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Polémica en el TC: INDH pide al Ministerio Público investigar denuncia de corrupción lanzada por la presidenta del tribunal

por 20 abril, 2020

Polémica en el TC: INDH pide al Ministerio Público investigar denuncia de corrupción lanzada por la presidenta del tribunal

Crédito: Agencia Uno

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, valoró la “valentía” de María Luisa Brahm, luego que la actual titular del tribunal apuntara a la administración de su antecesor, Iván Aróstica, por tener causas detenidas y así dar pie para un foco de corrupción en el sistema. En tanto, exministros del Tribunal Constitucional también se pronunciaron tras los dichos de Brahm. Para la expresidenta del organismo, Marisol Peña, “sus declaraciones son gravísimas” y “no advierte que está imputando a antiguos y actuales ministros sin perjuicio del expresidente (Aróstica) del delito de prevaricación”.
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La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, destapó la olla al interior de la entidad al apuntar a la administración anterior de Iván Aróstica, a la que acusó de dar pie para un foco de corrupción en el sistema judicial.

Brahm expuso –en una entrevista con La Tercera– que durante el mandato de Iván Aróstica hubo causas detenidas "por mucho tiempo y eso llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite de la corrupción".

Debido a esto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) pidió al Ministerio Público investigar las eventuales irregularidades en la tramitación de causas de crímenes de lesa humanidad en el TC, que han quedado paralizadas mientras el pleno no se pronuncie.

Sobre eso, el director del INDH, Sergio Micco, valoró la "valentía de la presidenta del TC" e hizo un llamado a la Fiscalía para que indague el asunto: "Ello es sumamente grave".

"Como INDH oficiaremos para que se nos informe cuáles son las causas de DD.HH. en las que se habría dilatado su tramitación a fin de favorecer a responsables de violaciones a los DD.HH. Instamos, además, al Ministerio Público a que investigue estos hechos, pues podrían revestir carácter de delito", declaró Micco al citado medio.

Exministros

En tanto, exministros del Tribunal Constitucional consultados por  El Mercurio calificaron de “graves los dichos de Brahm. Para la expresidenta del tribunal, Marisol Peña, “sus declaraciones son gravísimas porque imputan directamente a todos quienes hemos sido ministros en los últimos años”.

A su juicio, Brahm “no advierte que está imputando a antiguos y actuales ministros sin perjuicio del expresidente (Aróstica) del delito de prevaricación” y añadió que “me avergüenza por el tribunal y por la institucionalidad chilena que hoy se ventilen diferencias de criterios en temas personales y de criterio jurídico a través de la prensa”.

En tanto, el exministro José Antonio Viera-Gallo también lamentó que “se produzcan conflictos de esta magnitud al interior del tribunal”, aunque señaló que de los dichos de la presidenta del TC “no saco la conclusión de que puede haber un delito sino que puede haber una conducta muy reprochable”.

 Los argumentos de Brahm

En la entrevista, María Luisa Brahm justificó el desprestigio que posee la entidad ante la ciudadanía, acusando falta del cumplimiento de su rol de manera oportuna y de calidad. "Yo creo que el desprestigio del TC se ha debido básicamente a los malos resultados del TC en el cumplimiento de sus funciones", dijo la abogada en una entrevista publicada este domingo por el diario La Tercera.

"Me parece que el TC de un tribunal boutique que veía 150 causas en un año, se transformó en un tribunal masivo y no supo adaptarse. ¿Qué produjo eso? Un gran atochamiento de causas, mucha demora no solamente en la tramitación, en la dictación de sentencias, suspensión de causas base y eso generó todo tipo de dificultades. Ahí se empieza a cuestionar a un órgano que no cumple sus funciones", explicó la exasesora del Presidente Piñera. Entre estas causas dilatadas, se encontraban varias sobre Derechos Humanos.

Sus declaraciones se dan luego del quiebre al interior del tribunal tras la votación y rechazo al requerimiento de gran parte de los parlamentarios de Chile Vamos, que acusaron discriminación por no incluir a los presos de Punta Peuco en la ley de conmutación de penas promulgada por La Moneda.

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