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Vía Twitter: @LavinJoaquin
La entidad que vela por el cumplimiento de la ley de protección de datos personales en organismos públicos, se pronunció ante la implementación del software de reconocimiento facial de última tecnología implementado por el alcalde de Las Condes, que reabrió el debate sobre orden público y privacidad.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) manifestó su preocupación ante el uso de tecnologías con fines de seguridad y vigilancia que implica un tratamiento masivo de datos personales sin contar con un marco regulatorio ad hoc.
Esto, ante la implementación del software de reconocimiento facial de última tecnología implementado por el alcalde de Las Condes, el UDI Joaquín Lavín, que reabrió el debate sobre orden público y privacidad.
La entidad que vela por el cumplimiento de la ley de protección de datos personales en organismos públicos, recordó que los sistemas que levantan datos biométricos con fines de investigación hacen “pagar a justos por pecadores” al recoger y tratar datos de personas que transitan por espacios públicos y no se vincularán con acciones delictuales o de violencia.
En tal sentido, el Consejo para la Transparencia recordó la necesidad de cuidar aspectos vinculados a la protección de datos personales derivado del uso de estas tecnologías previo a su uso y a que sea utilizado por otras municipalidades o entidades públicas o privadas.
“Si bien los dispositivos de video vigilancia, y en particular aquellos equipados con tecnologías de reconocimiento facial, pueden resultar de gran utilidad en materia de prevención de delitos, investigación y persecución penal, su uso plantea una serie de preocupaciones en lo relativo a la protección de la privacidad y de los datos de carácter personal”, dijo el presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada.
Al respecto, el directivo añadió que el tratamiento de datos en nuestro país evidencia debilidades al contar con una regulación que data de 1999. “Debemos enfatizar la necesidad que el debate acerca del uso y requisitos de esta clase de sistemas pueda darse dentro de un marco normativo general que resguarde adecuadamente los derechos de las personas cuyos datos serán, en definitiva, recopilados, almacenados y procesados. Nuestra ley actual data de 1999, previo a la irrupción de estas tecnologías digitales”, indicó.
Jaraquemada recordó que la experiencia internacional como nacional para establecer que el uso de estos sistemas está aún debatiéndose por su precisión y en términos de marcos regulatorios, cuestión que en la que Chile presenta serias falencias.
A nivel nacional, por ejemplo, apuntó a la controversia generada por la implementación de un sistema de este tipo en un centro comercial localizado también en Las Condes, que fue analizado técnicamente por equipos de la Policía de Investigaciones (PDI) evidenciando que “la tecnología no presenta, por el momento, niveles satisfactorios de precisión y efectividad” presentando altos porcentajes de falsos positivos”.
