Jorge Abbott habría puesto luz roja a medida de su Fiscal Regional de confianza
Fuentes del Ministerio Público afirman que eventual escenario de recalificación de delitos del ex ministro de Piñera y figura emblemática de la UDI, a quien se le cambiaría el cohecho por tráfico de influencia, sería un “disparo en los pies para la Fiscalía”, aunque aseguran que permitiría avanzar rápido en eventuales condenas y, así, tal como lo propuso el Fiscal Nacional, “ir acotando las investigaciones”. En el Consejo de Defensa del Estado dicha medida generó resquemores, porque los dejaría débiles en las causas donde ellos se han querellado por cohecho. Fuentes de El Mostrador aseguran que Abbott tuvo reparos a la medida, mientras este miércoles fue el propio Longueira quien descartó negociaciones con la Fiscalía y reafirmó que irá a juicio oral.
Tomó una pieza y, si la jugaba, podría haber perjudicado incluso a la propia Fiscalía. Así catalogan algunos abogados intervinientes en los casos de financiamiento irregular y también al interior del Ministerio Público, la eventual recalificación de delito en relación con Pablo Longueira. Una opción que se barajaba entre los fiscales del caso Soquimich respecto al cohecho que se le imputó y por el cual se formalizó al ex senador UDI y otrora ministro de Economía de Sebastián Piñera, a quien se le estaba abriendo la puerta de un juicio abreviado.
Según el diario La Tercera, esta medida se conversó y fue tanteada en una reunión con representantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde al parecer no fue bien recibida. Y es que dicha entidad se querelló justamente por el delito de cohecho contra Longueira, pese a que al interior de la Fiscalía aún no pueden determinar que el dinero, que cercanos al ex secretario de Estado obtuvieron desde SQM, haya ido a parar a los bolsillos de quien fuera el ex precandidato presidencial de la UDI y simbólico “hombre de los acuerdos” en el Congreso Nacional.
Pablo Gómez, de acuerdo a algunos funcionarios del Ministerio Público, “está tratando de concluir luego esta investigación para no dejar nada pendiente una vez que termine su tiempo como Fiscal Regional de Valparaíso”. Dicho argumento, según recalcan quienes conocen los procesos internos de la Fiscalía, es en todo caso “algo óptimo, porque al Fiscal Nacional no le gusta que causas importantes como esta coincidan con procesos políticos, como lo serán las futuras elecciones de este año”.
Para algunos en el Ministerio Público, esta “jugada” de Gómez podría asegurar un juicio abreviado y eventual condena de Pablo Longueira, lo que constituiría un logro para la Fiscalía, ya que el ex ministro es un hombre potente a nivel público; sin embargo, sería no solo un beneficio jurídico para el ex parlamentario, quien evitaría el cohecho, sino que también mejoraría el camino judicial de la contraparte del señalado cohecho, es decir, el soborno del particular. Y, en tal panorama, podría “anularse” de cierta forma el soborno o quedar muy débil respecto a Patricio Contesse, el ex gerente general de SQM y mano derecha de Julio Ponce Lerou.
La medida de recalificación y eventual juicio abreviado era parte de la agenda del fiscal Gómez, pero una vez conocidos estos antecedentes, el camino –según cuentan– “cambió la forma de ver esta iniciativa”. Sobre todo del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ya que, pese a que inicialmente no descartó dicho escenario –de acuerdo a fuentes de El Mostrador–, habría puesto luz roja a esa determinación, pues habría tenido la impresión, como varios de sus funcionarios de confianza, de que dicho procedimiento abreviado y recalificación del delito de cohecho habría sido muy mal visto por la opinión pública.
Este miércoles, tras su cuenta pública, el fiscal Pablo Gómez aseveró que no hay siquiera elaborada una acusación contra Longueira, por lo que un juicio oral o abreviado es parte de lo que se analizará en su momento. Respecto a la recalificación del delito de cohecho, el persecutor regional afirmó que sí se analizó este cambio de ilícito con el CDE. “Nosotros hemos formalizado la investigación por el delito de cohecho, de eso no ha habido ningún cambio. Estamos hoy día en una etapa procesal, creemos, cercana al cierre, pero ni siquiera hemos cerrado. Una vez que presentemos acusación, deberá contenerse en ella la calificación que hagamos. A nosotros hoy día los antecedentes reunidos hasta el momento nos permiten mantener esa imputación”, sostuvo Gómez.
Tras la ceremonia, el Fiscal Nacional también se refirió al tema y trató de ser enfático en que, si bien se analizó, nunca se ofreció nada. “Uno analiza diferentes escenarios y calificaciones jurídicas posibles. Son reuniones permanentes. Pero eso no significa que uno haya tomado una opción sino que simplemente es un análisis que se hace de los avances de la investigación, de las eventuales posibilidades. No hay ninguna oferta, porque no se ha cerrado la investigación”, planteó Jorge Abbott.
