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Se trata de las declaraciones como testigos de Hans Kast y Jaime Ortiz de Lazcano, en las que aparecen alertas previas y críticas a la lentitud de la investigación contra el sacerdote acusado de abusos Jorge Laplagne, que duró cinco años y luego fue cerrada con la suspensión de las dos parroquias a su cargo. Respecto a lo señalado por los religiosos, la defensa de Ezzati indicó que el delito del acusado está prescrito. Por su parte, Raúl Hasbún declaró que «no conozco ocultamiento ni destrucción de documento» en el caso.
«No sé qué pasó con las denuncias que envié en 2011 o por qué no fueron tomadas en cuenta para esta investigación», así se refiere el sacerdote Hans Kast Rist -que cumplio un rol importante para develar los abusos de Fernando Karadima- al caso del sacerdote Jorge Laplagne, quien es indagado por abuso.
Laplagne está suspendido desde junio por una denuncia de presunto abuso contra un menor y fue removido en diciembre pasado de su cargo como párroco de las iglesias de Nuestra Señora de Luján (Ñuñoa) y San Crescente (Providencia).
Sin embargo, según consigna El Mercurio, en su testimonio judicial, Kast contó que acogió una denuncia en contra del sacerdote el 19 de marzo de 2010 por parte de un joven denunciante.
Kast se desempeñó como canciller del Arzobispado de Santiago desde 2003 hasta junio de 2011 (durante la gestión de los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati). Luego, en 2011, llegó hasta la Oficina Pastoral de Denuncias (OPADE). Previo a la llegada de Kast, los reportes de denuncias llegaban a manos del canciller, este los respaldaba y se enviaba una copia a la autoridad competente, el arzobispo.
En octubre del año pasado, Kast llegó hasta la unidad especializada del OS9 de Carabineros a cargo de investigar los presuntos abusos y encubrimientos vinculados a la iglesia. Allí, carabineros reveló a Kast un correo -con fecha 11 de enero de 2011- recibido por Errázuriz de parte del sacerdote Raúl Hasbún, quien estaba indagando el caso.
A Kast le llamó la atención la frase «hay avance» de Hasbún en la misiva. Sin embargo, a su juicio, se deja ver que el sacerdote no ha sido notificado de la investigación, «de haber sido yo el investigador le hubiese tomado declaración o testimonio al presbítero Laplagne», declaró.
En cuanto a los «avances» y a los posibles testigos y víctimas, «estos no se nombran, lo que no significa un avance en la investigación para esclarecer los hechos».
Kast agrega en su declaración que, dos meses más tarde, recibió una nueva denuncia contra Laplagne; esta vez de parte de una religiosa, lo que gatilló que realizara una nueva alerta sobre el caso del sacerdote, esta vez dirigida a Ricardo Ezzati.
«El 30 de marzo de 2011 hice una nueva nota, esta vez direccionada a monseñor Ezzati con la denuncia de la hermana, esta la recibe Ezzati. En esta se lee la letra de monseñor Chomali, quien solicita abrir una investigación previa, ahí se indica con letra manuscrita de don Ricardo que se tomaron medidas pastorales, las que no habrían quedado en esta investigación que se incautó en la Cancillería del Arzobispado de Santiago. Sin embargo, podrían encontrarse quizás en otro archivo, como por ejemplo en el histórico ubicado en las Trinitarias, Las Condes», se cuestiona Kast.
Respecto al rol de Hasbún, «me imagino que no pudo concluir verosímil la denuncia, señala que estudió el asunto, pero quizás pensó que no podía iniciar un proceso, no entiendo por qué no pudo iniciar el proceso canónico, quizás él como investigador buscaba una convicción absoluta bastando solo con elementos suficientes para considerar verosímil la denuncia, habría que preguntarse si en este caso hubo omisión», dice Kast.
«Señala Hasbún en el informe de cierre (2015) que no que no tiene noticias de otras denuncias, no haciendo referencia a las denuncias , no haciendo referencia a las denuncias efectuadas por las religiosas durante 2011, las que yo envié conforme con los conductos a la autoridad competente de la época, no sé que pasó con estas o por qué no fueron tomadas en cuenta para esta investigación», agrega.
Kast finalizó su declaración planteando que una investigación previa debería hacerse con mucha rapidez y nunca debería pasar de los 3 meses, «idealmente podría durar dos semanas».
Respecto de la imputación de Ezzati en relación al encubrimiento el caso Laplagne, durante la audiencia de sobreseimiento, Hugo Rivera, abogado defensor del cardenal, manifestó que el último hecho investigado ocurrió en 2006. Por este motivo, señaló que el hecho está prescrito y no lo han formalizado.
«¿Por qué el señor fiscal no ha formalizado, si tiene toda la prueba para formalizar? No lo ha hecho porque está prescrito el delito y en un ilícito prescrito quieren ahora construir un encubrimiento», indicó el miércoles pasado según consigna El Mercurio.
En octubre del año pasado el sacerdote Raúl Hasbún entregó su testimonio en la investigación por el caso Laplagne. Allí, señaló que no tiene conocimiento de que se haya hecho un decreto formal,» porque no es obligatorio hacerlo, por lo que recuerdo verbalmente monseñor Errázuriz me encargó hacerlo».
«Hasta donde recuerdo, se le preguntó (a la víctima) si ratificaba en todos sus términos lo declarado ante el canciller Kast y si quería agregar nuevos episodios, cosa que hizo. Manifestó reiteradamente que esto no se podía hacer público, porque si se enteraba su madre que trabajaba en la parroquia, quizás podía abofetear al padre, y también podía perder su trabajo, único sustento de su familia. Esa fue la única reunión que tuve con el denunciante y personalmente no lo he vuelto a ver», declaró.
Respecto de Laplagne y las denuncias de dos religiosas, manifestó que le llama la atención encontrar dos declaraciones de religiosas que aparecen como «hermanas», prestadas ante una persona ajena a la investigación. «Desconozco por qué no fui informado de eso (…). Quiero agregar que no conozco ocultamiento ni destrucción de documento, nunca he escuchado siquiera un rumor de que tal cosa se haya hecho en los 56 años de sacerdocio que yo tengo. En lo que concierne esta causa, niego de manera categórica que tal cosa haya ocurrido. Nosotros somos los primeros interesados y obligados a la transparencia, objetividad y probidad».
