Integrantes del tribunal apuntan a que el nombramiento de los integrantes del consejo directivo del organismo electoral radica específicamente en la clase política.
Algunos ministros del Tribunal Constitucional (TC) iniciaron un debate respecto a la atribución de Servicio Electoral (Servel) de iniciar investigaciones penales sobre financiamiento irregular de campañas.
Esto, por considerarla similar a la polémica facultad que hoy posee el Servicio de Impuestos Internos (SII) para emprender acciones penales sobre delitos tributarios.
La oposición ha cuestionado que las acciones penales del SII se hayan ejercido en mayor número en contra de militantes de su conglomerado, en comparación con el oficialismo.
Integrantes del TC consultados por el matutino apuntan a que el nombramiento de los integrantes del consejo directivo del Servel radica específicamente en la clase política, ya que será el Presidente de la República quien proponga al Senado a los cinco integrantes del consejo directivo, los que deben ser ratificados por al menos dos tercios de los miembros de la Cámara Alta.
En un tono parecido, la Corte Suprema envió un informe al presidente de la comisión de Probidad y Trasparencia del Senado, a cargo de tramitar la nueva ley, Ignacio Walker (DC).
El presidente de la Corte, Sergio Muñoz, planteó la misma inquietud: “La anotada restricción al inicio de la investigación penal resulta especialmente cuestionable, e impacta de modo crítico en las facultades de tribunales penales y el Ministerio Público”.
“En efecto, la estrategia legislativa de restringir el inicio del proceso penal a la decisión discrecional de un órgano público de composición eminentemente política, no hace otra cosa que evitar la investigación o dejarla supeditada a una evaluación política que se une a otras determinaciones de ponderación subjetiva de las autoridades”, agregó.
La postura de la Corte Suprema fue analizada en la discusión llevada a cabo por los ministros del TC.
Según consigna La Tercera, el TC se encuentra por estos días en la revisión de la nueva ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y en ese marco surgieron discrepancias en torno a la exclusiva facultad que otorga esta ley al Servel.
«Las investigaciones de los delitos descritos en los artículos 27 bis y 27 ter solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio Electoral”, señala la nueva ley, estableciendo que los delitos corresponden a “quienes otorguen u obtengan aportes para candidaturas o partidos políticos” excediéndose de la norma, o en caso de que se detectaren rendiciones “con antecedentes falsos”.
Al respecto, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, dijo que el organismo electoral no pidió la atribución exclusiva de la acción penal: “Para nosotros es indiferente si se estima o se abre la posibilidad de una acción pública”. En ese sentido, llamó a “no legislar a partir de la desconfianza”.
El TC deberá hacer pública su sentencia en los próximos días.
