Profesionales junior en el Gobierno: sus redes y padrinos políticos

En abril de este año, Josefina Waugh Tocornal compartió en su muro de LinkedIn una noticia que –aseguró– la tenía muy feliz y emocionada. “Me incorporé como asesora del gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile”, escribió, agradeciendo a Boston Consulting Group, la empresa de consultoría empresarial donde alcanzó a trabajar poco más de un año.

“Espero poner lo aprendido al servicio del país”, cerró la ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de 27 años.

Su arribo a la administración pública fue celebrado por amigos y familiares en el mismo posteo, entre ellos, su madre –la abogada Josefina Tocornal Cooper–, quien también se incorporó al Gobierno en la misma fecha que su hija, luego de ser designada por el Ministerio de Hacienda como integrante titular del Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio (CdTI).

Desde esa fecha, Josefina Waugh Tocornal cambió su presentación en la red social de contactos profesionales, pasando de “estudiante de economía interesada en análisis de datos e investigación” a “asesora del Gabinete del ministro de Relaciones Internacionales”.

Según su LinkedIn, la joven profesional realizó su práctica de Magíster en Diagnóstico Económico Internacional en la Cepal/Eclac durante cuatro meses –hasta julio de 2024–, dedicándose a la investigación y análisis del mercado laboral latinoamericano, con énfasis en la discriminación de género y la desigualdad de ingresos.

En Cancillería, la ingeniera comercial y asesora del gabinete del ministro Francisco Pérez fue contratada con escalafón grado 10 –homologable a un cargo de analista senior– con un sueldo bruto de $2.333.878. Según InfoTransparenciam ha tenido participación en una serie de audiencias relacionadas principalmente con asuntos económicos, reuniones con empresas y agenda sobre minerales críticos.

El caso de Josefina Waugh Tocornal se suma a otras contrataciones cuestionadas por la falta de experiencia de los nuevos trabajadores. Sin embargo, la joven  además no contaría con uno de los requisitos claves para desempeñarse en un cargo grado 10: “Acreditar una experiencia profesional no inferior a 3 años”, según estipula el decreto que fija las remuneraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 2019. Formalidad que, en este caso, no se cumpliría.

DFL 1 de 2019 que fija la escala de sueldos en el Minrel.

Consultados sobre el incumplimiento de los requisitos para acceder a un cargo en grado 10, desde Cancillería respondieron que “la contratación cumple con todos los requerimientos y su resolución se encuentra fundada y tramitada ante la Contraloría General de la República”.

Los otros casos

De todos los jóvenes sin experiencia laboral, probablemente el caso de Cristóbal Soto Fuentes sea el más paradigmático, por tratarse de un estudiante de primer año de periodismo de la Universidad de los Andes, contratado en el Ministerio del Interior con un sueldo inicial de $1,9 millones brutos, para realizar labores de redes sociales y apoyo comunicacional.

A sus 19 años había trabajado antes con Felipe Alessandri en Lo Barnechea y luego en la UDI, como community manager encargado del estamento de mujeres del partido, una labor que realizó desde diciembre de 2025 hasta ser reclutado por el Gobierno en labores de comunicación digital, en marzo de este año.

Si bien su contratación fue defendida por el Ejecutivo, su remuneración fue rebajada tras el escándalo público, pasando de $1,9 a $1,2 millones mensuales. El subsecretario Máximo Pavez aseguró que el ajuste se acomodaría a “los años que corresponden” y desde el Partido Republicano señalaron que el caso era “indefendible”.

Trinidad Zegers, otra funcionaria del grupo conocido como “practicantes del Gobierno”, ingresó al Ministerio de Justicia en abril de este año, el mismo mes en que obtuvo su título de abogada. Su contratación fue vinculada a labores de coordinación relacionadas con la reforma al Código Procesal Civil. Su remuneración: $2 millones mensuales.

El padre de la novel abogada es un reconocido director de empresas. ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Felipe Zegers Vial, miembro de los directorios de Coca-Cola, Ripley, inmobiliaria Molina Morel y Punta Piqueros, así como de VivoCorp, además de socio de asesorías Lübeck y con pasos previos en cargos ejecutivos en Enersis e Inversiones Caburga, el holding del Grupo Said.

