Un Estado más duro no es necesariamente un Estado más fuerte

La discusión sobre seguridad parece comenzar por el final. Frente al avance del crimen organizado, el Gobierno del presidente Kast propone un nuevo estado de excepción, ampliar las posibilidades de intervención de las Fuerzas Armadas, crear un registro de organizaciones criminales y establecer restricciones de ciertos derechos para condenados por determinados delitos. Son instrumentos jurídicamente distintos, pero comparten una característica: amplían el poder del Estado para responder a amenazas graves. La pregunta es si aumenta en igual medida su capacidad para decidir correctamente bajo incertidumbre.

El problema no es la firmeza. El crimen organizado exige coerción, cárceles seguras, control territorial y fronterizo, persecución patrimonial y, cuando corresponda, facultades extraordinarias. Tampoco se trata de que toda política severa constituya populismo penal. El problema comienza cuando la demostración pública de severidad sustituye la obligación de demostrar eficacia, necesidad y proporcionalidad.

David Garland ha insistido recientemente en esa distinción. El populismo penal no consiste simplemente en castigar más, sino en una forma de construir política criminal donde la respuesta políticamente atractiva puede desplazar la evidencia, el conocimiento experto y la evaluación de resultados. Existe una razón: desplegar militares, aumentar penas o anunciar medidas excepcionales comunica autoridad inmediatamente. Construir inteligencia, integrar información, seguir dinero y contrastar hipótesis produce menos imágenes y exige más tiempo.

Ante una amenaza inminente, por supuesto, el Estado debe actuar incluso con información incompleta. Evacuar un recinto o proteger potenciales víctimas no puede esperar certeza, pero una decisión preventiva reversible y el ejercicio sostenido de facultades extraordinarias exigen umbrales justificatorios diferentes. Cuanto mayor sea la afectación de derechos, mayor debe ser la evidencia requerida para sostenerla.

Éste es también un problema de inteligencia. El Estado nunca observa una organización completa. Observa rastros: comunicaciones, transacciones, desplazamientos, relaciones y conductas, y a partir de ellos construye una representación provisional de la amenaza. Datos no son inteligencia y una representación de la red no es la red misma. Siempre habrá conexiones desconocidas, información contradictoria, engaño deliberado y actores que nuestros sistemas simplemente no observan.

La inteligencia, por tanto, no elimina la incertidumbre. Convierte información dispersa en inferencias suficientemente fundadas para orientar decisiones bajo incertidumbre. Y tampoco constituye una etapa que simplemente precede a la acción. El ciclo es continuo: indicios, hipótesis, recolección, análisis, decisión, intervención, nueva evidencia y reevaluación. Una detención puede revelar conexiones; una incautación, rutas; una operación financiera, beneficiarios. La acción produce información y obliga a revisar lo que creíamos saber.

Sin embargo, mientras las amenazas se organizan según oportunidades, el Estado continúa organizado según competencias: una institución observa explotación sexual; otra, extremismo; otra, ciberdelito; otra, amenazas; otra, movimientos financieros. Cada una puede disponer de información correcta y, sin embargo, ninguna comprender suficientemente el fenómeno.

Por eso la pregunta relevante para Chile no es cuánto sabe cada organismo, sino dónde se integran y contrastan esos conocimientos. Policías, Aduanas, UAF, Gendarmería, sistema tributario, autoridad marítima, migraciones e inteligencia pueden observar distintas capas de una misma amenaza. El desafío no consiste necesariamente en crear otra “superagencia”, sino en construir interoperabilidad, análisis conjunto, diversidad de fuentes, responsabilidades claras y capacidad institucional para sostener hipótesis rivales.

Esto último importa. Más datos no significan necesariamente mejor evidencia. Si cinco organismos reproducen la misma fuente equivocada, cinco informes coincidentes no constituyen cinco confirmaciones independientes. Una buena arquitectura de inteligencia necesita integración, pero también discrepancia analítica. Debe poder preguntar no solo qué evidencia confirma una hipótesis, sino qué evidencia permitiría demostrar que estamos equivocados.

La dimensión financiera ofrece un buen ejemplo. Una organización puede reemplazar vendedores, teléfonos, vehículos e incluso dirigentes. Pero necesita financiar operaciones, mover ganancias y convertir rentas ilícitas en patrimonio. Seguir personas permite identificar integrantes; integrar personas, comunicaciones, mercancías y dinero permite construir una representación más robusta de la organización. Incluso entonces debemos distinguir posición de función: que alguien aparezca altamente conectado no demuestra que su neutralización vaya a degradar la red.

