En respuesta al anuncio del Ministerio Público de que ampliaría a toda la Cámara Alta la indagatoria sobre el eventual delito de fraude al fisco detrás de los pagos por informes como los que se elaboraron para el candidato presidencial Alejandro Guillier.
El Senado envió un oficio a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente anunciando que no accederá a entregar información sobre asignaciones parlamentarias externas, en el marco de la indagatoria de un eventual delito de fraude al fisco que se inició después que se conocieran los informes que encargó el senador por Antofagasta y candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, y que resultaron ser la copia de información pública que emite la propia Cámara Alta y que está disponible en la red.
«El Senado no puede acceder a lo solicitado en las condiciones requeridas, no obstante está plenamente disponible para entregar la información pública que se requiera, en la forma prescrita en la Constitución de la ley», señala un oficio de la Cámara Alta dado a conocer por el diario La Tercera y que se emitió después del anuncio de la Fiscalía de que ampliará la investigación a toda la Cámara Alta.
Asimismo, sostiene que «la base argumentativa sobre la cual la fiscalía fundamenta el requerimiento indiciariamente desliza la posibilidad de la existencia de otros ilícitos, sin que exista base alguna para ello, lo que junto a la manera en que se solicita, en especial a su difusión pública, termina por causar un grave daño de imagen a la corporación».
En ese sentido el Senado se quejó de que «este proceder crea un manto de sospecha sobre la actividad de los parlamentarios, que atenta seriamente sobre el principio de de no culpabilidad».
Finalmente, el oficio sostiene que «si bien el Ministerio Público puede poner en ejecución todas las diligencias que estime pertinentes, las mismas deben ejecutarse al amparo de la legalidad vigente y en el contexto de nuestro Estado de Derecho, siempre cautelando la dignidad de las personas, pues este es el espíritu de nuestra Constitución».
«Parece absolutamente desproporcionado y abusivo que, luego de determinarse una situación concreta que pudiera merecer algún reproche – aún tan preliminarmente, en el sentido de que es todavía apresurado saber si ella constituye delito y a quien imputárselo- se decida solicitar informes y reportes presentados con motivo de los servicios prestados respecto de contratos de asesoría que han sido contratados por el Honorable Senado, en un periodo que excede al lustro”.
