La nueva institucionalidad estaría integrada por un ex contralor, un ex ministro de Hacienda y un ex presidente o vicepresidente del Banco Central.
La Cámara de Diputados y el Senado, en coordinación con el Ejecutivo, están trabajando en una propuesta legislativa que busca crear una nueva institucionalidad que fije los sueldos de los parlamentarios y altas autoridades del Estado.
La idea fue expuesta ayer en la comisión de Constitución de la Cámara Baja, donde se encontraban presentes el presidente de la corporación Osvaldo Andrade (PS), su vicepresidente, Gabriel Silber (DC) y el secretario, Miguel Landeros.
El encuentro fue convocado en el marco de la discusión del proyecto de ley promovido por los diputados Giorgio Jackson (Revolución Democrática) y Gabriel Boric (Independiente), que busca reducir en un 50% los sueldos de los parlamentarios.
Según consigna La Tercera, el diputado Silber planteó que desde la mesa de la corporación consideran que esa no es la fórmula más idónea para hacerse cargo de una discusión sobre el nivel de remuneración que reciben los parlamentarios.
A continuación, el legislador anunció que se trabaja en la redacción de un proyecto de ley para crear una comisión integrada por un ex contralor, un ex ministro de Hacienda y un ex presidente o vicepresidente del Banco Central.
Estas tres ex autoridades deberán sesionar una vez al año con el objetivo de fijar, en primera instancia, los sueldos de los más altos funcionarios del Estado, y luego sus respectivos reajustes anuales, tomando en consideración informes económicos y análisis pertinentes para dicha reso-lución.
“Estamos diseñando un organismo autónomo, independiente, que fije las dietas y se aboque año a año al reajuste de las más altas autoridades, no solo poniendo el foco en diputados y senadores, sino que también incluyendo a ministros, subsecretarios, jefes de servicios, intendentes y gobernadores, de manera que esta discusión sea mucho más amplia”, dijo Silber.
La propuesta busca evitar que sea el gobierno y los parlamentarios quienes tengan incidencia en determinar las remuneraciones, ya que «es un vicio que, al ser incumbentes, puedan definir el aumento de sus dietas».
El grupo analiza además la forma en que el Parlamento deberá enfrentar económicamente el arribo de 47 nuevos parlamentarios (35 diputados y 12 senadores) que implicará el nuevo sistema electoral.