Otro caso es el de Camila Pérez, abogada y militante RN, quien ingresó en abril al Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior. Su incorporación ocurrió un mes después de jurar ante la Corte Suprema y su sueldo fue fijado en $2,7 millones, aunque en junio recibió $4,3 millones producto del pago de bonificaciones.

La profesional tiene una trayectoria política en su partido. Fue vicepresidenta de la juventud de Renovación Nacional, presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad San Sebastián y del Tricel nacional de la misma casa de estudios. En el año 2024 postuló a concejala por la comuna de Romeral en la Región del Maule, sin resultar electa. Su contratación en calidad de “experta”, rango que figura en los registros del servicio, habría sido adjudicada, según consignó The Clinic, por su práctica profesional previa realizada en el mismo organismo.

Otro caso es el de Sofía Pumpin, periodista de la Universidad Católica, titulada en julio de 2025, que hizo su práctica en el Diario Financiero y luego fue incorporada al Ministerio del Interior en funciones relacionadas con la coordinación y sistematización de información de las delegaciones presidenciales regionales y provinciales, además de apoyar la agenda del subsecretario Máximo Pavez. Su contrato es por $2,3 millones.

En el año 2023, Pumpin postuló a primera vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica por el Movimiento Gremialista, cargo donde no resultó electa. Su hermano, Jorge Pumpin, fue presidente del Movimiento Gremialista y también presidente de la carrera de Ciencia Política en la PUC.

Emilio Court Bengolea es otro estudiante que llegó al Gobierno sin aún terminar su carrera. Expresidente del centro de alumnos del colegio Verbo Divino y estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad de Chile, antes de su incorporación a funciones regulares había participado en labores relacionadas con la Oficina del Presidente Electo (OPE) y en la instalación del nuevo Gobierno.

Contratado como experto administrativo en labores de la avanzada presidencial, el ingreso de Court generó debate público debido a su cercanía con el Primer Mandatario y los abultados ingresos recibidos como estudiante universitario, remuneraciones que han oscilado entre los $1,3 y $3,7 millones mensuales.

Por su parte, la periodista Sofía Shea, de 24 años, ingresó a la Subsecretaría General de Gobierno (Segegob) el 11 de marzo de 2026, inicialmente como funcionaria a contrata en el cargo de “apoyo a la coordinación y gestión de la Dirección Secom”. Apenas un mes después fue designada jefa del Departamento de Comunicación Digital, con un ascenso desde el grado 14 al grado 11 del escalafón administrativo. O sea, pasando de ganar $1,3 a $2,1 millones mensuales.

La escalada profesional se dio apenas siete meses después de haber realizado su práctica profesional en la agencia de Felipe Costabal, actual director de la Secom y cabeza del área de comunicación digital del Gobierno.

Costabal, según consignó El Ciudadano, trabajó en una campaña con el padre de la joven profesional, Nicolás Shea Carey, mientras este último armaba la Start-Up Chile en Corfo. Ingeniero de la Universidad Católica, Shea Carey es considerado una suerte de “zar” del emprendimiento –fue presidente de la Asociación de Emprendedores en Chile– y asesor de la iniciativa empresarial y la innovación para el Ministerio de Economía durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

José Tomás Lira Larraín, uno de los últimos casos en hacerse público, asumió como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Educación Superior. Al momento de su designación, el administrador público tenía 26 años y había obtenido su título aproximadamente ocho meses antes.

Pese a no contar con experiencia previa en el sector público, es el funcionario joven con la remuneración más alta entre todos aquellos que han sido cuestionados públicamente. Según comprobó Fast Chek, percibe alrededor de $4,8 millones mensuales, aunque en mayo y junio de este año recibió poco más $10 millones mensuales por los pagos retroactivos de marzo y abril.

Diputados del Partido de la Gente cuestionaron los profesionales junior en el Gobierno, especialmente respecto de aquellos que aún son estudiantes, acusando “doble estándar” y criticando al jefe de asesores del gabinete presidencial, Cristián Valenzuela, recordándole una antigua columna de opinión denominada “parásitos”, donde criticaba la falta de experiencia de las contrataciones durante el Gobierno de Boric. “Sus palabras se las llevó el viento en cuanto pisó el Palacio de Gobierno”, comentó el diputado Fabián Ossandón.