PAÍS
La reacción de La Moneda ante el preinforme de Amnistía Internacional fue solo una pincelada de lo que podría venir las próximas semanas en dicha materia. Con plena conciencia de que es el golpe más duro que pueden recibir, el Gobierno ya ha lanzado una línea para blindar y contener la imagen internacional del Presidente en esta materia, al mandar a la primera línea a Lorena Recabarren, quien, en calidad de subsecretaria de DDHH, en su primera aparición sobre la crisis lo que hizo fue negar las violaciones de los Derechos Humanos. La estrategia es evitar abrir el espacio frente una posible denuncia ante la Corte Penal Internacional, idea que ya comienza a ser barajada en la oposición.
“No habrá impunidad”, esa fue la frase con la que el Presidente Sebastián Piñera intentó marcar una semana clave para el punto más débil que tiene su Gobierno en medio de la crisis: las denuncias por violaciones de los Derechos Humanos (DDHH) por parte de agentes del Estado, en el marco de las manifestaciones que llevan más de un mes en el país.
La principal preocupación en esta área en La Moneda es la imagen internacional del Presidente. “Nadie quiere que Piñera pase a la historia como el líder de un Gobierno que violó los DDHH”, señalan desde el oficialismo. Quienes conocen al Mandatario destacan que verlo como lo contrario a la imagen que ha cultivado la Presidenta Michelle Bachelet, como Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, es duro golpe a sus proyecciones políticas, y que esperan que nada empañe el hecho de que pase a la historia como quien fundó la Nueva Constitución.
Pero en Palacio están atentos a las posibles esquirlas que podría traer consigo el próximo informe de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de otros organismos ligados a este ámbito. Hay conciencia de que estos antecedentes podrían servir de argumentos para la querella en contra el Jefe de Estado que avanza en el sistema judicial y para una posible denuncia en contra suya ante Corte Penal Internacional.
Una idea que no parece tan lejana, es más, en la oposición plantean que luego de la acusación constitucional contra Piñera, y tras el “avance de los procesos judiciales pertinentes”, se estudia presentar una querella contra el Presidente, basada en el Estatuto de Roma, para lo cual se habrían mantenido reuniones preliminares con abogados especialistas en el tema.
Es precisamente este contexto el que forzó a que el Primer Mandatario cambiara su línea discursiva respecto a las denuncias por violaciones de los DDHH.
La semana partió con el antecedente de la muerte del joven Abel Acuña en Plaza Italia, quien no habría podido ser atendido por paramédicos y la ambulancia no habría podido llegar hasta la antigua Posta central, debido al accionar de Carabineros. Este hecho es uno por el que Piñera se habría visto forzado a hablar en un tono más amable en su intervención del domingo 17 de noviembre, en donde también recalcó el Acuerdo por la Paz firmado por los presidentes de partidos.
El lunes 18, a un mes de las movilizaciones, Presidencia publicó las actas del Cosena. El resumen de la intervención del Mandatario destaca su preocupación y la del Gobierno en materia de DDHH, justo el mismo día en que aterrizaba en Chile la comisión técnica de la Comisión Interamericana de DDHH, luego que durante 19 meses la CIDH le pidiera una cita al Gobierno de Piñera.
Durante la semana, el Gobierno se reunió con la delegación de dicho organismo, también con Human Rights Watch y anunció la creación de un Comité Interministerial de DDHH, que deberá apoyar la cuestionada labor que ha tenido la Subsecretaría de Derechos Humanos, en medio de la crisis que vive el país. Además, después de 33 días de manifestaciones, el general director de Carabineros anunció que «se ha decidido suspender el uso” de balines, luego que la Universidad de Chile publicara un estudio que identificó residuos metálicos –incluido plomo– en los balines que, según el propio general Rozas, eran de 100% de goma. A pesar del anuncio, al día siguiente un camarógrafo de Chilevisión resultó herido por impacto de balines.
Pese a estos intentos, el panorama no parece ser muy alentador para el Mandatario. En su visita a Chile, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, señaló que “no hay duda” de que hay “violaciones de los DDHH”, y que “lo importante es verificar si estos abusos respondieron a un tipo de patrón, cuál fue su escala y su alcance”. La misma línea siguió José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien señaló que “ha habido violación de los Derechos Humanos durante estas semanas de protestas, creo que no hay duda alguna”.
Previo a la entrega del informe de la ONU, Michelle Bachelet adelantó que «mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos». El informe de HRW será presentado este martes a las 11.00 horas y, aunque en la cita de prensa no se habla de violaciones de los DDHH, si se refiere a denuncias de “uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones, detenciones arbitrarias y graves abusos contra detenidos”.
En la Comisión de Derechos Humanos del Senado la visión es bastante crítica. Su presidente, el senador Alejandro Navarro, destaca que “salvo bomberos, todas las instituciones no estuvieron a la altura de la crisis” y agrega que el 22 de octubre la Comisión dio aviso sobre el uso de los balines, pero que no fueron tomados en cuenta. Además, puntualiza que hay una cifra negra respecto a los heridos civiles, respecto a lo cual calculan que por “cada denuncia, hay dos que no denuncian, un ocultamiento por miedo”.
El senador de RD, Juan Ignacio Latorre, también miembro de la comisión, apunta que le “parece grave el doble estándar del Gobierno” en materia de DDHH, al tiempo que resalta que el Presidente se ha autodefinido como un demócrata y “no ha tenido ningún gesto hacia los familiares de los fallecidos”.