[cita tipo= «destaque»]Un funcionario del Ministerio Público plantea que dicho escenario de negociaciones podría perjudicar y traer a colación otra crítica hacia el persecutor regional de Valparaíso. “Esto puede ser un disparo en los pies para la Fiscalía. Será un autogol por culpa de alguien que, si bien ha demostrado ser objetivo –ya que los delitos, aunque a la gente no le guste, son de pena baja–, está investigando a alguien que históricamente, y es sabido, admira.[/cita]
Pero, si Gómez y Abbott se refirieron a esta recalificación y eventual juicio abreviado para Longueira, fue porque horas antes el ex ministro de Economía envió a través de su abogado, Alejandro Espinosa, un comunicado donde echó por tierra las negociaciones con el Ministerio Público. “Nunca he considerado siquiera y descarto absolutamente un acuerdo con el Ministerio Público para la realización de un juicio abreviado. Si mis persecutores insisten en esta injusticia iré a un juicio oral en el que quedará demostrada la falsedad de los cargos que se me han imputado. Tal como ha sido mi posición inalterable, tengo la más completa certeza de que no he cometido irregularidad alguna, y menos un delito, y tengo la firme decisión de defender mi honra y mi inocencia en un juicio oral, ante un Tribunal de Justicia imparcial. Estoy dispuesto a asumir todos los costos y desgaste que significa un juicio oral porque incluso la propia investigación ha confirmado la total falta de sustento de las acusaciones que se han formulado en mi contra”, afirmó el ex senador formalizado.
Consultado sobre la determinación de Longueira de que no llegará a ningún acuerdo con la Fiscalía y que ponía en dudas las acusaciones y los respaldos que tenían en contra de él, el fiscal Gómez le respondió que “el que está llamado a juzgar no es él, son los jueces de la república”.
La maniobra que hoy Longueira descarta y sobre la cual Gómez dice que solo se analizó, podría haber generado un efecto dominó, según querellantes y fiscales, no solo a favor de imputados en el caso SQM, sino que podría ser tomado –señalan abogados intervinientes en estas investigaciones– como base para discutir situaciones similares en los casos Penta o Corpesca, como personas imputadas por cohecho o soborno, creen algunos fiscales.
Aunque dentro del equipo de fiscales del caso SQM el tema se congeló y no pretenden dar luces sobre qué sucederá finalmente o qué decisión tomará el fiscal Gómez, algunos personeros de la Fiscalía Nacional manifiestan que, en todo caso, el escenario es complejo porque sería un precedente a considerar para otros imputados e incluso en otras causas.
“Acá se verá si el Fiscal Nacional pondrá luz roja a esto. Si la Fiscalía se la jugó por cohecho, que muera con las botas puestas en relación con ese delito, porque las consecuencias pueden ser los argumentos para criticar al Ministerio Público cuando nos estábamos parando de algunos meses difíciles. Si esto perdura, el financiamiento irregular será un golpe difícil de sacarse. La medida de Gómez podría incluso perjudicar de cierta forma las investigaciones acuciosas que han llevado los fiscales Manuel Guerra y su equipo, o la fiscal Ximena Chong, pero eso aún no hay que darlo por hecho”, asegura una alta fuente del tercer piso del Ministerio Público.
Para el abogado querellante en los casos Penta, SQM y Corpesca, Mauricio Daza, la recalificación y juicio abreviado eventual para Longueira constituye una maniobra burda para beneficiar al ex ministro de Piñera y genera un gran problema. “Es el primer paso para desmantelar las investigaciones por graves actos de corrupción que se mantienen abiertas en contra de parlamentarios y dirigentes políticos de todos los sectores. Si se logra concretar la idea de Gómez Niada, los demás imputados que están formalizados por cohecho van a exigir un trato equivalente en las demás aristas. De esta forma se le quitaría el piso al trabajo realizado por el equipo que investiga el caso Penta, integrado por los fiscales Gajardo y Norambuena bajo la dirección de Manuel Guerra, quienes se niegan a pactar procedimientos abreviados si los imputados no aceptan los cargos por cohecho que han sido formalizados en su contra. Además, se le estaría dando curso libre para pactar las mismas condiciones al Fiscal Regional del Biobío, Julio Contardo, quien fue puesto al frente del caso Corpesca después de la destitución del fiscal Emiliano Arias, ordenada por Abbott, justo cuando estaba avanzando de manera decidida en la arista Asipes”, afirma Daza
Dentro de esa misma línea, un funcionario del Ministerio Público plantea que dicho escenario de negociaciones podría perjudicar y traer a colación otra crítica hacia el persecutor regional de Valparaíso. “Esto puede ser un disparo en los pies para la Fiscalía. Será un autogol por culpa de alguien que, si bien ha demostrado ser objetivo –ya que los delitos, aunque a la gente no le guste, son de pena baja–, está investigando a alguien que históricamente, y es sabido, admira. Pablo Gómez es un buen fiscal, pero si la consigna es condenar rápido a imputados que incluso da para llevarlos a un juicio oral, el resultado puede ser peor, no solo para él sino también para el Ministerio Público, para el Consejo de Defensa del Estado y para la imagen que quedará de estas investigaciones”, enfatizan en las dependencia de General Mackenna.
