Pablo Gómez, caminaban lento pero seguros dentro de la estrategia fijada por el mandamás del Ministerio Público, conocida como doctrina Abbott. Esta implicaba que el caso que indaga a la minera controlada por Julio Ponce Lerou se acotaba a delitos tributarios –evasión por boletas ideológicamente falsas– y que, por tanto, para avanzar en la persecución son condición sine qua non las famosas querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Dicha doctrina emanaba del frágil equilibrio que permitió que el nombre de Abbott fuera propuesto por la Presidenta y luego aprobado casi unánimemente en el Senado, negociación que realizó con maestría Sabas Chahuán para instalar a su delfín. Era una ruta de salida controlada para la clase política, especialmente para la Nueva Mayoría, pues hasta hace poco eran básicamente miembros de sus filas los salpicados por el caso, que partió como arista de Penta: Jorge Pizarro, Roberto León, Fulvio Rossi y el ex ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, junto a su lugarteniente en la recolección ilegal de fondos para la campaña de Bachelet, Giorgio Martelli –que como eslabón más débil de la cadena sí está querellado–. MEO es caso aparte, pues si bien está fuertemente comprometido –el SII tampoco se ha querellado en su contra– no forma parte del oficialismo, aunque igual no faltan los astutos que quieren venderle su cabeza y la del ex senador Ominami a la derecha como parte del negocio.
Impuestos Internos, por más discurso oficial sobre su autonomía institucional, tiene claro el rayado de cancha que le hizo La Moneda, por cierto más sofisticado y jurídico –doctrina Escobar dixit– que el mero matonaje burocrático que ejerció Peñailillo sobre Jorratt en su momento.
Con las reglas claras y el SII bajo control, la Fiscalía no tenía de qué preocuparse, incluso podían recetarse emplazamientos públicos al organismo recaudador mediante minutas, tal como lo hizo Gómez hace algunas semanas.
Sin embargo, la presión mediática que vienen ejerciendo la UDI y la derecha a partir de la condena a Jovino Novoa, respecto a que los dados están cargados en la investigación por platas políticas, hizo que Abbott transmitiera a La Moneda el mensaje de que en SQM era necesaria al menos una cabeza de igual jerarquía.
Esto respondería a la idea de la ‘justicia ejemplar’, concepto arraigado en la tradición de la judicatura chilena de la que Abbott es tributario, y que busca un fallo que, si bien no consigue justicia absoluta –por impuestos ningún político pasaría un día preso–, sí logra ser una señal pública de eficacia y equidad. Es decir, uno y uno. La Moneda tomó nota y solo hizo saber que no le agradaría que ese nombre fuera Peñailillo, no por algún afecto o lealtad al personaje, sino porque bajo la amenaza de cautelares la gente pierde la frialdad y el sano juicio político, y eso podía hacerle cambiar su versión de que por recomendación de su abogado no contestaría preguntas sobre Bachelet.
El problema es que sobre Peñaillilo es sobre quien hay más indicios en la causa, porque con Pizarro solo se llega hasta los hijos. Esta deferencia de Palacio la tiene anotada el matrimonio Dávalos-Compagnon, y buena parte de su molestia –expresada, por ejemplo, en las declaraciones sobre las asesorías de Ana Lya Uriarte a Caval– tiene que ver con que han sentido lesiva esa inequidad en el manto protector del poder.
[cita tipo=»destaque»]Si siguen las filtraciones de correos respecto a Longueira, la presión pública será fuerte sobre la Fiscalía. Y deberá definir con rapidez quién en la Nueva Mayoría será el elegido para operar la transicional ley de las compensaciones.[/cita]
Pero hay que decirlo: Peñaillilo dirigió una organización al margen de la ley, el comando de campaña de Bachelet, que comenzó a operar en 2012. Parte de los que trabajaron en esa etapa –más de 20 personas– cobraron contra boletas a AyN, que era una empresa fantasma para triangular los aportes que hacían las grandes compañías a la entonces casi segura futura Presidenta de Chile. Algunos de ellos, aparte del propio Peñaillillo y Jorratt, fueron Estela Ortiz, Fidel Miranda, Harold Correa y Alicia Galdames Jeria. Jorge Rosenblut fue el operador en los directorios y se dice que su diseño era pedir un millón de dólares a unas 10 o 12 empresas.
Revivir esa historia va a obligar a Bachelet a pronunciarse sobre un hecho que –según la versión oficial de La Moneda– nunca existió y hará a la prensa y los fiscales escarbar donde nadie quiere, ahondando en eventuales delitos contra el orden público económico. En el lenguaje del poder, una situación así pondría en riesgo la estabilidad de la República, que descansa en el imaginario de la elite dirigente sobre lo que Diego Portales llamó la viga maestra de la institucionalidad chilena: la Presidencia.
Así las cosas, un naipe que parecía ordenado se revuelve en demasía con lo de Longueira. Los correos entre el ex coronel y Contesse, que se publican en Qué Pasa unos y luego en The Clinic otros, son un pescado envuelto en diario, un mensaje que sale desde el propio Ministerio Público como molestia por la dilación con que se tratan los que –dicen– son antecedentes más que suficientes para ir contra el líder de la UDI popular por cohecho. No por nada son coincidentes con la salida de Emiliano Arias del caso SQM. Arias mantuvo diferencias sobre este punto con Gómez y, por tanto, con Abbott. Y aunque el Fiscal Regional de Valparaíso salió a ponerle paños fríos en una entrevista con CNN, y remarcó que son imprescindibles las querellas del SII para proceder contra los peces gordos salpicados en la causa, la papita caliente sigue ahí. Ojo: también no por nada Gómez deslizó que los eventuales delitos del ex ministro de Economía podrían estar prescritos.
Si siguen las filtraciones de correos respecto a Longueira, la presión pública será fuerte sobre la Fiscalía. Y deberá definir con rapidez quién en la Nueva Mayoría será el elegido para operar la transicional ley de las compensaciones. Una de las salidas para el Ministerio Público es sentar doctrina respecto a que cohecho y delitos tributarios por financiamiento ilegal de campañas son peras y manzanas. Y ahí no hay punto de comparación que proceda, ni criterio que sacar del sombrero para pedir equidad política. Como sea, el año del mono promete ponernos a todos a saltar arriba del árbol.
