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Jesuitas pidieron más tiempo para firmar convenio entre la Iglesia y Fiscalía para denunciar abusos: "El documento lo estamos estudiando"

por 3 mayo, 2019

Jesuitas pidieron más tiempo para firmar convenio entre la Iglesia y Fiscalía para denunciar abusos:
Desde la Compañía de Jesús también precisaron que ellos esperaban que el documento  fuese conocido por la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile (Conferre) antes de ser firmado. "A la Conferencia de Religiosos, partiendo por su presidente (Héctor Campos, de la Orden Frailes Menores-Capuchinos), les parecía que debían conocer el acuerdo".
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El pasado martes, la Conferencia Episcopal (Cech) y la Fiscalía Nacional suscribieron un convenio para denunciar abusos. Sin embargo, hubo algunas congregaciones que tomaron la determinación de no firmar: los mercedarios, franciscanos y jesuitas.

Estos últimos señalaron a La Tercera que "el documento lo estamos estudiando y, además, desde 2018 ya estamos colaborando con la fiscalía". En ese sentido, aseguraron que la denuncia de Marcela Aranda contra Renato Poblete fue dada a conocer a la fiscalía en marzo pasado.

Desde la Compañía de Jesús también precisaron que ellos esperaban que el documento  fuese conocido por la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile (Conferre) antes de ser firmado. "A la Conferencia de Religiosos, partiendo por su presidente (Héctor Campos, de la Orden Frailes Menores-Capuchinos), les parecía que debían conocer el acuerdo".

Los jesuitas informaron que enviaron una carta a la Conferencia Episcopal solicitando más tiempo para revisar el acuerdo, el que habrían conocido hace pocos días.

La firma de este convenio se dio el martes pasado en la sede del Ministerio Público entre el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el secretario general de la Cech, obispo Fernando Ramos.

"El convenio suscrito tiene como objetivo obligar a todas las diócesis del país a que denuncien los casos de delitos sexuales cometidos por miembros de la iglesia católica contra niños, niñas y adolescentes y personas adultas en situación de discapacidad, en aquellos casos en que no se encuentran obligados por la ley (Artículo 175 del Código Procesal Penal). Con ello, se busca elevar el estándar legal de obligación de denunciar y reforzar las medidas de protección a las víctimas, incluyendo a las mayores de edad, respecto de las cuales las fiscalía no puede investigar de oficio", sostuvo la fiscalía.

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