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Comité político en la mira: la soterrada pugna de poder en el seno del Gobierno y Chile Vamos

por 15 enero, 2020

Comité político en la mira: la soterrada pugna de poder en el seno del Gobierno y Chile Vamos
Se vienen meses duros en La Moneda, poco a poco se van dividiendo las aguas al interior del equipo de Gobierno. El round más fuerte estas semanas fue desatado por el llamado a boicot contra la PSU, pues llovieron las críticas al manejo del ministro Gonzalo Blumel y al débil rol que –dijeron– ha jugado la vocera Karla Rubilar. Un sector del gabinete estaría incómodo con el trabajo de ambos y teme que, en un año marcado por las movilizaciones y el proceso constituyente, el poder de Palacio esté en manos de un equipo ministerial que no "ha estado a la altura". En la lista de los cuestionados se incorporó además al titular de Hacienda, Ignacio Briones.
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A pesar del descongelamiento de relaciones que hizo la UDI y su regreso triunfal a la reuniones semanales de Chile Vamos en La Moneda, las crisis al interior del Gobierno están a la orden del día. Así, y como nada es gratis ni casual, la suerte de "pax romana" que selló ante las cámaras de televisión la derecha esta semana estaría condicionada a una nueva alianza estratégica entre el gremialismo y los sectores más conservadores de Renovación Nacional, liderados por el senador Andrés Allamand, un pacto que complica principalmente a las directrices del actual comité político de Palacio, que lidera el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Es que la nueva alianza interna en la derecha –que incluye a actores gubernamentales y miembros de Chile Vamos– apunta precisamente a dos objetivos, según reconocieron en el propio Gobierno: desmantelar “la estructura" política que sostiene al actual timonel de RN, Mario Desbordes, y reducir el espacio de poder que ha ganado Evópoli al interior del comité político, dado el protagonismo de Blumel y del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Eso, porque consideran que estos actores pecan de “la falta de mano dura y madurez política” y temen que con ello lleven "el legado de Chile Vamos y del propio Presidente Sebastián Piñera al olvido”.

El llamado a boicot contra la PSU y los estragos políticos que el episodio dejó la semana pasada, fue uno de los escenarios propicios para que se reactivara esta eterna y vieja guerra interna de la derecha, entre los sectores más duros, ortodoxos y conservadores que reaccionan siempre ante las arremetidas de las visiones más liberales. Se acusó al ministro Blumel de tener "mano blanda" con los estudiantes secundarios que protestaron en contra el sistema de admisión a educación superior y llovieron los telefonazos al Mandatario y las quejas al segundo piso de Palacio, que lidera el jefe de asesores Cristián Larroulet.

Lo que bajó la temperatura de los ánimos en la derecha esos días, para que las presiones no escalaran más, fue la reunión que encabezó el Presidente Piñera el lunes 6 de enero y el hecho de que al día siguiente el Ministerio del Interior intensificó el despliegue de Carabineros para contener los focos de protesta estudiantil. Un cambio que, si bien fue reconocido, no dejó del todo tranquilo al sector más duro del Gobierno.

Desde los sectores menos radicales del Gobierno pusieron el foco en que Rubilar y Blumel son parte de un diseño del Presidente Piñera para dar “un giro, un cambio de timón” en pleno estallido social y que los cuestionamientos en su contra responden a los “viudos del estilo más duro" que aplicó Chadwick, pero sostienen que la realidad es clara y los tiempos actuales obligan a “otro tipo de liderazgos”. Agregaron que “tener posturas distintas” no debe tomarse como una “desventaja” y que en este cruce de cuestionamientos hay mucho de ministros sectoriales que han visto “truncadas sus ansias de poder”.

Las críticas no solo están dirigidas a Blumel, sino que también a la vocera Karla Rubilar, quien –según fuentes del propio Gobierno– “no ha estado a la altura del cargo", porque su tarea es "ser la voz del Presidente y recibir los dardos en su contra”, lo que consideran no ha sucedido desde que llegó a la cabeza de la Segegob a finales de octubre. En ese contexto, dijeron que la ministra no “fue capaz de interpretar la voluntad del Mandatario ante la prensa”, que se le vio “tibia al condenar lo ocurrido con la PSU”, que “no supo contener las críticas por el fracaso en el resguardo de la prueba” y que le faltó proactividad, porque claramente “echarle la culpa al Demre y a los rectores no fue suficiente”.

Ciertamente entre los críticos hubo nostálgicos de la estrategia que había cimentado el año pasado la ministra de Educación, Marcela Cubillos, junto con el exministro del Interior Andrés Chadwick, con iniciativas como Aula Segura y que –según reconocieron fuentes gubernamentales– era precisamente "lo que se esperaba ante este llamado a boicotear una prueba”.

