PAÍS
Crédito: Vía Twitter @CIDH
La entrega de las conclusiones y recomendaciones de la visita in loco realizada por una delegación del organismo al país comenzó con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas durante el estallido social que ya se extiende por más de tres meses. En su informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone el dedo en la llaga y “condena el alto número de violaciones de derechos humanos e insta a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia, identificar y sancionar a los responsables”. Además, critica la agenda de seguridad del Gobierno y asegura que el Estado ha actuado con una lógica de “represión y uso desproporcionado de la fuerza” frente a la protesta social. Asimismo, a nivel de recomendaciones, la CIDH señala que el país enfrenta un “trauma extendido en su sociedad que requiere de medidas decisivas” [ACTUALIZADA]
“Chile vive una situación de grave crisis en materia de derechos humanos”. Esa fue la principal conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe preliminar de la visita in loco realizada al país entre el domingo y este viernes para verificar el resguardo de las libertades fundamentales durante el estallido social.
El informe de la CIDH pone el dedo en la llaga, y se suma a reportes como los de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina de la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU, o los elaborados por entidades nacionales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría Jurídica de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
En la presentación del informe, que partió de modo simbólico con un minuto de silencio por las víctimas, el relator Joel Hernández señaló que “los números hablan por sí solos” al referirse a la situación de violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre. De ahí que en este preinforme, la CIDH declara que “condena el alto número de violaciones de derechos humanos e insta a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia identificar y sancionar a los responsables”.
Asimismo, el documento reconoce la “existencia de una sociedad civil vibrante y consciente de sus derechos”, en un país donde hay “deudas históricas en materia de derechos humanos”. “Hay una perpetuación de la impunidad que afecta a toda la sociedad”, señala.
Al abordar el fondo de la crisis, el informe de la CIDH apunta a los “niveles de desigualdad”, expresado por ejemplo en casos como los de profesores pensionados o los habitantes de «Zonas de Sacrificio», quienes prestaron testimonio ante la delegación interamericana.
“Chile ha realizado importantes esfuerzos para incrementar el ingreso económico familiar, pero persisten una pluralidad de problemáticas asociadas a procesos estructurales y obstáculos tanto prácticos como jurídicos para la efectiva realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entre ellos, destaca la insuficiencia de regulación y control de las actividades empresariales que afectan derechos sociales y ambientales”, señala el preinforme.
El organismo admitió la existencia de manifestaciones violentas, aunque enfatizó que “la protesta social es legitima cuando se desarrolla en forma pacífica”. En este contexto, y citando los casos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, señaló que la reacción del Estado frente a la movilización ha sido de “represión y uso desproporcionado de la fuerza”, con prácticas repetitivas como las detenciones masivas y el uso de perdigones y gas lacrimógeno disparado al cuerpo de los manifestantes. A juicio del organismo, queda en evidencia una “falta de alineamiento de los estándares internacionales en la gestión de las protestas”.
Además, en otro llamado de atención a la administración Piñera, cuestiona al Gobierno por el envío al Congreso de paquete de medidas legislativas para endurecer las penas. “No es aceptable el incremento de la criminalización y adoptar medidas que representen una reducción de espacios para la manifestación popular (…) el clamor ciudadano por una vida digna”, dijo al respecto la presidenta del organismo, Esmeralda Arosemena,
A nivel de recomendaciones, la CIDH señala que el país enfrenta un “trauma extendido en su sociedad que requiere de medidas decisivas” y plantea una serie de medidas que “están en línea con la protección, defensa y exigibilidad de los DDHH. Para la CIDH es el enfoque de DD.HH. en las instituciones, políticas públicas, dentro del sistema judicial “el único camino legítimo para que Chile salga de la crisis”.
Entre las medidas planteadas se menciona una reforma a Carabineros de Chile con apego a los derechos humanos, reparación integral para víctimas de violencia ejercida por agentes del Estado, y evitar “tipos penales espurios” para procesos penales en contexto de protesta. Cabe consignar que el informe final estará listo “en los próximos meses”.
