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Crédito: Agencia UNO
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, justificó la situación, señalando que “es bastante común y normal que entre instituciones del Estado se realicen convenios”. Además, sostuvo que no hay nada de irregular porque el acuerdo era de conocimiento público y “se encuentra alojado en la página de Transparencia del Sename”. Pese a que el ministro no fue al fondo de los cuestionamientos, desde el Consejo para la Transparencia se pidió “repensar” el convenio y la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, también se mostró indignada, asegurando que “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, tanto a nivel nacional como internacional, para que quede sin efecto”. A nivel parlamentario, el diputado independiente René Saffirio lo catalogó de “ilegal e inconstitucional” y amenazó con un recurso de protección, mientras el diputado PS Raúl Leiva pidió una citación de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados.
El convenio de colaboración y coordinación suscrito entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) ha generado un hondo revuelo, al punto que varios actores -como el Consejo para la Transparencia y la Defensoría de la Niñez-, además de parlamentarios, han anunciado acciones para dejarlo sin efecto.
Sin embargo, desde el Gobierno desdramatizaron el convenio. Consultado al respecto esta jornada en un punto de prensa, tras una reunión con alcaldes en La Moneda, el ministro del Interior Gonzalo Blumel comentó que “es bastante común y normal que entre instituciones del Estado se realicen convenios. Ese convenio era público y se encuentra alojado en la página de Transparencia del Sename”.
Por lo tanto, acotó el jefe de gabinete, “no tiene mayor elemento de novedad y se rige por normas muy estrictas de manejo de la información (…), no tiene mas significado que la colaboración en el manejo de la información”, dijo sin ir al fondo de los cuestionamientos al convenio.
En cambio, el Consejo para la Transparencia alertó que el convenio “no se ajusta a la garantía constitucional de protección de datos en niños, niñas y adolescentes, por lo que invitamos a repensarlo”, sostuvo el presidente del organismo, Jorge Jaraquemada.
El directivo recordó que en la jurisprudencia y pronunciamientos reiterados del Consejo para la Transparencia, los datos de niños, niñas y adolescentes son de características especialmente sensibles, “por cuanto estos pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de los mismos”. Lo anterior aparece reforzado -agregó- “si consideramos la circunstancia de que se trata de menores de edad que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad”.
A juicio del presidente del Consejo, “la ley vigente en materia de protección de datos personales establece un estatuto especial de protección de los datos sensibles (…). Nuevamente vemos que existe un problema de juicio al ponderar correctamente la colisión de derechos entre transparencia y datos personales, hecho que debemos corregir a la brevedad”, sostuvo, añadiendo que se puede subsanar este tipo de debilidades en materia de protección de datos personales y sensibles tanto en la tramitación del proyecto de ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado como el sistema legal de protección de datos.
Por otra parte, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, también se mostró indignada, señalando que «esto surge por el estallido social y no me vengan con cuentos. Como Defensoría de la Niñez vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, tanto a nivel nacional como internacional, para que este convenio quede sin efecto», dijo en el matinal de El Desconcierto.
En tanto, el diputado independiente René Saffirio pidió que el convenio se deje sin efecto “por ilegal e inconstitucional”. “Si llega a ser necesario recurriré con un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago, en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, anunció el legislador.
A esto se sumó el senador PPD Felipe Harboe, quien solicitó directamente al ministro de Justicia, Hernán Larraín, que “deje sin efecto ese convenio y se proteja a aquellos niños que requieren hoy día un mayor nivel de protección y, ojalá, de reinserción en la sociedad”.
“No es adecuado que se transfieran esos datos, porque usted bien sabe que lamentablemente no tenemos garantías de que esos datos sean bien resguardados y terminen estigmatizando a niños, niñas y adolescentes que ya parten con una condición extremadamente débil (…). La estigmatización no es el camino para ayudar a esos niños”, indicó.
En tanto, el diputado socialista Raúl Leiva comentó que se trata de “una situación gravísima que vulnera derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, donde participa la ANI y debe controlarse a la brevedad».
Por eso, solicitó citar a la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados, a la Defensora de la Niñez, al director de la ANI, y a la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, Alicia del Basto.
“Estamos frente a una situación que, a lo menos, es irregular y que en cualquier Estado de derecho, que se precie de tal, debiera ser cuestionada. Lo que se pretende es obtener información de menores de edad, que se encuentran al resguardo del Sename, vulnerando eventualmente sus garantías para producir inteligencia, criminalizando y estigmatizando a niñas, niños y adolescentes. Debe esclarecerse la forma de operar y el tipo de información a la que se accede, mucha de ella eventualmente amparada por la protección necesaria a menores de edad”, sostuvo.