De la mano de eso, en el oficialismo explicaron que el anuncio que hizo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sobre la idea de regular el derecho a reunión, es una muestra de la línea que estaría tratando de impulsar la UDI al interior del Ejecutivo, con la que no estaría de acuerdo todo el oficialismo y no contaría con la venia del segundo piso de Larroulet.

Detractores de la estrategia que ha tomado Blumel recalcaron que el titular del Interior no puede seguir "en un juego de roles, del policía bueno y el policía malo”, que "debe tomar posición y proteger al Gobierno", lo que implica pagar los costos del cargo que ostenta. Entre los hechos más criticados estaría lo que se considera la falta de apoyo al intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara: "Él no se manda solo, Blumel siempre supo de la estrategia de copamiento y la respaldó, no puede solo lavarse las manos después", afirmaron desde el oficialismo. Una postura que tendría molestos a los sectores de la UDI dentro del Gobierno, los que estarían preparando una respuesta si la acusación constitucional en su contra llegara a prosperar.

En el seno de La Moneda afirmaron que desde hace unos días ronda una idea que preocupa a sectores del Gobierno y Chile Vamos: en un año que "estará marcado por las movilizaciones y el proceso constituyente, la seguridad es fundamental y el ministro del Interior no ha estado a la altura" y esperan –dada la estrategia del miedo que ha desplegado la UDI hace unos días sobre el proceso constituyente– que el titular de Interior "tenga una estrategia que asegure la realización del plebiscito, si no, será un fracaso para el Gobierno".

Ante este escenario de críticas y cuestionamientos, desde el círculo de Blumel insistieron en que el ministro no tiene entre sus objetivos ser “el malo de la política, sino quien pone orden” y que, para lograr la seguridad, “hay caminos distintos al del garrote”. Recalcaron que sigue contando con el respaldo de Larroulet y que lo único que ha tensionado la relación fue "el impasse del informe de Big Data", el que nuevamente esta semana volvió a complicar a La Moneda una vez que se hizo público que fue desde Quiñenco –del empresario Andrónico Luksic–que se recomendó a la empresa española Alto Analytics, la que supuestamente elaboró el cuestionado estudio sobre el estallido social.

Desde los sectores menos radicales del Gobierno pusieron el foco en que Rubilar y Blumel son parte de un diseño del Presidente Piñera para dar “un giro, un cambio de timón” en pleno estallido social y que los cuestionamientos en su contra responden a los “viudos del estilo más duro" que aplicó Chadwick, pero sostienen que la realidad es clara y los tiempos actuales obligan a “otro tipo de liderazgos”. Agregaron que “tener posturas distintas” no debe tomarse como una “desventaja” y que en este cruce de cuestionamientos hay mucho de ministros sectoriales que han visto “truncadas sus ansias de poder”.

En la mira

Si bien Blumel, Rubilar y Desbordes están en la mira de este nuevo pacto interno en la derecha, el verdadero objetivo de los sectores más conservadores del Gobierno es controlar lo más posible el camino del proceso constituyente. Por eso la presión férrea de la UDI para que Piñera decretara la prescindencia del gabinete con miras al plebiscito de abril y, por lo mismo, es que la declaración del ministro Briones a favor de una nueva Constitución gatilló un terremoto en el oficialismo.

Sus palabras generaron una reacción en cadena y, mientras UDI tomó le estrategia de exigirle al Gobierno que se mantenga a raya en el tema, el timonel de RN señaló que le habría gustado que cada miembro del gabinete pudiera dar su visión del tema.

El ministro de Hacienda es parte del grupo piñerista más liberal y es un ejemplo del giro que se quiso dar con el cambio de gabinete del 28 de octubre. “No es querido ni respetado por un grupo del Gobierno” y su frase “le hizo ganarse un puesto en el banquillo”, advirtieron en el oficialismo, con lo que se sumó a la lista de ministros que están en la mira de los sectores más conservadores de la derecha.

Al interior de La Moneda hay dos sectores, marcados por el apruebo y el rechazo a una nueva Constitución, por lo mismo en Palacio afirmaron que por ahora "el silencio" constituye la mejor opción. Más aún cuando se comenta en el Gobierno que el despliegue de Allamand  por el No el 26 de abril “ha logrado adeptos” y que ha conseguido dar vuelta a militantes “más progresistas de RN y piñeristas sin partido”.

Ante este escenario, el especialista en comunicación política, Cristián Leporati, advirtió del error de estos grupos del oficialismo por tratar de desbancar al actual comité político. “Este Gobierno se sostiene en tres ministros, Blumel, Briones y Rubilar, son los que le dan el lado blanco, el lado comunicativo y el lado empático, la mirada dialogante, más blanda. Son ministros que no entran en conflicto y, por lo tanto, no complejizan la relación política y social (...). Eliminar o pensar en que alguno de estos ministros se vaya, es no entender nada de política, no pueden haber dos cambios de ministro del Interior en un plazo breve, sería despedir a este Gobierno”, subrayó.

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