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Las tasas de deserción, congelamiento y morosidad en aranceles podrían llevar a la disminución de $146 mil millones en los ingresos, según el CRUCh. Una situación que golpearía principalmente a las universidades privadas no adscritas a la gratuidad, que tienen copago de arancel. Desde este sector ha salido la propuesta de un nuevo CAE, con 0% de interés para los estudiantes. Por otra parte, ya se habla de un fondo especial, lo que reabre el debate sobre quiénes deben costear el golpe de la crisis por la pandemia: los estudiantes o las instituciones. Pese a que el ministro Raúl Figueroa no se ha referido a las propuestas, el Ejecutivo habría reactivado las conversaciones con la oposición para agilizar la tramitación del denominado CAE 2.0.
La pandemia del coronavirus ha agudizado la crisis económica que ha atravesado el sistema de educación superior en el país. La falta de recursos en las familias de los sectores más pobres ha llevado a que el gasto en la matrícula pase a segundo plano y ha puesto en jaque los aranceles, el eje central del sistema de financiamiento de universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.
El Consejo de Rectores (CRUCh) elaboró un informe en el que calculó que sus 30 universidades integrantes tendrán una disminución de $146 mil millones en su presupuesto anual, como efecto directo de la pandemia. Según el documento entregado a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, los ingresos por aranceles en estas casas de estudios superiores han disminuido en $62 mil millones y se espera que la cifra aumente a los $79 mil millones para fin de año. Caída que se justifica por la baja de las matrículas, que llega al 10% para este 2020, y por el cese de pago de arancel y repactaciones para los alumnos sin beneficios estudiantiles o con un margen de copago.
En las universidades privadas no tradicionales aún no tienen un diagnóstico claro. El rector de la Universidad San Sebastián (USS), Carlos Williamson, destacó que marzo fue un mes “normal”, pero que en abril comenzaron los problemas: “La tasa de morosidad en las universidades se duplicó respecto a abril de 2019. Fue la primera señal de alerta. Esto se va a ir complicando a medida que avanzan los meses, esta es una crisis que está partiendo”. Hasta el momento en la USS se han renegociado las cuotas de 1.500 alumnos, más del 10% de los estudiantes de los primeros quintiles de la institución.
El director de Nodo XXI y especialista en educación, Víctor Orellana, afirmó que el impacto de la pandemia para el sistema de educación superior será “severo”, debido al congelamiento del año y el no pago del arancel. “Las instituciones con gratuidad tienen un ingreso estable en el tiempo y asegurado, el problema lo tienen las universidades que tienen estudiantes que desertan mucho y ejercen la garantía del Crédito con Aval del Estado, pero no tienen gratuidad. A esto se suma la crisis que deja la gratuidad en universidades complejas, entonces, son varias crisis que hacen difícil olvidar los problemas estructurales del sistema de educación superior, una crisis de financiamiento que se va a hacer más clara en unos años más”.
Ante el incierto panorama, la idea de un “salvataje” por parte del Estado en un futuro próximo, se está instalando entre las distintas instituciones, las que ya han comenzado a elaborar y presentar propuestas para lograr sortear la crisis. En este contexto, desde las propias universidades del Estado ya se preguntan quién deberá cargar con los costos de esta crisis gatillada por el coronavirus y advierten que “los estudiantes pueden ser los más perjudicados”.
[cita tipo=»destaque»]La salida que se estaría elaborando por parte del Mineduc sería la agilización de la tramitación del denominado CAE 2.0, que fue ingresado en 2018 al Congreso. Varios parlamentarios del oficialismo han apuntado a esta herramienta como una salida a la crisis de los aranceles, y el Ejecutivo ya habría retomado las conversaciones con la oposición para poder sacar el proyecto adelante. Es más, dentro del Congreso algunos lo ven como una “moneda de cambio” entre el proyecto que busca limitar el cobro arancelario que ha sido propuesto por parlamentarios de la oposición.[/cita]
Desde el CRUCh han solicitado que se derogue el artículo que prohíbe el cobro de aranceles a estudiantes que pierden gratuidad por duración de sus estudios, que no se restrinja el uso del 30% de libre disponibilidad de Crédito Fondo Solidario, abrir nuevamente el registro del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), ampliar la postulación a ayudas estudiantiles y que no se suspenda el pago de ayudas estudiantiles en caso de que el estudiante congele el año académico. Desde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), también han pedido que no se cuente el 2020 como año académico para las ayudas estudiantiles, como la gratuidad. Por otra parte, las universidades privadas fuera del CRUCh ha sugerido la idea de entregar un segundo crédito a los estudiantes que no pueden financiar el copago de arancel.
