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Agencia Uno
Las contradicciones tras el aluvión: Gobierno aseguró que había mallas que nunca se instalaron
El biministro Louis de Grange afirmó que las mallas de contención no dieron abasto ante el aluvión en Las Condes. Sin embargo, la alcaldesa Catalina San Martín aclaró que aún no estaban instaladas. Sernageomin había advertido del riesgo ocho meses antes de la emergencia.
Las contradicciones entre las autoridades respecto de las obras de mitigación marcaron las horas posteriores al aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. Mientras el biministro Louis de Grange aseguró inicialmente que las mallas de contención instaladas en el sector habían sido superadas por la magnitud de la emergencia, la alcaldesa Catalina San Martín aclaró posteriormente que dichas estructuras todavía no estaban colocadas y que los trabajos se encontraban en una etapa preparatoria.
Las diferencias en las versiones surgieron después de que un nuevo aluvión arrastrara vehículos, afectara viviendas y provocara daños en establecimientos educacionales y recintos de salud de la comuna, pese a que existían advertencias técnicas sobre el riesgo de remociones en masa desde comienzos de año.
Según antecedentes recopilados por T13, el municipio había planificado la instalación de barreras dinámicas en las quebradas afectadas por el incendio forestal de fines de 2025. Sin embargo, cuando se produjo la nueva emergencia, las estructuras todavía no estaban operativas.
La controversia comenzó durante la mañana del viernes, cuando De Grange afirmó en entrevista con Radio Duna que en Las Condes ya se habían ejecutado trabajos de despeje y colocado mallas destinadas a contener el material que descendía desde las quebradas.
“En el caso de Las Condes hubo despeje de ducto, hubo instalaciones de mallas dinámicas también, pero la magnitud de la catástrofe es tan grande que simplemente no dan abasto”, sostuvo el secretario de Estado.
Sus declaraciones apuntaban a que las medidas de contención habían sido ejecutadas, pero que la fuerza del aluvión había superado su capacidad.
Sin embargo, horas después, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, entregó una versión distinta sobre el avance de las obras.
La jefa comunal explicó que el contrato para instalar las mallas dinámicas ya estaba suscrito, pero que todavía era necesario habilitar los caminos de acceso a las quebradas para comenzar su colocación.
“Yo sé que es lento, pero para los tiempos del Estado es rápida la instalación de las mallas dinámicas”, afirmó.
La alcaldesa precisó que la instalación de las barreras “partía mañana”, dejando en evidencia que, al momento del aluvión, las estructuras mencionadas por De Grange todavía no habían sido instaladas.
Posteriormente, el biministro volvió a referirse al proyecto y reconoció que los trabajos se encontraban en una fase previa a la colocación de las mallas. Explicó que primero era necesario despejar las quebradas y habilitar las condiciones para ejecutar las obras.
De Grange también defendió la coordinación entre las autoridades y sostuvo que estos fenómenos presentan dificultades para anticipar su ocurrencia. “Estos eventos son impredecibles”, señaló.
No obstante, los antecedentes técnicos conocidos después de la emergencia muestran que el riesgo de nuevos aluviones en el sector había sido identificado con varios meses de anticipación, aunque ello no implicara conocer la fecha exacta de su ocurrencia.
El origen de las condiciones de riesgo se remonta al incendio forestal iniciado el 29 de diciembre de 2025 en el sector cordillerano de San Carlos de Apoquindo, que se extendió durante cuatro días y consumió aproximadamente mil hectáreas de vegetación.
La pérdida de cobertura vegetal dejó el terreno expuesto a procesos de erosión y aumentó la disponibilidad de rocas, sedimentos y otros materiales susceptibles de ser arrastrados por las precipitaciones.
El 31 de enero de 2026, un episodio de lluvias intensas, con 75 milímetros registrados en una hora y 20 minutos, activó las quebradas del sector y provocó un primer aluvión que alcanzó áreas urbanas de Las Condes.
Según los antecedentes recopilados por Reportajes T13, el evento afectó ocho hectáreas de superficie urbana, cerca de cuatro kilómetros de calles y 11 viviendas. El flujo descendió por la Quebrada Honda hasta alcanzar la avenida Francisco Bulnes Correa.
