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El revés de Daniel Guevara: el presidente del Primer Tribunal Ambiental que iba tras conciliación por Dominga La resolución final debe ser comunicada por el tribunal el 30 de marzo

El revés de Daniel Guevara: el presidente del Primer Tribunal Ambiental que iba tras conciliación por Dominga

Alejandra Carmona López
Por : Alejandra Carmona López Co-autora del libro “El negocio del agua. Cómo Chile se convirtió en tierra seca”. Docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile
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Fue un portazo y una “quitada de piso” desde La Moneda que el presidente de la instancia no se esperaba, pero que son leídos por grupos ambientalistas y conocedores del proceso como constituyentes del único camino que podría haber tomado el Gobierno. En la zona comentan que llevar adelante un proceso de conciliación siempre respondió a las ansias de Guevara de querer marcar un hito en esta materia, más que en un camino real para zanjar el futuro del polémico proyecto minero.


En medio de la primera audiencia –que debía ser también la primera del proceso de conciliación–, el presidente del Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, Daniel Guevara, se detuvo para hablar de Alejandro Jodorowsky.

Vestido con un impecable terno oscuro y un pañuelo rojo afirmado en la solapa, el abogado intentó una explicación psicomágica para el proceso que impulsaba. Por eso, habló de Dune, la película que el escritor y cineasta nunca concretó, pero que llegó a transformarse en una influyente idea.

–The process must go on! –dijo después. “El proceso debe continuar”. Y cerró la sesión.

Para quienes estaban en la sala, sus palabras retratan lo que para muchos es parte fundamental de la idea de avanzar en Dominga con un proceso de conciliación.

“Él quería marcar un precedente con esta solución”, señalan algunos involucrados en el proceso, casi como si se tratara de una campaña personal por dejar huella en materia medioambiental.

Guevara llevó adelante una idea como si fuera un iluminado Jodorowsky, pero no le resultó.

Una idea improbable

Cuando el tribunal planteó la idea de la conciliación, muchos no entendieron la jugada. Las organizaciones medioambientalistas incluso la consideraron una medida arriesgada, puesto que la figura solo se había utilizado en caso de daño ambiental, y no era esa la situación. Sin embargo, por el mismo tenor de la jugada, prefirieron esperar, hasta que fue el propio Gobierno de Sebastián Piñera el que le dio un portazo.

[cita tipo=»destaque»]Para quienes estaban en la sala, sus palabras retratan lo que para muchos es parte fundamental de la idea de avanzar en Dominga con un proceso de conciliación. “Él quería marcar un precedente con esta solución”, señalan algunos involucrados en el proceso, casi como si se tratara de una campaña personal por dejar huella en materia medioambiental.[/cita]

En la mañana de ayer, y mientras se esperaba que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en representación del Comité de Ministros, acudiera al proceso de conciliación con Andes Iron –dueño del proyecto– mediante un comunicado, la nueva titular de la cartera anunció que no participarían de la iniciativa. “En Chile existe un procedimiento técnico y eminentemente participativo de evaluación de proyectos. Creemos que no contribuye a fortalecer la institucionalidad, que es tarea primordial del Gobierno, entrar al final del proceso, en una negociación directa con la empresa Andes Iron”, explicó la secretaria de Estado, y despertó incluso el apoyo de grupos ambientalistas que habían rechazado el camino desde el comienzo.

Sin embargo, Guevara sigue, en privado, con la convicción de que era un camino audaz que no pudo llevar adelante por la ausencia de Gobierno en el juego, lo que hace que se sumen adjetivos para definirlo como un “personaje”, lo mismo que pensaban sus compañeros de Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso que, durante sus estudios, lo bautizaron como el “Che” Guevara, un calificativo revolucionario para quien se convertiría años después en el Seremi de Bienes Nacionales de la Segunda Región, nombrado por Ricardo Lagos. Posteriormente, dos veces candidato al Parlamento apoyado por Renovación Nacional y, luego, en el peor crítico de la candidatura de Luciano Cruz-Coke al Senado, cuando en 2013 la impugnó en el Tricel porque –según argumentó Guevara– el actor no había renunciado al Gobierno en el plazo que estipulaba la ley.

La decisión de La Moneda de no participar en el proceso de conciliación es leída como una “tremenda quitada de piso” al Primer Tribunal y deja todo en las manos de los magistrados titulares, que deberán continuar con el camino estipulado: sin acuerdo, lo único que les queda es emitir una sentencia que podría ser conocida la primera semana de abril, pese a que Guevara había declarado que le gustaría que se marcara “un hito significativo en el modo de hacer justicia ambiental”.

Para los conocedores del proceso, la decisión de La Moneda no solo es la correcta sino que, además, no era sorpresiva. Haber entrado en la conciliación habría significado avivar las protestas en contra el proyecto y también contra el propio Gobierno, que habría tenido que lidiar con el fantasma de Barrancones y las fuertes protestas que vivió la primera administración de Piñera frente al proyecto que contemplaba la construcción de dos centrales termoeléctricas.

Ahora lo que queda es esperar la decisión del Tribunal Ambiental, que es incierta, pero que “debería rechazar el proyecto”, si sigue en la línea presentada por el Comité de Ministros que, en agosto del año pasado, desechó la iniciativa por las consecuencias medioambientales. Por otra parte, desde el otro sector confían en que, si el Tribunal se rige estrictamente por lo jurídico, debería fallar a favor del recurso de ilegalidad interpuesto por Andes Iron, con lo que la empresa del amigo de Piñera volvería a la vida cual Lázaro.

Junto a organizaciones medioambientales, parlamentarios también se refirieron al curso que tomaron los hechos. El senador Alfonso De Urresti (PS) señaló que ahora es necesario estar atentos a la actuación de la administración de Piñera respecto al proyecto. “Esperamos que no exista letra chica en la actuación del Gobierno en un proyecto tan cuestionado como el de Dominga”, expresó.

Después del portazo gubernamental, Daniel Guevara manifestó que de igual forma tenían la convicción de que el ejercicio “de la función jurisdiccional tiene una función prioritaria a través de la dictación de la sentencia y/o su equivalente jurisdiccional y ciertamente consideramos que fortalece la institucionalidad cuando, en la construcción de acuerdos, sean más grandes, intermedios u otros, se desarrolla una actitud de diálogo, porque a través de ellos se construye una posición de respeto”. Aunque ese diálogo no fuera el que el presidente del tribunal esperara.

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