Los ejes de estas propuestas se mueven entre aportes basales, becas provisorias y nuevos créditos de emergencia para los estudiantes. La única fórmula que rechazan todos los rectores y rectoras es la posibilidad de suspender o rebajar los aranceles, una idea que se ha concretado en un proyecto de ley presentado por los diputados Maya Fernández (PS) y Alejandro Santana (RN), que se encuentra en discusión en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados y que tiene el respaldo de la oposición y parte de las bancadas de Chile Vamos, incluido el diputado UDI, Jaime Bellolio, quien intercedió ante el Ministerio de Educación para pedir el patrocinio del Ejecutivo, a lo que aún no ha tenido respuesta.
En sesión de la comisión, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, señaló que el Gobierno no está a favor del proyecto y explicó que reabrir el proceso de postulación del FUAS tendría un costo de US$132 millones, por lo que los alumnos deberán entregar nuevos antecedentes en un proceso de apelación, si su situación económica cambió. La autoridad del Mineduc también descartó la idea de generar un fondo especial de ayudas a la universidades, al menos en el contexto del proyecto tramitado en la Cámara.
Durante el último mes, dos voces desde el mundo privado fuera del CRUCh salieron a advertir sobre la inminente crisis de financiamiento de las casas de estudios superiores: el rector de la USS y parte del Instituto Libertad y Desarrollo, Carlos Williamson, y el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés Lafontaine, quien dijo en entrevista a El Mercurio que “esta idea de rebajar los ingresos, como solución o panacea, puede terminar provocando una crisis de proporciones”. Ambas universidades no están adscritas a la gratuidad, por lo tanto, dependen directamente del pago de ayudas estudiantiles como el CAE y el copago de arancel, que puede llegar a representar el 88% de los ingresos de sus establecimientos, según el propio rector Valdés.
La propuesta más concreta ha sido entregada por el rector Williamson. En conversación con El Mostrador, explicó que su idea se basa en la entrega de un nuevo crédito con garantía estatal para los estudiantes que no pueden financiar el copago. Una especie de Fogape o un nuevo CAE, que se pague 4 años después, tras el egreso del alumno, con una tasa de interés 0%. “Cálculo que si al 20% – 30% de los estudiantes vulnerables de la educación superior le generan un puente de ese tamaño, se necesitan algo así de US$100 millones y hoy se están destinando a ayuda US$2 mil millones”, precisó el rector de la USS.
Ante la pregunta de si más deuda podría desincentivar el seguir estudiando y preferir congelar, debido a la alta carga que ya tienen los estudiantes con el actual CAE –que llega en promedio a los $9 millones, sumado esto a las altas tasas de morosidad y el alza en el desempleo–, Williamson indicó que el nuevo crédito no debería alterar el techo máximo de un 10% del salario que tiene actualmente el CAE y que “la idea no es darle una mochila que no puedan pagar”.
El rector planteó que “el problema es que el copago existe y lo paga la familia. Eso a mi juicio es bastante injusto, la idea es que lo pague el egresado, pero no más del 10%”. Williamson agregó que no le gusta el sistema que incluye el copago, cree que se debe avanzar hacia un aporte basal, pero que este ha de ir acompañado de un convenio de desempeño entre el Mineduc y la instituciones, privadas, tradicionales o estatales.
Ante la pregunta de si no han pensado adscribirse a la gratuidad, como recientemente lo anunció la Universidad Mayor, para lograr asegurar una parte de los aranceles, el rector sostuvo que “con la gratuidad se genera un impacto en los aranceles, el impacto en la caja es mucho mayor. En la Universidad San Sebastián hemos hecho los cálculos y la gratuidad nos hace desviar completamente un proyecto de excelencia académica” y, como el proceso tarda dos años, reconoció que en estos momentos “no es un camino disponible para una universidad”.
Una crítica transversal desde todos los sectores de la educación superior es la falta de proactividad del ministro de Educación, Raúl Figueroa, y del subsecretario Vargas. “Hay falta de voluntad política de parte del Gobierno, está apostando que todas estas medidas paliativas ayudan a los problemas más urgentes, pero esos paliativos no sirven para que los estudiantes sigan educándose. No podemos trancar este vehículo a la espera de los tiempos mejores, porque no hay tiempo”, sentenció Williamson.
