PAÍS
El caso que investiga la ministra Rosa María Maggi y las fiscalías de O’Higgins y Metropolitana Sur, puede escalar al ámbito parlamentario. Desde la UDI se está coordinando con las bancadas de RN y Evópoli la solicitud de una comisión investigadora por estos hechos de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, que tiene a tres de sus jueces suspendidos. Uno de ellos, Emilio Elgueta, será formalizado por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito, adelantó el fiscal de Rancagua, Sergio Moya. «Hemos logrado el estándar de convicción para pedirlo”, señaló.
Un llamado a redoblar “la ética, la probidad y la legalidad” hizo el presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, al aludir al “desastre de Rancagua”, la grave situación que tiene a tres ministros del Corte de Apelaciones de la capital de la Región de O’Higgins investigados por hechos de corrupción.
Un día después del pleno extraordinario convocado por el máximo tribunal para analizar el tema, donde se confirmó la suspensión de los ministros Marcelo Vasquez y Marcelo Albornoz, quienes se unieron a Emilio Elgueta, el ministro Muñoz no eludió la polémica.
En su intervención, durante un nuevo juramento de abogados, el ministro fue enfático en señalar que “hechos como los investigados en la jurisdicción de Rancagua nos permiten advertir que la tarea siempre está en construcción, nunca es suficiente instar por el respeto de aquellos principios en el ejercicio de la función judicial».
El ministro Muñoz enfatizó que todas las autoridades llegan a su cargo a servir a la ciudadanía, lo que eleva el estándar de su comportamiento privado y público, y advirtió que la función judicial «se complementa con el respeto de elevados requerimientos morales del juzgador». «Desde esa perspectiva se comprende que el juez no sólo debe preocuparse por ‘serlo’, según la dignidad propia del poder conferido, sino también de ‘parecerlo'», expresó respecto a este hecho que empaña al Poder Judicial.
El caso que investiga la ministra Rosa María Maggi y las fiscalías de O’Higgins y Metropolitana Sur, puede escalar al ámbito parlamentario, porque desde la UDI se está coordinando con las bancadas de RN y Evópoli la formación de una comisión investigadora.
El argumento es que “la Cámara de Diputados tiene el deber y el derecho de tomar conocimiento de la forma y el modo cómo operaba un eventual tráfico de influencias en la Corte de Apelaciones de Rancagua que, en la práctica, se encuentra intervenida por el máximo tribunal”, señala una minuta preparada por el gremialismo.
En declaraciones a La Tercera, el diputado Issa Kort señaló que “no podemos obviar la tremenda crisis que hoy vive la máxima instancia judicial de nuestra región. Los antecedentes que hemos conocido hablan de la máxima gravedad y creemos que sería positivo tener una instancia investigadora complementaria desde otro poder del Estado”.
Al mismo tiempo, la investigación del Ministerio Público avanza y el más complicado es el juez Elgueta. De hecho, el fiscal de Rancagua, Sergio Moya, aseguró este viernes que «hemos logrado el estándar de convicción para pedir su formalización» por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito.
Por su parte, otro de los ministros suspendidos en la Corte de Apelaciones de Rancagua Marcelo Vásquez, acudió a declarar durante esta jornada e insistió en su inocencia. «Jamás he recibido pagos de ninguna especie», dijo, señalando además que no tiene sanciones en su contra, sino que la suspensión que lo afecta es solo una medida cautelar.
En tanto, otro salpicado en el escándalo fue el senador por la Región de O’Higgins, Juan Pablo Letelier. El parlamentario del Partido Socialista estaba en la mira tras un reportaje de Ciper del pasado 26 de marzo, donde se le vinculaba a los ministros Marcelo Vásquez, Marcelo Albornoz y Emilio Elgueta.
A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario PS negó haber intercedido por los jueces ante el Fiscal Nacional. «No es cierto que haya hecho gestiones ante fiscal nacional para ‘defender’ a jueces de Rancagua hoy cuestionados, sólo manifesté mi preocupación por el desorden que había», escribió en la red social.
«El mismo Jorge Abbot lo dice: ‘Creo que hay una lectura de mala fe de esa reunión'», terminó el tuit.
En otro comentario en la red social, enfatizó que «es de total mala fe insistir en vincularme a este tema, donde además el Poder Judicial parece estar tomando todas las medidas necesarias para aclarar, y si corresponde, sancionar, hechos tan graves como los que han sido denunciados».
