El fallo de la Corte Suprema se adoptó con el voto en contra del ministro Juan Fuentes Belmar y del abogado integrante Arturo Prado, quienes consideraron que en el caso operó la prescripción de la acción civil.
Tras rechazar un recurso de casación interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, la Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar $3 millones a 669 ex presos de centros de detención durante la dictadura, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, consigna hoy Radio BioBio.
El fallo divido de la Segunda Sala de la máxima instancia judicial dice que “las acciones civiles aquí entabladas por las víctimas en contra del fisco, tendientes a conseguir la reparación de los detrimentos ocasionados, encuentra su fundamento en los paradigmas generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa”.
El fallo de la Corte Suprema se adoptó con el voto en contra del ministro Juan Fuentes Belmar y del abogado integrante Arturo Prado, quienes consideraron que en el caso operó la prescripción de la acción civil.
El abogado Víctor Rosas presentó una demanda que fue desestimada en primera instancia por el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago en julio de 2013, la cual describía los vejámenes sufridos por los detenidos de la época.
