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La ex ministra entregó detalles de una reunión que tuvo después de conocido el hecho

Javiera Blanco y ex director del SML se contradicen en proceso por la muerte de Lissette Villa

por 8 agosto, 2017

Javiera Blanco y ex director del SML se contradicen en proceso por la muerte de Lissette Villa
La ex titular de Justicia dijo, en calidad de testigo, que –con una ficha clínica a la vista– el médico le anticipó que la causa podía ser una reacción adversa a los medicamentos que le prescribían a la niña. Patricio Bustos lo niega en todos los términos, sabiendo que constituye una infracción a la ley. Su versión la apoya el ex subsecretario Ignacio Suárez.
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En la causa penal por la muerte de la niña de 11 años, Lissette Villa, que estaba al cuidado del Sename, los fiscales del equipo que encabeza Marcos Emilfork escucharon los testimonios, en calidad de testigos, de distintas personas relacionadas con lo ocurrido después de la muerte de la menor en el Cread Galvarino de Estación Central.

La semana pasada se publicó parte de la declaración de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, de quien dependía el Sename en última instancia, el 11 de abril de 2016, cuando ocurrió el hecho. La actual consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), compareció en calidad de testigo el 14 de junio. Dijo, entre otras cosas, que se había enterado “por la prensa” de que había sospechas de la intervención de terceros en la muerte de la niña.

Pero Blanco en su testimonio habla de la preocupación que se instaló por la real causa de muerte de la pequeña. Cabe recordar que en esta investigación hay ocho personas formalizadas por su presunta responsabilidad.

La ex secretaria de Estado entregó detalles de una reunión que tuvo, después de conocido el hecho, con el entonces director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, hoy a cargo del Senda. Según ese testimonio, en esa reunión Bustos habría sugerido que la niña pudo haber muerto por efecto de una reacción adversa a los medicamentos que por prescripción se le administraban.

El posible diagnóstico

Parte del testimonio de Javiera Blanco fue este: “Me reuní con el director del Servicio Médico Legal en mi oficina. Le mostré [a Patricio Bustos] la ficha de Lissette y le pregunté cuál podía ser la causa de muerte y me señaló, como sugerencia, nunca me entregó el informe del Servicio Médico Legal, fue en su condición de médico y mirando la ficha que el Sename le había remitido, porque no calzaba lo que se nos decía por parte del servicio. De esta manera me sugirió que podía ser un origen medicamentoso porque era muy extraño que hubiese fallecido tan intempestivamente”, afirmó.

Con este dato, el abogado Sebastián Lafaurie, que representa a la madre de la niña, aseguró que “se pudo acreditar que hubo una reunión secreta entre la ex ministra de Justicia con el entonces director del SML, todo esto en la oficina de la ex ministra. ¿Cuál habrá sido el tenor de esa reunión? ¿Se habrá ejercido presión política para anticipar un resultado sobre la causal de muerte? ¿Se intentó manipular información? Hay muchas preguntas que se deben dilucidar”, según dijo a La Tercera.

Sin embargo, en una declaración posterior, el 21 de junio, Bustos negó que se haya tocado el tema en términos médicos y enfatizó que no entregó ninguna opinión especializada.

“No recuerdo cuántas veces fui al Ministerio de Justicia en abril de 2016. Creo haber conversado genéricamente con la ministra Blanco respecto de que se había realizado la autopsia y que estábamos a la espera del resultado del toxicológico e histológico. Ella no me preguntó respecto de la causa de muerte”, declaró el actual director de Senda.

“No recuerdo haber hablado en detalle respecto de esto con la ministra; creo que debe haber estado con el subsecretario Suárez y puede haber estado la jefa de gabinete de la ministra, Elvira Oyanguren. En estas reuniones no tuvimos a la vista el texto del pre informe de la autopsia. Creo haber llevado yo al Ministerio el listado de medicamentos que prescribió la colega psiquiatra del HSBA”, aseguró Bustos en la Fiscalía.

De acuerdo al listado de reuniones de Blanco, entre el 11 de abril y el 23 de junio de 2016, que está contenido en la investigación, ambos se encontraron en al menos dos oportunidades. Un día después de conocido el hecho, el 12 de abril, y otra el 19 del mismo mes. Hay otra reunión donde no se identifican los participantes, pero el tema a tratar que se consigna es “SML, Sename”

Bustos le dijo a la Fiscalía que “el tema de las reuniones con la ministra, el 98% del tiempo, el tema fue mi salida del Servicio”, y sobre el tema de la muerte de Lissette, el médico insistió en que no recordaba “si en estas reuniones, sin recordar cuántas fueron”, se le hubiese proporcionado documentos o fichas clínicas de la niña. Contradice la versión de Blanco respecto de que haya entregado alguna opinión o diagnóstico posible:

“Yo no le mencioné ni a la ministra, ni al subsecretario alguna hipótesis respecto de la causa de muerte, por cuanto no soy perito ni se encontraba el resultado del histológico ni farmacológico ni bioquímico. Ni la ministra Blanco ni el subsecretario Suárez me preguntaron de una manera formal o coloquial respecto de la causa de muerte y yo no podría haber mencionado aquello por cuanto no tenía los exámenes ya señalados solicitados por los peritos”, sostuvo Bustos.

