Oficialismo sospecha operación UDI para torpedear filtraciones a la prensa en casos judiciales

“No descarto un montaje”, dijo enojada y tajante la Presidenta Michelle Bachelet el jueves en la noche antes de partir rumbo a Aysén, como respuesta a la publicación que hizo ese día revista Qué Pasa con la transcripción de una escucha telefónica de Juan Díaz –ex operador político de la UDI que hizo negocios con Caval–, en que involucraba a la Mandataria.

Eso es lo que efectivamente piensan muchos en el oficialismo, tanto en el Gobierno como en la Nueva Mayoría, que detrás de este episodio que instaló nuevamente el espinudo caso en el corazón de La Moneda, está la mano del gremialismo, con el objetivo no solo de arremeter contra la Mandataria en un momento de debilidad, sino que sobre todo para instalar un ambiente de descrédito a las filtraciones a la prensa, que han sido la vía por la cual se han hecho públicos los aspectos más relevantes de todos los casos de financiamiento irregular de la política los últimos dos años.

Desde el día en que estalló el caso Penta y de ahí en adelante, la UDI siempre ha puesto el foco en cuestionar las filtraciones de información de las investigaciones del Ministerio Público, que ha dejado contra las cuerdas a figuras emblemáticas del gremialismo, como Jovino Novoa. Salvando un par de excepciones, como los senadores Jaime Orpis o Iván Moreira, que han asumido los pagos recibidos, en general la UDI siempre ha esquivado hacerse cargo públicamente del fondo de las acusaciones por financiamiento irregular de campañas y cohecho –como es el caso en que se involucra a Pablo Longueira– desviando la atención siempre con el cuestionamiento permanente a las filtraciones, una estrategia en la que han estado solos hasta ahora.

Y es que desde el jueves en la noche todas las críticas oficialistas han estado dirigidas a la revista Qué Pasa por publicar esas transcripciones, pero sobre todo a descartar la validez del contenido de las mismas, en las que Díaz afirma que la Presidenta Bachelet «se tenía que quedar con al menos mil millones» y que, si él hablaba, “la viejita va a tener que renunciar”.

“La operación está clarita”, aseguraron el viernes desde la Nueva Mayoría y explicaron que lo que observan es la intención gremialista de que si las filtraciones son cuestionables cuando atacan a la Presidenta de la República, también las informaciones de estas no deben ser fiables cuando involucran a otros actores del mundo político, como parlamentarios y ex ministros. “Ahora no son solo ellos, sino que es el Gobierno el que critica las filtraciones, esto es una arremetida UDI”, agregaron en la coalición gobernante.

Tal como lo hizo el viernes el propio subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien en entrevista con Radio Cooperativa esa mañana afirmó que «los medios están usando páginas web que se denominan no editadas, que no tienen ninguna verificación. Entonces, o todos cooperamos para que la institucionalidad chilena tenga un estándar básico o, digámoslo derechamente, si hay sectores que no lo van a hacer… porque no puede ser que uno entregue versiones o supuestas versiones de una persona que, además, tiene un conjunto de investigaciones por diversos delitos», destacó.

Entre los parlamentarios del oficialismo, varios señalan tener sospechas sobre el actuar de la UDI, consideran que el gremialismo busca hace tiempo lograr un empate político a través del caso Caval y que, como no lo logró con un acuerdo político, decidió arremeter con más fuerza.

Así, con el ambiente oficialista impregnado de sospechas, no pasó inadvertida la declaración que hizo el viernes 27 de mayo el diputado UDI, Issa Kort, en una entrevista en CNN Chile: “Me preocupa lo sucedido, si uno analiza el contenido de estas filtraciones tienen poco asidero, no sabes con quién habla (…) tenemos que sentarnos a pensar si las filtraciones le hacen bien al acontecer nacional, en el sentido que se le está entregando información a la opinión pública que no está siendo filtrada (…) yo digo, cuál es el aporte de esta información”, dijo el parlamentario.

No solo eso, porque además agregó que “preocupa el tema de las filtraciones, que no solo se producen en el caso Caval, pasa en el caso Penta, en el caso SQM, en otros casos emblemáticos que deben ser investigados (…). No hace bien seguir pegándoles a figuras que son emblemáticas para la administración del Estado, como puede ser Pablo Longueira dentro de la UDI, en el sentido que fue un ministro y hoy está siendo investigado por otra causa, ni tampoco a la Presidenta en ejercicio”.

No fue el único. En realidad la mayoría de las opiniones desde la UDI apuntaron estos días a lo mismo, como lo señaló la ex asesora de la Segpres en el Gobierno de Sebastián Piñera, Isabel Pla, que en su cuenta de Twitter precisó que “todas las canalladas son repudiables, incluso las que afectan a los adversarios. Tener presente en una próxima filtración”.

[cita tipo= «destaque»] Con el ambiente oficialista impregnado de sospechas, no pasó inadvertida la declaración que hizo el viernes 27 de mayo el diputado UDI, Issa Kort, en una entrevista en CNN Chile: “Me preocupa lo sucedido, si uno analiza el contenido de estas filtraciones tienen poco asidero, no sabes con quién habla (…) tenemos que sentarnos a pensar si las filtraciones le hacen bien al acontecer nacional, en el sentido que se le está entregando información a la opinión pública que no está siendo filtrada (…) yo digo, cuál es el aporte de esta información”, dijo el parlamentario.[/cita]

El viernes los timoneles de la Nueva Mayoría sacaron una declaración pública conjunta de apoyo a la Presidenta Bachelet. “El hecho de que un medio periodístico se permita difundir rumores y dichos sin base alguna sobre la Presidenta de la República, dan cuenta de una intencionalidad que requiere de explicaciones, porque solo contribuye a generar una completa distorsión sobre los hechos que investiga la justicia en este caso. Se ha traspasado un límite en la ética periodística que no habíamos conocido y que no podemos aceptar. Estas declaraciones, tal como la propia Presidenta Bachelet lo indica, son completamente falsas y son intolerables en el marco de nuestra convivencia democrática, y nos parece que no corresponde que este medio se preste para este tipo de injuriosas publicaciones”, rezaba el texto que los dirigentes oficialistas coordinaron desde tempranas horas esa mañana y que redactaron a través de WhatsApp.

