Su abogado defensor, Jorge Bofill, insistió en que las acusaciones son falsas y contradictorias, y reiteró que «a la fecha de los hechos imputados Cheyre se desempañaba como teniente-ayudante del comandante Ariosto Lapostol”.
El pasado martes, el ministro en visita Vicente Hormazábal dio cuenta respecto al llamado caso La Serena -el capítulo de la Caravana de la Muerte- que se estableció que el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre participó en más de una veintena de consejos de guerra.
El general (r) es indagado por dos presuntos casos de apremios ilegítimos y está en calidad de acusado como posible cómplice de 15 homicidios por fusilamientos ocurridos en el Regimiento Arica, ubicado en la IV Región.
Según consigna hoy La Tercera, 16 de los 20 condenados -que figuran en dos fallos- figuran como víctimas en el Informe Valech elaborado por la Comisión de Prisión Política y Tortura.
Esto, según el registro de los nombre que están en la base de datos del archivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
El primer fallo condenatorio en contra de 16 personas es del 20 de diciembre de 1973. Este informa que el consejo de guerra integrado por “el teniente coronel Mario Arriagada Anento, el capitán Daniel Verdugo Gómez, el teniente Emilio Cheyre Espinoza, el mayor Tomás Manríquez Núñez, el teniente Raúl Alvarado Bencini y el auditor Francisco Álvarez Mery”,
Las penas fluctuaban entre 541 días y 5 años y un día de presidio. Muchos de ellos llevaban meses detenidos en La Serena.
El otro, es del 26 de octubre de ese mismo año. El documento señala que los cuatro detenidos ocultaron municiones y armas, por lo que Darío Crespo Pinto fue condenado a 10 años de prisión y los otros procesados recibieron penas de 60 días a cinco años de cárcel.
“Las penas impuestas al reo Crespo las cumplirá en el presidio de Pisagua”, señala la resolución.
El abogado del ex comandante en jefe, Jorge Bofill, reiteró insistió en que «a la fecha de los hechos imputados Cheyre se desempañaba como teniente-ayudante del comandante Ariosto Lapostol (…) fue mayoritariamente el oficial de más bajo rango de aquellos que los componían. Por lo demás, los consejos de guerra son meramente propositivos: el proyecto de sentencia que emitían, para un eventual cumplimiento, debía ser aprobado por el general en jefe que ordenó la formación del referido consejo”.
“En Chile hubo cientos de consejos de guerra durante la dictadura. Los tribunales los consignan como lícitos y regulados en el Código de Justicia Militar; su legalidad, además, ha sido confirmada recientemente por la propia Corte Suprema (caso Caravana de Copiapó)”, agregó.
Bofill anunció que en los próximos días pedirán al magistrado Hormazábal que oficie al Ejército para que informe de todos los consejos de guerra que tuvieron lugar a partir del 11 de septiembre de 1973, así como qué personas -militares y civiles- los integraron.
“No nos cabe ninguna duda su dolor, así como que fueron sometidos a apremios ilegítimos. Sin embargo, tenemos certeza de que ellos no fueron cometidos por Juan Emilio Cheyre Espinosa (…). Demostraremos en sede judicial que los hechos que le imputan al general son falsos, y que existe una operación sistemática para confundir y desinformar, aportando valor a instancias, documentos, fuera del contexto histórico de horror que vivimos en la dictadura”, concluyó.
