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En una declaración conjunta entre el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical), la Fundación por la Democracia (FPD) e Igualdad, señalaron que este llamado se fundamenta en los «contundentes pronunciamientos de entidades autónomas expertas en la materia, como: la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el INDH y el Consejo para la Transparencia».
Los centros de estudios de los partidos de oposición hicieron un llamado a los ministros de Justicia e Interior, Hernán Larraín y Gonzalo Blumel respectivamente, para que dejen sin efecto el convenio suscrito entre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Servicio Nacional de Menores (Sename), por representar una «grave vulneración a los derechos humanos fundamentales de la niñez y adolescencia».
En una declaración conjunta entre el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical), la Fundación por la Democracia (FPD) e Igualdad, señalaron que este llamado se fundamenta en los «contundentes pronunciamientos de entidades autónomas expertas en la materia, como: la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el INDH y el Consejo
para la Transparencia, siendo éste último, cuerpo colegiado pluralista cuyos integrantes profesan distintos pensamientos políticos, y que es concluyente al establecer que el convenio entre SENAME y la ANI ‘no se ajusta a la garantía constitucional de protección de datos en niños, niñas y adolescentes'».
También instaron al mundo político y parlamentario a «darle la debida prioridad y relevancia al proceso de tramitación legislativa que busca instalar un Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y que constituye el marco general imprescindible para asegurar la protección integral de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes y que, por lo mismo, debe preceder a la reforma del Sename».
Finalmente, emplazaron al Congreso y al Ejecutivo a «revisar el Proyecto de Ley que Moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, que se encuentra en segundo trámite constitucional, a la luz del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, y que se otorguen facultades a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, dentro de las normas que regulan la fiscalización y rendición de cuentas que tendrá el nuevo sistema».