Suárez también descarta que en reuniones con Bustos u otros funcionarios tuviera a la vista o pidiera documentos sobre la autopsia o la historia clínica de la niña. “No tuve reuniones con el SML para ver peritajes porque no me corresponde. Tampoco me reuní revisando fichas de la niña y si me hubieran dicho que lo hiciera, tampoco lo habría hecho porque me parecía poco adecuado hacerlo, sin perjuicio de que como funcionarios públicos estamos afectos al secreto funcionario, lo que significa que la obligación de guardar secreto sobre los peritajes pesaría sobre las autoridades, las que de todas formas no podrían interferir en ellos”, dijo Suárez.

El médico detalló que, dentro de la relación fluida con la entonces ministra, con quien tenía contacto permanente por WhatsApp y otras vías, nunca entregó su opinión personal sobre la causa de muerte.

“Con la ministra yo no tenía un trato coloquial como para manifestar mis opiniones personales. Yo no doy opiniones personales, como persona ni como médico desde mi escritorio como director nacional del Servicio. El Servicio Médico Legal informa evidencia científica y se la entrega a quien corresponde; no pasan por el director nacional para que entregue una opinión personal sobre lo que se ha hecho”, aseguró el ex director del SML.

Sobre el hecho de que Patricio Bustos haya conocido en esos días los resultados de la autopsia u otras pericias, las declaraciones de los funcionarios a cargo del resguardo de las fichas, coinciden en señalar que nadie, y menos Bustos, solicitó los antecedentes contenidos en la carpeta del caso. Dos funcionarias aclararon que los datos se guardan bajo llave y cualquier petición, interna o externa, se registra en un correo electrónico, el que, a este respecto, no existe.

La voz de Suárez

Algo similar refirió Amanda Contador, directora del Departamento Jurídico del SML en su declaración ante el Ministerio Público.

“El doctor Bustos en ninguna oportunidad me preguntó qué podía o no podía dar de información respecto de este caso a terceros. Llevaba diez años en la institución, él sabía perfectamente por su trayectoria en el servicio, qué es lo que puede o no puede realizar, conocía perfectamente el artículo 23 de la ley 20.365. Tampoco me cuenta directrices que la da su jefatura del Ministerio de Justicia, salvo que se requiera alguna gestión de su parte”, dijo la abogada, refiriéndose a la ley que obliga a todos los funcionarios del servicio a mantener estricta reserva de los antecedentes de las personas fallecidas, que además está avalada por la ley de Derechos y Deberes del Paciente.

Algo contradictorio con el testimonio de Javiera Blanco se advierte en la declaración de Ignacio Suárez, quien fue subsecretario de Justicia cuando ocurrieron los hechos.

Blanco afirmó que en las primeras horas después del hecho y en los días siguientes, como cuando se reunió con Bustos, nunca se consideró la posibilidad de que terceras personas pudieran ser responsables. “Le pedí a Ignacio Suárez esa misma noche que estuviera encima del tema. Nunca estuvo remotamente en el aire, que estaba relacionada a las educadoras de trato directo ese día”, dijo Blanco, a quien la Fiscalía le mostró un documento en que la jefa de comunicaciones del Sename habría recibido, después de solicitar antecedentes al Ministerio de Justicia, la respuesta de que pudo haber intervención física en la muerte de Lissette. “Nunca tuve conocimiento de ello y dudo que el subsecretario haya tenido conocimiento. Dudo que nadie del Ministerio haya tenido. Dejo constancia que firmo el documento que se me exhibe confirmando que nunca tuve acceso a esa información”, expresó Blanco en su testimonio.

Pero la versión de Ignacio Suárez es diferente: “Me preocupaba el tema, porque tenía noticias de lo que se conoce como 'muerte en custodia' por comprensión del diafragma, de acuerdo con alguna doctrina norteamericana conocida como 'exiter delirium'. Él me dijo que había que esperar los informes toxicológico e histológico, sin darme más información; ni siquiera me dio una opinión personal. Mi preocupación por el tipo de muerte que pudo haber afectado a la niña, como muerte en custodia, se la comenté a Patricio Bustos pero él no me dio información e insistió que debíamos esperar los exámenes toxicológicos e histológicos”, aseguró Suárez ante el organismo persecutor.

Suárez también descarta que en reuniones con Bustos u otros funcionarios tuviera a la vista o pidiera documentos sobre la autopsia o la historia clínica de la niña. “No tuve reuniones con el SML para ver peritajes porque no me corresponde. Tampoco me reuní revisando fichas de la niña y si me hubieran dicho que lo hiciera, tampoco lo habría hecho porque me parecía poco adecuado hacerlo, sin perjuicio de que como funcionarios públicos estamos afectos al secreto funcionario, lo que significa que la obligación de guardar secreto sobre los peritajes pesaría sobre las autoridades, las que de todas formas no podrían interferir en ellos”, dijo Suárez.

De todas formas, el doctor Patricio Bustos ya tiene un abogado que lo representa en esta causa, el destacado penalista Luis Hermosilla, quien, contactado por este medio, no se refirió al caso.

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