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Rector aclara que el deber de la prensa es no mentir deliberadamente

Peña critica al oficialismo por declaración contra Que Pasa: “Es peligroso pedirle a los medios que antes de poner la información a disposición del público se cercioren de su verdad”

por 28 mayo, 2016

Peña critica al oficialismo por declaración contra Que Pasa: “Es peligroso pedirle a los medios que antes de poner la información a disposición del público se cercioren de su verdad”
“La prensa no tiene el deber de decir la verdad; en cambio pesa sobre ella la obligación de no mentir de manera deliberada, como lo muestra el caso, tantas veces citado, del diario The New York Times contra Sullivan, que se llevó ante la Suprema Corte y que se ha constituido en un criterio al que se recurre en el derecho comparado cuando se trata de este tipo de materias (y al que se recurrirá con razón en Chile si la Presidenta, como ha anunciado, se querella contra la revista)”, explica el académico de la UDP.
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El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, salió en defensa de los medios de comunicación, especialmente a favor de revista Qué Pasa, luego de la información publicada sobre una conversación telefónica en la que el operador político de la UDI, Juan Díaz, atribuía a la Presidenta Michelle Bachelet ser beneficiaria del negocio de Caval.

En ese sentido, el académico explica en El Mercurio que las reacciones ante tal información no se hicieron espeerar, especialmente la declaración de la Nueva Mayoría que condenó a la revista y que puso en el tapete la labor de la prensa de “cotejar la veracidad de los hechos y las declaraciones que se emiten” y que antes de repreducirla debió cerciorarse de la veracidad de tales afirmaciones.

Argumenta que el argumento dado por el oficialismo es válido, pero pone en tela de juicio el hecho que la libertad de infoormación existe para mentir, falsear los hechos, difamar o salpicar las vidas ajenas. “Se trata, sin embargo, de un argumento engañoso. Porque una cosa es exigirle a la prensa que no mienta de manera deliberada o intencional; pero otra cosa distinta es exigirle, como lo acaba de hacer esa declaración, que antes de divulgar informaciones que el medio juzga de interés público se dé a la tarea de verificar que se correpondan fielmente con los hechos”, explica.

Agrega que “una cosa es tener el deber de no difundir deliberadamente información falsa, otra cosa es tener el deber de decir la verdad”.

A su juicio, Peña sostiene que la tarea de los medios es el de hacer el “escrutinio de quienes ejercen funciones públicas, vigilar a quienes, por tener el control del Estado, poseen infinitamente más poder que el común de los ciudadanos”.

“Para hacerlo, los medios ponen a disposición de los lectores y de las audiencias la información de interés público a la que tienen acceso, para que esos lectores y esas audiencias puedan, por sí mismos, formarse una opinión definitiva acerca del comportamiento de los funcionarios. Por supuesto, los medios deben juzgar prudencialmente el interés público de lo que divulgan; pero es absurdo y, lo que es peor, peligroso, exigirles, como lo hace la declaración de la Nueva Mayoría, que antes de poner la información a disposición del público se cercioren de su verdad”, menciona.

En ese punto, Peña explica que si el deber de la prensa fuese el de cerciorarse previamente de la verdad de las declaraciones que se recogen, los medios de comunicación no existirían y “en vez de diarios con informaciones que se publican día a día, habría anuarios reposados que solo recogerían la verdad definitivaa del año anterior; en vez de periodistas que escriben crónicas e interpretan en la urgencia de los días los hechos, habría escritores de papers científicos preocupados hasta el escrúpulo de lo que afirman o dicen; y en vez de ciudadanos enterados de las vicisitudes de la vida pública y los incidentes en que las autoridades y sus familiares se ven justa o injustamente entreverados, habría súbditos que nunca podrían formarse una opinión propia acerca de los hechos. Ese es, claro está, un mundo posible; pero es un mundo incompatible con la prensa y con el oficio periodístico”.

Y argumenta tajante que “la prensa no tiene el deber de decir la verdad; en cambio pesa sobre ella la obligación de no mentir de manera deliberada, como lo muestra el caso, tantas veces citado, del diario The New York Times contra Sullivan, que se llevó ante la Suprema Corte y que se ha constituido en un criterio al que se recurre en el derecho comparado cuando se trata de este tipo de materias (y al que se recurrirá con razón en Chile si la Presidenta, como ha anunciado, se querella contra la revista)”.

El texto publicado en el diario estadounidense se acusaba a Sullivan de haber querido rendir por hambre a un puñado de estudiantes, era falso y lo dañaba, pero a pesar de eso se excusó al periódico que lo publicara y la Corte dijo que a “pesar de la probabilidad de que se cometan excesos y abusos, la libertad de expresión es, a largo, plazo, esencial para la opinión esclarecida y la conducta correcta de los ciudadanos de una democracia”.

“¿La prensa era entonces irresponsable a todo evento por la difusión de informaciones falsas relativas a quienes ejercen cargos públicos? No, dijo la Corte; pero el ciudadano que debe tener la prensa cuando se trata de funcionarios públicos es menor que el que debe tener en otras ocasiones”.

En ese sentido, Peña concluye que “no es, pues, sensato, como lo hace la declaración de la Nueva Mayoría, exigir a la prensa el deber de decir la verdad y de hacerla responsable cuando no lo hace. Para saber qué pasa hay que equivocarse a veces. Y padecer las consecuencias cuando la prensa se equivoca es una de las servidumbres a que obliga el poder”.

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