Más allá de Quiroz: las tareas pendientes para una protección efectiva del santuario Dunar

La controversia en torno al proyecto inmobiliario del edificio Alto Santorini volvió a instalar al Campo Dunar de Concón en la discusión pública. La aprobación ambiental de un proyecto colindante al Santuario, pese a que Sernageomin mantuvo reparos técnicos vinculados a riesgos de remoción en masa, y los antecedentes conocidos posteriormente respecto de la participación del hermano del ministro de Hacienda en la iniciativa, justifican preguntas legítimas sobre cómo se evaluó el proyecto y sobre los estándares de transparencia que deben exigirse en estas decisiones. Alto Santorini obtuvo finalmente una RCA favorable después de siete años de tramitación y de haber sido obligado por la Corte Suprema a ingresar al sistema de evaluación ambiental.

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Pero sería un error reducir nuevamente el problema del Campo Dunar a una polémica particular, a un apellido o incluso a un proyecto inmobiliario. En paralelo sigue abierto el conflicto por Makroceano y Reconsa, cuyos Estudios de Impacto Ambiental habían sido rechazado regionalmente y, a pocos días de terminar el gobierno del Presidente Boric, ambas decisiones fueron revertidas por el Comité de Ministros. Ambas aprobaciones están siendo cuestionadas ante la justicia ambiental. Son casos distintos, pero ellos vuelven a mostrar una realidad conocida: el Santuario continúa sometido a una presión inmobiliaria permanente y cada proyecto obliga a iniciar una nueva batalla para defender un ecosistema que el propio Estado reconoce como extremadamente frágil.

El problema es que llevamos demasiados años protegiendo el Campo Dunar proyecto por proyecto. Cada nueva amenaza activa recursos administrativos, tribunales, estudios técnicos, organizaciones ciudadanas y años de litigación. Esa defensa seguirá siendo necesaria mientras existan proyectos que puedan afectar al Santuario, pero no puede reemplazar una política permanente de conservación.

La primera tarea pendiente es bastante básica: hacer efectivo el Plan de Manejo aprobado en 2021. Ese instrumento ya identifica a la expansión urbana y a las obras civiles entre las principales amenazas para el sistema dunar. Sin embargo, disponer de un plan y aplicarlo son cosas muy diferentes. Su existencia debe traducirse en fiscalización, manejo de accesos, control de actividades incompatibles, recuperación de sectores deteriorados, coordinación institucional y una gestión permanente del Santuario. Un Plan de Manejo que solo aparece cuando surge un conflicto inmobiliario termina convertido en una declaración de buenas intenciones.

La segunda oportunidad está abierta por la Ley 21.600 y la entrada en funcionamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Los actuales santuarios deben ser homologados a las nuevas categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ese proceso no puede reducir su nivel de protección ni su superficie. En el caso de Concón, debe aprovecharse para discutir seriamente qué categoría permite proteger de mejor manera este ecosistema, cuáles serán sus objetivos de conservación y con qué instrumentos concretos contará para cumplirlos. No podemos permitir que el cambio institucional consista simplemente en reemplazar un nombre por otro.

La tercera tarea es probablemente la más importante: dejar de pensar el Santuario exclusivamente dentro de sus actuales 30 hectáreas. El campo dunar remanente es mayor. Existen cerca de 50 hectáreas de dunas que, bajo distintas figuras de protección, conforman una misma unidad natural. La aspiración debe ser avanzar hacia una protección integral de ese territorio, incorporando progresivamente al Santuario aquellas áreas que hoy permanecen fuera de su polígono formal pero que ecológica y geomorfológicamente forman parte del mismo sistema. La naturaleza no reconoce las líneas que dibujamos en un plano.

Y esa misma lógica obliga a abordar una cuarta tarea: una zona de amortiguación efectiva alrededor de todo el Santuario. No basta con proteger uno de sus costados mientras proyectos de gran escala pueden emplazarse prácticamente sobre otros límites. Un ecosistema extremadamente frágil necesita una transición adecuada entre el área protegida y la ciudad. La presión urbana, la intervención humana, el tránsito, las excavaciones, las modificaciones de suelo y las construcciones no dejan de generar efectos simplemente porque ocurran algunos metros fuera de una línea administrativa.

El Campo Dunar ha sobrevivido a décadas de expansión inmobiliaria, decisiones contradictorias y una protección institucional muchas veces tardía. También ha demostrado que la movilización ciudadana (especialmente la Fundación Yarur Bascuñán) y las acciones jurídicas pueden cambiar el curso de proyectos que parecían inevitables. Pero el objetivo no puede ser seguir ganando o perdiendo conflictos uno por uno.

Más allá de Quiroz, de Alto Santorini o de Makroceano, la verdadera discusión es qué queremos hacer con lo que queda del Campo Dunar de Concón. Aplicar efectivamente su Plan de Manejo, aprovechar responsablemente la nueva institucionalidad del SBAP, avanzar hacia la protección de las cerca de 50 hectáreas remanentes y establecer una zona de amortiguación real en todo su contorno son tareas concretas y posibles.

Después de tantos años de advertencias, litigios y socavones, proteger el Santuario no debería depender del próximo escándalo que vuelva a ponerlo en las noticias. La verdadera protección comienza precisamente cuando deja de ser necesaria una crisis para que el Estado actúe.