La diferencia es causal. Antes de intervenir un supuesto nodo crítico debería existir una hipótesis: si neutralizamos esta función, esperamos reducir determinada capacidad porque su sustitución es costosa o difícil. De lo contrario, podemos confundir aquello que resulta más visible con aquello que realmente sostiene a la organización.

Esto obliga también a revisar cómo medimos éxito. Detenciones, decomisos, controles y allanamientos miden actividad estatal, no necesariamente efectos. Una operación puede ser tácticamente exitosa y estratégicamente irrelevante si los detenidos son reemplazables y la organización conserva financiamiento, logística, reclutamiento y conexiones internacionales. Pero tampoco basta observar menor actividad después de intervenir: la red puede haberse debilitado, haber cambiado de canal o simplemente haberse vuelto menos visible para nosotros.

Evaluar degradación exige, por ello, indicadores distintos y reevaluación permanente. Las organizaciones criminales no son objetos pasivos. Aprenden. Una intervención les revela qué sabe el Estado, qué rutas conoce y qué conductas observa. La persecución modifica aquello que intenta conocer.

Desde esa perspectiva deben examinarse las nuevas facultades propuestas por el gobierno. El registro de organizaciones criminales resulta especialmente delicado, porque las propias clasificaciones estatales pueden modificar el comportamiento de los actores: fragmentarse, cambiar de nombre, evitar membresías formales o utilizar intermediarios. Pertenecer, colaborar, financiar, difundir contenidos o mantener contacto con miembros de una organización tampoco son conductas equivalentes.

Aquí aparece una distinción decisiva. Toda política de seguridad enfrenta falsos negativos —no identificar una amenaza real— y falsos positivos —atribuir peligrosidad a quien no la ostenta—. Frente a una amenaza inmediata, puede ser razonable tolerar mayor riesgo de error para adoptar una medida preventiva y reversible. Pero cuando aumentan la duración de la intervención y la afectación de derechos, debe elevarse también el estándar de justificación.

La inteligencia puede identificar riesgos, construir hipótesis y decirle al Estado dónde mirar. No puede sustituir la prueba con la que un tribunal condena. Una política criminal seria debe distinguir inteligencia y prevención, investigación y atribución individual, y finalmente juzgamiento y pena. Cada etapa trabaja con umbrales, instituciones y garantías diferentes.

Lo mismo vale para las restricciones de derechos propuestas para personas condenadas por crimen organizado o terrorismo. La pregunta no es si esos delitos merecen sanciones severas. Las merecen. La cuestión es qué finalidad cumple cada consecuencia adicional, qué relación guarda con el delito y si supera un examen de proporcionalidad. Cuando agregar privaciones solo aumenta la intensidad simbólica del castigo, la política penal comienza a sustituir eficacia por expresividad.

Las objeciones surgidas dentro del propio oficialismo sobre separación de poderes y límites al nuevo estado de excepción tampoco son obstáculos formales frente a la urgencia. Son mecanismos para corregir decisiones adoptadas inevitablemente con información incompleta. Y cuanto más integrada sea la inteligencia estatal, más importantes serán la trazabilidad, la auditoría, el control judicial cuando corresponda y la supervisión democrática. Mayor capacidad también amplifica las consecuencias de equivocarse.

Chile necesita discutir qué facultades adicionales requiere para enfrentar el crimen organizado, pero el problema de la propuesta del gobierno no es simplemente que entregue demasiada fuerza al Estado: es que discute la expansión de esa fuerza antes de demostrar que existe una arquitectura capaz de orientar decisiones bajo incertidumbre, distinguir hechos de hipótesis, contrastar explicaciones rivales, protegerse de infiltraciones y aprender de sus errores.

Un Estado fuerte no es aquel que elimina la incertidumbre: ningún Estado puede hacerlo. Es aquel que distingue lo que sabe de lo que supone, actúa con umbrales proporcionales a las consecuencias de equivocarse y cambia de decisión cuando la evidencia contradice sus hipótesis.

El derecho debe impedir que el Estado golpee a ciegas. La inteligencia debe reducir la probabilidad de que se equivoque de blanco, porque cuanto más falible es nuestro conocimiento, más exigentes deben ser las reglas que gobiernan el poder.