Tras esa emergencia, el montañista Carlos Valdivia recorrió las quebradas afectadas y documentó mediante fotografías y videos las condiciones del terreno.
En febrero elaboró un estudio en el que advirtió sobre la degradación del sistema precordillerano, la acumulación de sedimentos y la presencia de grandes rocas cuya inestabilidad podía favorecer nuevos desprendimientos.
A esas advertencias se sumó un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), elaborado el 11 de febrero de 2026, que identificó el sector como una zona de alto peligro por remociones en masa.
El organismo examinó los flujos registrados en enero en las quebradas La Honda, Grande, Los Almendros y Apoquindo, y concluyó que la emergencia no correspondía a un fenómeno aislado.
“El evento no constituye una ocurrencia aislada, sino una reactivación de procesos en un área altamente propensa a este tipo de fenómenos”, estableció el informe.
La evaluación identificó una combinación de precipitaciones intensas, pendientes pronunciadas, pérdida de vegetación por incendios y deficiencias en la infraestructura de mitigación.
Sernageomin recomendó a Senapred establecer una mesa técnica permanente con autoridades locales y organismos competentes, elaborar planes de evacuación y protocolos de respuesta, además de implementar un monitoreo sistemático de las variables meteorológicas que pudieran desencadenar nuevos eventos.
También planteó definir franjas de protección de 40 metros a cada lado de los cauces y recomendó a la Municipalidad de Las Condes informar a la comunidad sobre los riesgos, instalar señalética y realizar estudios hidrológicos e hidrometeorológicos detallados.
Al Ministerio de Obras Públicas le propuso efectuar labores periódicas de limpieza y mantenimiento de cauces, estudiar obras de control aluvional y evaluar modificaciones a puentes y otras estructuras.
En junio, la Municipalidad de Las Condes elaboró un plan de acción para intervenir las quebradas y disminuir el riesgo de nuevos aluviones.
El documento, presentado ante el Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres, contemplaba labores de limpieza, construcción de zanjas y la instalación de mallas de contención, también denominadas barreras dinámicas.
Estas estructuras están diseñadas para retener parte de las rocas y sedimentos que descienden por las quebradas, con el objetivo de reducir el impacto de eventuales flujos sobre las zonas urbanas.
A fines de agosto, el municipio autorizó mediante trato directo la contratación de Geobrugg Andina SpA por $652 millones para ejecutar el proyecto.
El contrato fue suscrito en septiembre y contemplaba un plazo de ejecución de 90 días.
Según fuentes conocedoras del proyecto citadas por T13, las barreras debían estar listas en octubre. Sin embargo, el inicio de los trabajos sufrió retrasos y las estructuras todavía no habían sido instaladas cuando ocurrió el nuevo aluvión.
Esta situación quedó en el centro de las contradicciones entre el biministro y la alcaldesa, especialmente después de que el primero atribuyera inicialmente los daños a que las mallas existentes habían sido superadas por la magnitud del fenómeno.
El nuevo aluvión dejó, según el balance municipal difundido el viernes, 2.015 viviendas afectadas, de las cuales 55 quedaron inhabitables y 1.960 presentaron daños menores.
Las autoridades también informaron de 1.200 personas evacuadas o rescatadas, además de afectaciones en la Clínica UC San Carlos de Apoquindo y en el servicio de urgencias del Hospital de la FACh.
El balance incluyó seis personas lesionadas, entre ellas un niño de un año que sufrió una fractura.
Tras la emergencia, el Presidente José Antonio Kast instruyó decretar zona de catástrofe para Las Condes, mientras Senapred declaró alerta roja para diez comunas de la cordillera y precordillera de la Región Metropolitana.
Otro de los cuestionamientos surgidos después del aluvión estuvo relacionado con la ausencia de un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para advertir preventivamente a la población.
Consultada por esta situación, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que la rapidez con que se desarrolló el fenómeno impidió organizar una evacuación antes de su ocurrencia.
La autoridad precisó que el sistema SAE constituye una herramienta de apoyo para los procesos de evacuación y que, en este caso, las actuaciones se concentraron en responder a una emergencia que ya estaba en desarrollo.
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