Víctor Orellana, especialista en educación, advirtió que “el Gobierno no tiene una política para la educación superior como rol social. Para ellos, más recursos significan un gasto, no una inversión para el país. En mi opinión, el Gobierno no va a relevar esto, porque va a concentrar sus esfuerzos en la educación escolar, pero puede terminar siendo arrastrado por las presiones empresariales para que las medidas se ajusten a las necesidades de estos grupos de interés. No descartaría que ocurra un rescate, una especie de Cencosud académico, de aseguramiento de los sostenedores, en detrimento de los estudiantes”.
Agregó que la idea de entregar un nuevo crédito con base en el sistema financiero va a llevar a que la banca presione por mayores garantías: “Toda la línea que está siguiendo el Gobierno es apoyar a las grandes empresas, un crédito sería una muy mala señal, porque subvencionas un sistema que genera deuda, la educación superior es adicta a la deuda con respaldo estatal. Puede ser un rescate inútil. La pregunta es a quién rescatas: a la función social de la institución o al sostenedor (…). El problema son universidades privadas, hay que tener una discusión sobre su función social y resguardarla. Si el Estado va a incurrir en un gasto, se debe asegurar el trabajo”.
La salida que se estaría elaborando por parte del Mineduc sería la agilización de la tramitación del denominado CAE 2.0, que fue ingresado en 2018 al Congreso. Varios parlamentarios del oficialismo han apuntado a esta herramienta como una salida a la crisis de los aranceles, y el Ejecutivo ya habría retomado las conversaciones con la oposición para poder sacar el proyecto adelante. Es más, dentro del Congreso algunos lo ven como una “moneda de cambio” entre el proyecto que busca limitar el cobro arancelario que ha sido propuesto por parlamentarios de la oposición.
La crisis de financiamiento que trajo consigo la implementación de la gratuidad, llevó a que durante el año pasado, en la Comisión Mixta de Presupuesto, se decidiera convocar a una Mesa Técnica de Financiamiento para la Educación Superior, en la que se está evaluando el sistema de becas y créditos de dicho ámbito. La instancia, que es dirigida por el subsecretario Vargas, espera entregar un informe a fines de junio al Congreso, con una propuesta para mejorar el sistema que ha estado basado en la lógica del voucher.
Hasta el momento han tenido dos sesiones, el 23 de abril y 7 de mayo. Según sus asistentes, han estado centradas en la exposición del Mineduc acerca de la situación actual del sistema de créditos (CAE y Fondo Solidario). Según fuentes de la instancia, el objetivo del Gobierno apuntaría a consolidar un sistema de financiamiento basado en la convivencia de la gratuidad con el sistema de créditos unificado que propuso el Ejecutivo, a través del proyecto de ley ingresado en 2018, conocido como el CAE 2.0. Mientras, la mayoría de los rectores apuntarían a la necesidad de avanzar hacia aportes basales para las instituciones.
Un elemento que ha llamado la atención respecto a la Mesa Técnica es su composición, definida desde la Subsecretaría de Educación Superior y dividida entre actores institucionales –como el CUECh, el CRUCh, la Red de CFT Estatales y los CFT e IP privados–, más universidades privadas fuera del CRUCh, especialistas de centros de pensamiento y asesores parlamentarios. De acuerdo a fuentes del mundo educacional, esta mesa estaría “cargada ideológicamente hacia el Gobierno”, lo que implicaría que los cambios apuntarán hacia la idea de consolidar el financiamiento vía oferta y demanda.
El subsecretario Vargas es ingeniero comercial de la PUC, máster en Filosofía, fue asesor del Mineduc en Ayudas Estudiantiles durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera y antes de asumir la dirección de la Divesup, en 2018, ocupó el cargo de vicerrector de Pregrado de la Universidad Del Desarrollo en Santiago. Fue gerente de Finanzas Corporativas en LarrainVial y representando a la corredora ocupó el cargo de director de Azul Azul S.A. y también en la Universidad Santo Tomás, donde asesoró a esta casa de estudios respecto del manejo de su patrimonio.
En la mesa técnica también están el rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, su par de la Universidad de Chile y presidente del CUECh, Ennio Vivaldi, y el rector del CFT Estatal de la Región de Valparaíso, Rodrigo Jarufe.
En representación de los IP y CFT privados, están Velko Petric, vicerrector económico de DUOC UC, y Juan Pablo Guzmán, que preside Vertebral, institución que reúne a 23 IP y CFT acreditados y uno de los principales actores que presionó para que la gratuidad se expandiera al mundo técnico, lo que ocurrió en abril de 2018, cuando se amplió a estudiantes del séptimo decil de instituciones con cuatro años de acreditación, límite de calidad que no dejó tranquilo a Vertebral, ya que apostaban a que se exigieran tres años de acreditación.