A fin de mes termina el plazo de investigación del caso SQM, pero podrían solicitar una nueva ampliación donde el tope sería el 26 de abril. El reloj avanza y, precisamente para algunos defensores de imputados, se espera que este escenario de recalificación no sea una maniobra para perjudicar a otras personas indagadas.
Consultado por El Mostrador sobre si esto podría afectar a Marco Enríquez-Ominami, el abogado Juan Carlos Manríquez duda sobre las repercusiones de esa recalificación a Longueira. “En principio si el procedimiento abreviado sirve para que una persona ponga fin a una persecución penal en su contra, bien por ella. Pero, si usando esa salida en SQM Salar, la Fiscalía pretendiera hacerse de supuestas confesiones de coimputados para afectar la posición de mi cliente, sería un error y una maniobra ilegal. Un abreviado es un acuerdo entre la Fiscalía y un imputado, eso no implica una verdad de valor universal para toda la causa. Si por medio de abreviados (respecto a Longueira y Contesse), se busca encerrar a mi cliente o dar la sensación de que la Fiscalía tiene nueva prueba en su contra, en verdad se estaría tratando de enredar a los jueces y a la ciudadanía. Y en esta carpeta no hay mérito serio para acusar a mi cliente”, plantea el penalista.
El abogado de ME-O sostiene además que, dentro de este contexto, ha reclamado en tres oportunidades a la Fiscalía Nacional para que el fiscal Gómez realice las diligencias que ha solicitado. “A diferencia de los otros imputados, el fiscal le ha negado a mi defendido todas, no una, todas sus diligencias de defensa, las que atacan el corazón del caso SQM Salar. La Fiscalía debe saber que el resultado de esas diligencias desacreditan la formalización efectuada y obviamente, si no se investiga con igual celo lo que favorece al imputado, no quieren que ello quede en evidencia”, sostiene Juan Carlos Manríquez.
El Mostrador intentó comunicarse con el Fiscal Regional de Valparaíso, pero Pablo Gómez decidió no conversar con este medio.
Para algunos querellantes, la recalificación y posible juicio abreviado para Longueira podría asimismo beneficiar eventualmente a Patricio Contesse, a quien también se le podría otorgar un juicio abreviado y, sobre todo, a la empresa SQM. “Por el solo hecho de aceptar un abreviado, a Contesse se le estaría aceptando la colaboración sustancial cuando jamás ha aportado nada a la investigación, cuando no ha colaborado. Ese es el riesgo que se podría cometer. Es parte de lo que se puede hacer en todo caso, pero en este contexto sería una jugada arriesgada, teniendo en cuenta todos los antecedentes que vinculan a Contesse y a SQM”, afirma un funcionario de la Fiscalía Nacional.
La razón, para quienes conocen de cerca estas indagatorias, es que “si se recalifica un cohecho a tráfico de influencia, lo que eso trae consigo es que el particular que está imputado por ser parte de un cohecho queda impune, pues el tráfico de influencias puede ser solo cometido por funcionarios públicos. Alguien soborna entregando dinero y el otro realiza una acción. Eso, en el marco de esta investigación por financiamiento ilegal de la política, llevaría a la impunidad, por participar en ello, a Patricio Contesse y, además, no existiría responsabilidad por parte de la persona jurídica SQM”.
Para el querellante en los casos SQM y Corpesca, Matías Ramírez, hay quien saldría más beneficiado que los imputados. “Uno de los principales beneficiados en este caso es Soquimich. SQM, precisamente como persona jurídica, se ve beneficiado con esta recalificación jurídica, toda vez que el tráfico de influencias no es delito base para la responsabilidad penal de las empresas. Ahí se da un beneficio directo a la empresa y con esto el problema se cierra solamente en imputados o personas naturales. La visión que ha tenido el fiscal Pablo Gómez, de centrar la mayoría de los casos solo en delitos tributarios, genera que se den estas salidas alternativas o juicios abreviados que no satisfacen ni la investigación ni que se realicen las diligencias pertinentes para esclarecer otros hechos. Yo creo que la gran beneficiada, más allá de los imputados, es en este caso la empresa que pagaba a funcionarios públicos, y se está permitiendo que no sea sancionada posteriormente en la investigación”, señala el abogado.
