El organismo ayer emitió un fallo que deja sin efecto la obligación de estar al menos un año en la cárcel antes de optar a libertad.
Ayer el Tribunal Constitucional (TC) emitió una resolución que determinó como «inconstitucional» la aplicación del artículo de la Ley Emilia que establece la obligación de cumplir un año de cárcel para quienes hayan causado lesiones gravísimas o muerte. Así como también para aquellos que fuesen condenados por retrasar la alcoholemia o huir sin prestar ayuda.
Esto a raíz de un caso ocurrido en mayo de 2014 en San Antonio, en que una persona fue condenada por haber doblado en un signo de Ceda el Paso y atropellar un peatón. El conductor siguió su marcha y llamó desde el domicilio de su madre a Carabineros.
El fallo dice: “En un Estado democrático, las penas privativas de libertad se utilizan como último recurso, después de que esté plenamente establecido que el uso de otros mecanismos resulta insuficiente para sancionar las conductas delictivas más graves”, según informa La Tercera.
Y se acusa que la pena no es proporcional al hecho: “Resulta desproporcionada e inequitativa respecto de personas condenadas incluso por delitos de mayor gravedad. También es contraria al principio de proporcionalidad (…), pues es idóneo que para cumplir los fines de reinserción social y de protección de la víctima que tiene la pena, en cuanto para esta última finalidad bastan las restricciones a la licencia de conducir”.
Pese a que este dictamen es sólo aplicable a este caso, en la Fundación Emilia ven con preocupación que esto instale un precedente a futuro.
Según detalla el mismo medio, el TC ya declaró admisible la semana pasada otro recurso de un imputado por conducir en estado de ebriedad con resultado de muerte.
En 2016, ingresaron 572 causas al Ministerio Público por este delito.
