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Una de esas oficinas es la de Gabriel Henríquez Arzola, quien durante 2018 habría sostenido más de 50 conversaciones telefónicas con Elgueta, y quien votó a favor de sus peticiones en casos de homicidio, tráfico, desacato y perjurio.
En el marco del caso Jueces, Policía de Investigaciones (PDI) realizó una serie de allanamientos por irregularidades en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
En esa línea, la PDI hizo una acción de registro e incautación en la oficina del ministro Marcelo Vásquez en el tribunal de alzada rancagüino, el cual, de acuerdo al Poder Judicial, «entregó todas las facilidades y cooperación para esta acción de fiscalía y de la policía civil».
Además, durante esta jornada, el Ministerio Público allanó las oficinas de cuatro abogados particulares, investigados por su eventual participación en dichas irregularidades que tienen bajo la lupa del Ministerio Público a los jueces Emilio Elgueta y Marcelo Albornoz.
Una de esas oficinas es la de Gabriel Henríquez Arzola, quien durante 2018 habría sostenido más de 50 conversaciones telefónicas con Elgueta, y quien votó a favor de sus peticiones en casos de homicidio, tráfico, desacato y perjurio.
Por otra parte, la Fiscalía de Alta Complejidad fue a la oficina de Pablo Latorre Ascui, abogado que en 2017 inició una causa civil personal por una herencia que ganó en el tribunal de alzada de Rancagüa, en el que estuvieron los ministros Vásquez y Elgueta.
Las otras dos oficinas allanadas son de Víctor Beltrán, notario en San Vicente, y de Rodrigro Guerrero Román, quien litigó en la sala que integraba Elgueta y Vásquez y que tuvo «alegatos de pasillo» con ambos antes de conseguir fallos favorables.
Vale recordar que los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez están suspendidos mientras dure el sumario que lleva adelante la jueza de la Corte Suprema, Rosa María Maggi.
