PAÍS
Apenas se supo de la resolución adversa del ente fiscalizador, en Palacio debieron idear rápidamente un plan de control de daños para proteger al que consideran el «eslabón más débil» del gabinete. El escrito de la Contraloría General rechazó el polémico decreto que modificó el protocolo de objeción de conciencia, ingresado en marzo por el titular del Minsal, acusando que “no se ajusta a derecho”. No son pocos los que, en la administración piñerista, atribuyen el traspié a la manera intempestiva en que se fraguó el ingreso del señalado instrumento, debido a que el secretario de Estado y el jefe del segundo piso, Cristián Larroulet, se saltaron el sistema de chequeo interno, actuando sin la venia del Presidente Piñera. [ACTUALIZADA].
A pesar de que internamente en La Moneda se calificó como excelente el primer mes de Gobierno de Sebastián Piñera, una serie de errores no forzados en las últimas semanas han hecho desfilar a más de un jefe de cartera por la oficina del Mandatario y más de uno ha recibido una reprimenda que, en algunos casos, se ha escuchado más allá de las cuatro paredes del despacho presidencial. De todos, el ministro de Salud, Emilio Santelices, es considerado el eslabón más débil de la actual administración y la resolución que ayer sacó la Contraloría General de la República, rechazando el decreto del Minsal relativo al protocolo de objeción de conciencia, lo dejó tambaleando políticamente aún más.
Una y otra vez el decreto para modificar el protocolo en la Ley de Aborto en tres causales aparece en la agenda de La Moneda y de Santelices, quien ya la semana pasada tuvo que enfrentar, a duras penas, una interpelación ante la Cámara de Diputados, la primera de la administración piñerista.
Es que el ministro cometió un error inicial que le sigue penando. El 4 de abril, El Mostrador publicó que Santelices había corrido con colores propios, que, sin considerar el cronograma que tenía La Moneda ni el momento político, despachó el decreto sobre el protocolo sin avisarle al Presidente Piñera, por ende, sin su venia. Luego se supo que sí le advirtió a alguien en Palacio: al jefe del segundo piso, Cristián Larroulet, quien tampoco le comunicó el tema al Mandatario.
En La Moneda sabían en líneas gruesas que la decisión del contralor general, Jorge Bermúdez, no sería favorable al Gobierno, pero no dejó de ser un sorpresa el contenido del documento, que obligó a que rápidamente se desplegara una estrategia de control de daños para tratar de blindar al “herido” Santelices. Es que uno de los argumentos esgrimidos en la resolución es que “además de contemplar instrucciones para operativizar la objeción de conciencia –entre ellos los documentos y medios a través de los cuales se deberá manifestar–, regula ciertos aspectos no desarrollados por la ley”.
[cita tipo=»destaque»]Pese a que públicamente ha habido un respaldo transversal al ministro de Salud en el Gobierno, no son pocas las voces internas en la actual administración que piden que Santelices “dé un paso al lado”. Desde los ministerios aseguran que están cuestionados tanto el secretario de Estado como su equipo de trabajo, especialmente su jefe legislativo, Jaime González, y el jefe de la división Jurídica, Jorge Hübner. El primero, reconocido como la mano derecha del secretario de Estado, sería quien genera “más anticuerpos” al interior de las bancadas de Chile Vamos.[/cita]
El impacto generado por la resolución fue tal, que a solo un par de horas de conocida, ya se había instalado con fuerza en el mundo político la versión de que el Presidente Piñera habría enviado a una persona de su plena confianza a recibir al aeropuerto a Santelices, quien ayer en la tarde regresó de Isla de Pascua. El emisario del Jefe de Estado habría tenido la misión de pedirle la renuncia al ministro de Salud. La misma versión ya tiene el nombre del ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, como el eventual reemplazante.
Hasta anoche, desde La Moneda descartaron esa posibilidad.
Con la resolución en la mesa, se intentó desde el Ejecutivo una suerte de control de daños. En La Moneda dijeron ayer en la tarde que el Gobierno no compartía el razonamiento jurídico de Bermúdez, pero que obviamente se acataría el dictamen del contralor general e insistieron en que el decreto “refleja una doctrina del sector».
En Valparaíso se encontraban los ministros de la Segpres, Gonzalo Blumel, y la vocera gubernamental, Cecilia Pérez, quienes estaban en una sesión de presentación de los candidatos al directorio de TVN, cuando se conoció la resolución de Contraloría, razón por la cual se vieron obligados a salir y dar respuestas. Fue así que la ministra de la Segegob leyó una declaración y no aceptó preguntas: explicó que el protocolo del ministro Santelices se basó en la resolución que dio el Tribunal Constitucional y que se preparará “a la brevedad” un nuevo reglamento, mientras que Blumel se limitó a precisar un escueto “mañana lo vemos”, al ser consultado por la permanencia en el gabinete de jefe del Minsal.
