Parlamentarios presentaron una carta en la Corte Suprema para pedir que no se otorguen más beneficios carcelarios a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Los diputados Hugo Gutiérrez (PC) y Sergio Aguiló (IC) cuestionaron las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Campos, quien este fin de semana en entrevista con El Mercurio sostuvo que «no hemos tenido el coraje» para abordar la situación de los condenados enfermos de gravedad o terminales que se encuentran cumpliendo condena en el penal Punta Peuco y la posibilidad de que salgan en libertad.
«Hoy día, los tribunales, como pasó con Pinochet, pueden sobreseer a un procesado por falta de salud mental y con eso termina el juicio. Pero ni los tribunales ni el órgano administrativo pueden permitir que un condenado que está enfermo vaya a morir tranquilamente a su casa (…) hay tener un mínimo de humanidad», dijo el secretario de Estado, aclarando que no se refiere solo a los presos del penal Punta Peuco.
Al respecto, Gutiérrez aseguró: «El ministro de Justicia tiene que velar para que los derechos humanos sean respetados y defendidos (para todos) y lo que está haciendo es avalar para que el día de mañana esos derechos sean violados. Decir que a los presos de Punta Peuco se les viola los derechos humanos es de una inexactitud, de una prepotencia, de una estupidez que no tiene nombre. Él debería retractarse de sus dichos».
«Está clamando por razones humanitarias en función de aquellos que no tuvieron la más mínima humanidad con Chile, con su pueblo, es una falta de respeto. El ministro le debe una explicación al país. Se ha excedido y no se está haciendo cargo de la cartera que hoy no es solo de Justicia sino también de DD.HH», agregó el parlamentario.
Por su parte, Aguiló afirmó que las declaraciones del ministro Campos «constituyen un agravio violento a la historia de Chile y a la memoria de las víctimas».
«Ninguno de violadores de los derechos humanos han mostrado algún grado de arrepentimiento y ninguno de ellos ha colaborado con la justicia para saber, por ejemplo, el paradero de los casi mil detenidos desaparecidos. Nada de eso ha ocurrido, por el contrario», acotó el legislador.
«En virtud de todas estas circunstancias, queremos decirle a la Corte Suprema que no vamos a aceptar aquello que ellos mismos criticaron en el año 1990, cuando el presidente en ejercicio de la entonces Corte Suprema señaló que hacían un mea culpa por la forma en que el máximo tribunal de justicia de nuestro país había actuado en periodo de dictadura militar, haciendo dejación de justicia. Eso ya es muy grave que haya ocurrido en dictadura, cuando se convirtieron en cómplices de las brutalidades que ocurrieron en Chile en materia de violación a los derechos humanos. Pero lo que es injustificable e intolerable es que en plena democracia, habiendo Parlamento, y teniendo nosotros atribuciones fiscalizadoras, pudiéramos aceptar que la Corte Suprema vuelva a tener actitudes condescendientes con los criminales de lesa humanidad», insistió Aguiló.
«El ministro de Justicia señaló que a él le parecía que podrían estarse violando los derechos humanos de algunas personas que están privadas de libertad. El señor ministro fue un abogado de muchos años de trayectoria, pero no es un abogado de causa de derechos humanos y probablemente no está interiorizado en los tratados internacionales y no ha litigado en este tipo de casos. Quiero recordarle al ministro que ningún preso en Chile y mucho menos los presos de Punta Peuco se le están violando sus derechos humanos. Cuando un Estado de Derecho mete preso a personas que han violado los derechos humanos es defender los derechos de toda la población y desde luego establecer penas que la sociedad a través de las leyes se ha dado para que queden resguardados», indicó el diputado IC.
Según los diputados, el Ejecutivo manifestó que el ministro de Justicia «corrió por colores propios y que sus dichos no representan el criterio de la Presidenta ni del Gobierno».
Los parlamentarios presentaron esta mañana una carta en la Corte Suprema para pedir que no se otorguen más beneficios carcelarios a los condenados por delitos de lesa humanidad.
