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El parlamentario DC reaccionó a la publicación sobre Francisco Rodríguez, jefe de la División de Gobierno Digital, denunciada ese lunes en El Mostrador. “No basta solo con un sumario administrativo, sino que eventualmente pudiesen haber elementos de corrupción que ameriten una investigación más profunda, por ejemplo, del Ministerio Público”, señaló. La denuncia también generó indignación a nivel de los funcionarios de Segpres. “Esto genera vergüenza, estamos muy molestos”, dijo la dirigenta Marion Pacheco.
El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Silber, calificó como «grave» el sumario en contra del jefe de la División de Gobierno Digital, Francisco Rodríguez Landaeta, por «adecuar» las bases de una licitación pública «a la medida» de un oferente en particular, hecho denunciado este lunes por el diario El Mostrador, y anunció que presentará un oficio ante la Contraloría General de la República.
«Nosotros vamos a solicitar a la Contraloría General de la República para que (…) siga adelante en la inspección de un sumario administrativo desde el órgano contralor, con mayor autonomía e independencia que la que hasta ahora ha sido decretada por parte de las autoridades de La Moneda», dijo Silber a El Mostrador, refiriéndose al sumario que abrió la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en contra de Rodríguez.
Para el parlamentario, «no basta solo con un sumario administrativo, sino que eventualmente pudiesen haber elementos de corrupción que ameriten una investigación más profunda, por ejemplo, del Ministerio Público, para saber si es que existen otros correos del señor Rodríguez con el mismo proveedor o con otros proveedores, si es que es un patrón habitual respecto a este funcionario el violar la independencia del oferente a la hora de licitar, en este caso, recursos públicos donde la probidad es muy importante».
«Son tan graves los hechos que no puede ser otro funcionario de confianza quien siga adelante este sumario administrativo, que debe ser prístino en este caso e independiente respecto a sus conclusiones, e incluso evaluar la propia suspensión del funcionario público», agregó.
«Nosotros creemos que en medio de una pandemia, la inversión de cada recurso público importa, y la probidad es un principio sustantivo para los funcionarios públicos, más aún en términos de pandemia donde debemos focalizar y cuidar cada peso del erario nacional», dijo el militante DC.
Sobre este caso también se refirió el diputado del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez, quien a través de su cuenta de Twitter sostuvo: «Grave caso de #corrupcion en el gobierno empresarial de Piñera. Mientras la ciudadanía se preocupa por salvaguardar sus vidas, funcionarios del gobierno de PIÑERA hacen licitaciones con nombre y apellido».
La denuncia también generó indignación a nivel de los funcionarios de Segpres. “A nombre de la asociación de funcionarios estamos muy molestos. Genera una vergüenza porque verse expuestos ante una situación así, otra vez con jefaturas, es lamentable porque se trata de un suma y sigue”, expresó Marion Pacheco presidente de la asociación a este medio.
En cuanto a la responsabilidad de Rodríguez, la dirigente dijo que “hay que ser cautelosos mientras haya una investigación en curso. Ahora, si se determina su responsabilidad en el asunto que se investiga, nosotros seremos los primeros en pedir las sanciones máximas”.
La compleja trama, que se maneja con absoluta reserva en la Secretaría General de la Presidencia y de la cual el equipo de asesores del segundo piso tiene pleno conocimiento, se desencadenó justo una semana antes del estallido social, cuando el fiscal de la Segpres, Matías Cox, abrió un sumario contra Rodríguez por una serie de hechos, que podrían constituir infracciones, en relación con la licitación pública para la actualización de la plataforma de datos abiertos, DataChile. Esta plataforma, cuya empresa responsable es DataWheel Chile Spa, es liderada por el científico chileno y profesor del MIT, César Hidalgo.
Originalmente la «Plataforma tecnológica interactiva para la visualización de datos abiertos para estimular la competitividad en Chile», fue una iniciativa Corfo aprobada el 2016 y que tenía como contraparte a la Direcon.
En 2018, a través de una «carta compromiso», la Segpres –en calidad de mandante– se hace cargo de DataChile y, con ello, también «las mantenciones operativas y actualizaciones básicas de la plataforma». Los costos asociados a esta etapa, establecidos por convenio marco, debían ser asumidos por la Segpres y DataWheel Chile Spa.
Hasta ahí todo bien. El problema surgió cuando, dentro de las mantenciones, se añadió la necesidad de incorporar el levantamiento de información de usuarios y el uso de licencias, que tienen costos adicionales. Como ambas cosas no estaban explícitas en el convenio de transferencia, se inició un proceso de licitación pública, para lo cual se comenzó a trabajar en las bases de licitación.
