En el Ministerio de Justicia afirman por el contrario que el dictamen del organismo fiscalizador es totalmente favorable, y que solo resta un acto administrativo para concretar el proceso. En efecto, la decisión final recae en la Presidenta Bachelet
En un oficio como respuesta a la petición de tres diputados de Chile Vamos, la alcaldesa de Coinco y representantes de la Asociación de Notarios y Archiveros Judiciales, la Contraloría se pronunció sobre la legalidad del decreto del gobierno, que permitía la creación de 100 nuevas notarías en distintos lugares de Chile.
“Considerando que el acto administrativo en comento contempla, en lo que interesa, fusiones y separaciones de cargos de notario y conservador, procede que esa cartera de Estado adopte medidas tendientes a ajustar su actuación al ordenamiento jurídico», dice parte del dictamen revelado este martes por Radio Bío Bío
En otras palabras, el organismo fiscalizador objetó que el Ministerio de Justicia pudiera ejecutar la fusión o separación de notarías, como lo anunciaba el decreto del ministerio fechado en agosto de 2017. Esta facultad recae solo en la Presidenta de la República.
El gremio de los notarios celebró la decisión. Según el abogado Juan Carlos Manríquez “Es una señal muy potente, pues objeta la legalidad del decreto 1515, en cuanto reprocha al Ministerio de Justicia el que haya procedido a la fusión y división del cargo de notarios y conservadores, en circunstancia que el decreto y la Ley no se lo permite”
En el caso de la Región Metropolitana, la decisión de la Contraloría frena la creación de notarías en seis comunas y de un Conservador de Bienes Raíces en otras dos.
En el gobierno tienen una opinión radicalmente opuesta. Afirman que el decreto es totalmente favorable al plan para tener nuevas notarías. “En cuanto a la única observación planteada por la Contraloría, que se refiere a las fusiones y separaciones de cargos de notarios y conservadores, no se objeta el acto en sí mismo, sino que se le pide al Ministerio ajustar el decreto, lo que se resuelve con un acto administrativo que está en trámite”, aseguraron.
De cualquier manera, la facultad de zanjar el problema, está en manos de la Presidenta Michelle Bachelet.