Guzmán es rector del IP y del CFT Santo Tomás, instituciones que hasta 2018 eran sociedades limitadas y cambiaron a ser corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, para poder acceder a la gratuidad a partir de 2021. Cabe destacar que –según informaron fuentes a El Mostrador en marzo– en algunos centros de la UST el Mineduc comenzó a testear la nueva prueba de selección universitaria que reemplazará a la PSU.
A pesar de que Juan Pablo Guzmán asiste a la mesa por su cargo en Vertebral, el grupo educacional Santo Tomás tiene conexiones directas con autoridades del Mineduc. Su corporación es controlada por la familia Hurtado Vicuña, quien a través del fondo Linzor Capital, compró más de la mitad de la participación en 2009, tras la muerte del fundador Gerardo Rocha. Juan Hurtado Vicuña –socio de Entel, Consorcio y de la minera Pucobre– preside la Junta Directiva de la UST y es cuñado del exsenador Carlos Larraín (RN), quien tuvo participación en la UST durante el 2000.
En 2009, como detalla el libro Con fines de Lucro de María Olivia Mönckeberg, dos sociedades tomaron el control del complejo Santo Tomás. Inversiones Bicentenario fue la mayoritaria, que tiene como socio inversor a Cipreses Limitada y al concejal de Las Condes Carlos Ignacio Larraín Hurtado, hijo del exsenador RN y hermano del actual jefe de la Dirección de Educación General del Mineduc, Raimundo Larraín Hurtado, quien también tiene un vínculo con Santo Tomás, a partir de aportes de Inversiones LH Limitada, para la creación de Cipreses. La exministra Marcela Cubillos afirmó que dicha sociedad no tenía relación con la red de colegios Santo Tomás, por lo que no había conflicto de interés por parte de Larraín.
En la mesa técnica también participa el rector Williamson, reconocido por su trabajo en el ámbito académico y económico respecto a la educación superior. Su nombramiento como rector llamó la atención dentro del mundo educacional, ya que la USS había tenido varios problemas. En 2009 se le negó la acreditación y en 2016 el CRUCh negó su ingreso al Sistema Único de Admisión, por no cumplir con los requisitos. Ambas situaciones fueron superadas y hoy cuenta con 5 años de acreditación y es parte del SUA. Aún así, no se ha integrado al sistema de gratuidad.
La USS está ligada a la UDI. Williamson es consejero de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo y era la carta del jefe de asesores del segundo piso, Cristián Larroulet, para dirigir la nueva Subsecretaría de Educación Superior, idea que quedó en el olvido, luego que se revivieran sus declaraciones sobre el Museo de la Memoria. La Junta Directiva de la USS es presidida por uno de los fundadores de la UDI, Luis Cordero Barrera, también incluye a Pilar Zabala Meruane, del holding Pie de Monte, y a Andrés Navarro Haeussler, CEO de Sonda y expresidente de LAN y Clínica Las Condes.
A la última sesión de la mesa técnica también asistió el ingeniero comercial Felipe Raddatz, vicerrector económico de la Universidad del Desarrollo (UDD), la cual tampoco está adscrita a la gratuidad. La UDD es reconocida por su vínculo con el Grupo Penta y la UDI. La institución fue fundada en Concepción a fines de los 80 por Larroulet, el actual alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, Ernesto Silva Bafalluy, más el actual rector de la UDD, Federico Valdés Lafontaine, y su padre, Alfredo Federico Valdés. El presidente del Consejo Directivo de la UDD es el exministro de Hacienda de Pinochet y miembro de SQM, Hernán Büchi, quien se desempeña como académico.
La mesa técnica también cuenta con el asesor de coordinación de políticas sociales del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Ruiz-Tagle, el economista del Instituto Libertad (RN) Gustavo Díaz, la coordinadora del programa social de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola, el exdirector de la Dipres del Gobierno de Michelle Bachelet y militante del Partido Socialista, Sergio Granados, y el jefe de gabinete de la senadora Yasna Provoste (DC), Christián Torres.
Hasta el momento el trabajo de esta mesa técnica se ha centrado en la opción de un nuevo crédito y sus integrantes esperan que en la sesión extra que se ha programado, se aborde el problema de desfinanciamiento que ha traído consigo la pandemia de coronavirus. Los resultados se sabrán en un par de semanas.