En la conversación de esa mañana, entre los timoneles hubo varias opiniones que apuntaron precisamente a una operación política tras la nueva embestida a Bachelet con el caso Caval, a todas luces su principal talón de Aquiles, el factor que más daño le ha provocado al liderazgo y credibilidad de la Mandataria. Sin embargo, los presidentes de partido decidieron no enfocar la declaración pública en sus sospechas de montaje, porque ninguno tenía antecedentes concretos al respecto.

El que no dudó en plantearlo públicamente ese día, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, quien dijo que “no me cabe duda, sin lugar a dudas tiene ese olor. Yo creo que la derecha en el Caso Caval encontró una posibilidad de empatar el caso Penta (…) todos los involucrados, los promotores, los gestores del caso Caval son de la UDI, me pondrán decir que Juan Díaz ya no es militante activo, pero, por favor, qué importancia tiene eso, el síndico (Herman Chadwick), el alcalde de Machalí (José Miguel Urrutia), esto tiene un entramado UDI, de eso no tengo ninguna duda”, recalcó.

El jefe de bancada de diputados de la DC, Fuad Chahin, agregó que “me empiezo a dar cuenta que, mientas más conocemos del caso Caval, más aparece la mano de algunos operadores de la UDI detrás y que de alguna manera le empiezan a dar sentido a que esto efectivamente pudo haber sido una operación política. Algo que en un momento parecía descabellado, hoy día yo creo que, a la luz de todos los antecedentes y las cosas que se han dicho, empieza a aparecer cada día menos aventurada una tesis de esa naturaleza”.

El fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, señaló este domingo que tiene la convicción, “tras diversos análisis de escuchas telefónicas, de que Juan Díaz sabía que estaba siendo escuchado, o lo sospechaba. Muchas cosas que hizo fue para dejar plasmado en las escuchas algunos hitos importantes para la estructura de su estrategia de defensa; sumado al conocimiento que tenía de la carpeta de investigación». Agregó que «las filtraciones han sido un problema constante en la investigación desde que se inició, porque en la causa hay aproximadamente 40 abogados con poder y que tienen acceso a todas las copias. Estas escuchas fueron liberadas semanas antes de la formalización del 29 de enero; por lo tanto, están en poder de todos los abogados y sus representados», explicó.

Cambio de estrategia

El Caso Caval ha sido siempre delicado para La Moneda. Las críticas internas en el Gobierno y la Nueva Mayoría por el mal manejo que ha existido desde el primer día que estalló –el 6 de febrero de 2015 en una publicación de revista Qué Pasa–, son permanentes. Es sabido en Palacio que el tema afecta mucho a Bachelet, porque involucra directamente a su familia, que a la Mandataria nunca le ha gustado mucho la forma y el tono en que ha sido tratado por los medios de comunicación, que en más de una ocasión incluso ha sido tajante ante todo su gabinete, pidiendo expresamente a cada uno de sus ministros que ninguno le hable de este tema ni en público ni en privado.

Pero en esta ocasión ha sido notoriamente distinto. Ha existido un giro desde el silencio y el inmovilismo hasta la proactiva respuesta que dio la Mandataria la noche del jueves, al salir a criticar la información difundida, momento en que, notoriamente enfadada, habló de “canallada”, de “infamia” y que ya se había cansado de las “mentiras”.

Entre los timoneles de partidos de la Nueva Mayoría coinciden en que el caso Caval siempre ha sido “devastador” para la administración bacheletista y, por lo mismo, valoraron positivamente la estrategia que se llevó a cabo desde La Moneda, porque “no había otra forma de enfrentarlo”.

El alineamiento tras Bachelet fue casi inmediato. El viernes los dirigentes de la Nueva Mayoría comenzaron a wasapearse desde temprano para comentar lo ocurrido y coincidieron en la necesidad de realizar una declaración conjunta.

Lo mismo con la decisión de hacer público –como lo realizó el viernes, al final de la tarde, el ministro del Interior, Jorge Burgos– que Bachelet había declarado voluntariamente el martes 24 de mayo ante el fiscal Moya. Si bien en la Nueva Mayoría hay quienes consideran que se debió hacer público inmediatamente, aquel mismo martes, hay consenso en que la Mandataria meditó bastante con sus ministros el tema, que la publicación de Qué Pasa no dio margen para mantenerlo en reserva por más tiempo y algunos apuntan a ir más allá, de explicitar los contenidos de la declaración de la Presidenta para evitar que se filtre, levantando nuevamente el polémico tema. “La transparencia debe ser total, no hay nada que perder”, aseguró un timonel oficialista.

Los parlamentarios de la Nueva Mayoría también están alineados. De hecho, las frases que se repiten entre las bancadas apuntan a que no se puede permitir que se siga atacando a la Mandataria, que es indispensable tener una sola voz en el conglomerado para defenderla e, incluso, poner el acento con mayor nitidez en las responsabilidades de Natalia Compagnon.