Pese a que públicamente ha habido un respaldo transversal al ministro de Salud en el Gobierno, no son pocas las voces internas en la actual administración que piden que Santelices “dé un paso al lado”. Desde los ministerios aseguran que están cuestionados tanto el secretario de Estado como su equipo de trabajo, especialmente su jefe legislativo, Jaime González, y el jefe de la división Jurídica, Jorge Hübner. El primero, reconocido como la mano derecha del secretario de Estado, sería quien genera “más anticuerpos” al interior de las bancadas de Chile Vamos.
La molestia se sintió también en Palacio. Un asesor cercano a Piñera reconoció que “si las cosas se hubiesen hecho como corresponde, es decir, haber cumplido con el diseño del rechequeo, esto no hubiese ocurrido, que lo que ahora se ve, es clara consecuencia de cómo se actuó”.
Un parlamentario en Chile Vamos apuntó al equipo asesor del ministro y, sin pelos en la lengua, sostuvo que este tipo de episodios lo hacen “avanzar en la lista de salida” del gabinete y que, por lo mismo, Santelices “por sí solo debe dar un paso al costado”.
Eso en privado, porque en público y contrariamente a la postura oficial del Gobierno y RN, el diputado Jorge Durán, miembro de la Comisión Salud de la Cámara, reconoció que el protocolo fue un “error político, no sé si fue del ministro o de un asesor del segundo piso. Pero en definitiva es un error, y acá hay que salir a dar la cara a la ciudadanía, el propio ministro y el Gobierno”.
El documento de Bermúdez estableció que “teniendo presente las anteriores consideraciones, es posible colegir que la anotada resolución exenta N° 432, de 2018 -así como aconteció también con la citada resolución exenta N° 61, de ese año-, no se ajusta a derecho”, ya que “además de aprobar meras instrucciones operativas, aprueba un instrumento que reviste las características propias de un reglamento, sin cumplir con las formalidades del artículo 35 de la Constitución Política y sin haber sido remitido a esta Contraloría General para su control preventivo de legalidad”.
El otro argumento del contralor se centra en la objeción de conciencia de las instituciones que cuenten con convenios celebrados con el Servicio de Salud, el DFL 36 de 1980. Detalla que al momento en que una institución privada firma “un convenio regido por el citado decreto con fuerza de ley, para la ejecución de acciones de salud que eventualmente la sitúen en el deber de interrumpir un embarazo por alguna de las causales del artículo 119 del Código Sanitario, aquella no puede acogerse a la objeción de conciencia institucional en tanto se encuentre vigente la respectiva convención”.
Lo que significaría que las instituciones que mantengan dichos convenios no pueden ejercer la objeción de conciencia, debido a que “si bien se trata de una entidad de carácter privado, tiene el deber de dar cumplimiento a una función pública –a la que voluntariamente se ha comprometido– y para cuyos efectos le han sido entregados recursos públicos”. Un punto que complicaría fuertemente a las clínicas privadas que han determinado acogerse a la objeción institucional, entre ellas, la Clínica Alemana de Osorno(*) y la de la Universidad de Los Andes.
Quien también resulta trasquilado con esta resolución es el rector de la PUC, Ignacio Sánchez. Cabe recordar que fue él quien interpuso el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), que solicitó que se ampliara la objeción de conciencia a las instituciones. A pesar de que en ese momento le ganó el gallito al gobierno de Bachelet, esta vez la Contraloría adopta una resolución que acota la visión que en 2017 dio el TC.
El último argumento es la “excepcionalidad de la objeción de conciencia”. Bermúdez detalla que el protocolo “contiene algunos elementos que desatienden la condición de excepcionalidad de la objeción de conciencia, como es el caso del establecimiento de presunciones ante la falta de manifestación de voluntad expresa por parte del objetor o ante la ausencia de una formalidad en el procedimiento correspondiente, que no tienen fundamento legal, lo que tampoco resulta procedente”.
Por todas estas razones, el instrumento del ministro Santelices no “se ajusta a derecho”, razón por la que “la autoridad administrativa deberá adoptar las medidas necesarias a fin de dejar sin efecto” el protocolo de objeción de conciencia.
(*) N de la R: se específica y agrega en la nota que la clínica privada que se acoge a la objeción institucional, corresponde a la Clínica Alemana de Osorno.