El informe de Amnistía Internacional constituyó un golpe duro, pero esperado en La Moneda. El organismo es reconocido por ser uno de los exigentes en materia de DDHH, pero con un buen sustento internacional. Hasta los propios personeros del Gobierno habían destacado sus informes sobre la situación en Venezuela, pero la dureza del presentado sobre Chile, que destacó que “la intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes», desató las alarmas al interior del Gobierno.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sostuvo que “tiene imputaciones que son absolutamente equívocas” y destacó que él nunca había recibido una solicitud de reunión por parte del organismo. La subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, manifestó que el «Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el cual, sin siquiera solicitar información al Gobierno, sostiene que hay una política deliberada para atacar a los manifestantes”.
El diseño de respuesta habría sido encargado por el propio Presidente, trabajado por la Secom y los ministros del gabinete político, más el de Justicia y DDHH. Pero hubo un ítem que se escapó. Amnistía sí había solicitado una reunión con el Gobierno: ingresó un documento a Presidencia el pasado 13 de noviembre, en el que solicitaba una reunión para el 20 de este mes, el que fue publicado en redes sociales y tenía hasta el timbre de La Moneda. La respuesta del Gobierno llegó el sábado y, según Radio ADN, desde el Ejecutivo explicaron que la solicitud fue rechazada por “forma”, ya que habría dado una sola fecha para el encuentro, el 20 de noviembre.
Pero no es primera vez que el Gobierno cuestiona los informes de Amnistía Internacional. A fines de mayo de este año, el Ministerio de Justicia sacó un comunicado criticando el informe de la organización que daba cuenta de las deudas en materia de DDHH que tenía el Gobierno. Al igual como lo hace con otras naciones, la institución lanzó la campaña “Piñera nos debe” y resaltó el caso de la muerte de Camilo Catrillanca. En ese momento el ministerio señaló que “nos ha sorprendido su forma de presentación, carente de objetividad y con un marcado sesgo ideológico”.
Además de la respuesta gubernamental, un punto que se habría escapado del diseño original de Palacio, fue la salida de las Fuerzas Armadas a defender su actuar durante el estado de excepción, negando haber ejercido “una política de ataques generalizados contra manifestantes”. El comunicado firmado por las tres ramas del Ejército, sin que el ministro de Defensa, Alberto Espina, se haya pronunciado sobre el tema, causó extrañeza en algunos círculos gubernamentales, en los que ya se han levantado críticas al “excesivo dejar hacer” por parte del ministro Espina ante las FFAA.
Desde Defensa explicaron que el propio secretario de Estado había visado el mensaje y Espina señaló –un día después– que «no hay ningún acto de deliberación en lo que han dicho las Fuerzas Armadas», destacando que estas «tienen pleno derecho a defenderse». Hasta Carabineros salió en defensa del Ejército y a través de Twitter reconocieron y valoraron su trabajo durante el estado de excepción.
A pesar de que al interior de Palacio hay tranquilidad respecto a la fórmula escogida para abordar el informe de Amnistía y que no causó gran revuelo interno la salida de las tres ramas del Ejército, en algunos sectores del oficialismo sí existe preocupación por mantener “calmas” a las FFAA. Plantean que en este contexto se debe tratar “con cuidado y delicadeza” el trabajo en conjunto con los militares y que, en ese caso, “Espina juega el rol de los equilibrios, hay que dar para recibir”, señalan desde el Congreso.
Lorena Recabarren encabeza la Subsecretaría de DDHH, un puesto que fue solicitado explícitamente por su partido, Evópoli. Sin embargo, su rol durante la crisis ha sido transversalmente criticado por organismos de DDHH, institucionales y hasta al interior de la misma subsecretaría.
La principal crítica ha sido la “inacción” de Recabarren, quien se ha mantenido en silencio, siempre acompañando al ministro de Justicia, Hernán Larraín, pero sin emitir mayores comentarios en los puntos de prensa, donde la conducción la ha tenido el secretario de Estado. Al interior de la subsecretaría destacan que “no hay mucha comunicación desde gabinete hacia los equipos” y que “el tenor de las conversaciones internas ha sido que hay mucha preocupación por lo que está pasando en el país y se están haciendo todas las gestiones para coordinar con INDH y la Defensoría de la Niñez, y con Carabineros e Interior”.
Pero nunca se ha habría reconocido “explícitamente” que hay vulneraciones de los DDHH, así como tampoco se habrían negado a nivel interno. El trabajo realizado había sido de asistencia con revisión de protocolos y análisis comparativos con estándares internacionales, además de conversaciones bilaterales entre la subsecretaria con Sergio Micco, el director del INDH. Señalan que a Recabarren el ministro Larraín la tendría “atada de manos” y que no hay ninguna acción sin su autorización.
El senador Latorre destaca que la subsecretaría “no ha tenido mucha incidencia” y que Recabarren “ha tenido un rol bastante ausente, ha dejado solo al INDH” y no ha asistido a las sesiones de la Comisión de DDHH en el Senado.
Es por esta razón que llamó la atención que fuera Recabarren quien saliera públicamente, desde el Gobierno, a criticar el informe de Amnistía Internacional. En tal sentido, sus palabras causaron extrañeza al interior de la subsecretaría, y la Asociación de Funcionarios (ANFUDDHH) señaló, por medio de un comunicado, que rechazan “rotundamente la descalificación del Gobierno sobre el informe preliminar de Amnistía Internacional”. Hacen un llamado a las autoridades a ejercer su control de mando sobre Carabineros para “detener la represión policial” y exigen que la actitud del Gobierno no se reitere ante los informes de otros organismos, como la ONU y Human Rights Watch.
