PAÍS
Crédito: www.minsal.cl
En el marco de la investigación por muertes por COVID-19 en Recoleta, abierta a partir de la querella interpuesta por el alcalde de esa comuna, Daniel Jadue, personal de la PDI y la Fiscalía llegó hasta la cartera donde habría incautado “documentos y computadores”. El abogado representante de Jadue aseguró que no estaban en conocimiento de la diligencia de hoy, pero destacó que “esta es una investigación en la que desde un inicio se ha mostrado un actuar del Ministerio Público con mucha celeridad (…), pese a que las defensas han intentado torpedear el actuar de la justicia con recursos que no tienen ningún fundamento”. Ayer, los abogados del Presidente Piñera, del exministro Jaime Mañalich y los subsecretarios Zúñiga y Daza pidieron al Fiscal Nacional remover al fiscal Marcelo Carrasco, por emitir en una audiencia “opiniones que vulnerarían el principio de objetividad”.
Hasta las dependencias del Ministerio de Salud llegaron esta jornada efectivos de la Brigada Anticorrupción de la PDI, para realizar una incautación de información en el marco de las indagatorias por la querella interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por las muertes por COVID-19 en la comuna.
Las diligencias fueron ordenadas por el fiscal Marcelo Carrasco, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, a un día de la petición de removerlo de la indagatoria formulada por los abogados que representan al Presidente Sebastián Piñera, al exministro de Salud Jaime Mañalich y a los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, de Salud Pública y Redes Asistenciales, respectivamente.
Carrasco fue designado hace tres meses por el Ministerio Público para tramitar esta causa, que se abrió luego de que se declarara admisible la querella presentada por el alcalde recoletano por la muerte de 62 vecinos de la comuna durante la crisis sanitaria. Los ilícitos que imputa la autoridad comunal son cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino.
De acuerdo a La Tercera, Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y Eduardo Riquelme recurrieron a la Fiscalía Nacional acusando que Carrasco y su abogado asistente, en una audiencia desarrollada el 23 de julio ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, emitieron opiniones que vulnerarían el principio de objetividad. «Somos objetivos, lo que no podemos hacer, su señoría, es simplemente (ser) neutrales en un caso como este», fue la frase que habría emitido en la audiencia el fiscal Carrasco.
El abogado Ramón Sepúlveda, quien representa a Jadue, aseguró a Emol que “creemos que lo que hacen tratando de cambiar al fiscal es acomodar la justicia a lo que ellos buscan. Y eso, que es propio de otros casos donde incluso terminan renunciando dos fiscales de alto nivel, como Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ahora quieren cambiar al persecutor de este caso. La justicia no se puede elegir, somos todos iguales ante la ley».
En sus casi 20 años de trayectoria como persecutor, Carrasco ha tenido en sus manos casos como el de los notarios Gloria Acharán y Roberto Mosquera, que validaron de manera irregular firmas para las candidaturas presidenciales de Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi, en 2013. También tramitó causas por tráfico de migrantes chinos, que salpicaron al exsenador DC Andrés Zaldívar.
Respecto a la diligencia de hoy, el abogado representante de Jadue aseguró a La Tercera que “no teníamos conocimiento, imaginamos que la realizó el fiscal de manera reservada”, aunque destacó que «esta es una investigación en la que desde un inicio se ha mostrado un actuar del Ministerio Público con mucha celeridad, en la que se ha orientado la primera etapa en recopilar antecedentes documentales, todo pese a que las defensas han intentado torpedear el actuar de la justicia con recursos que no tienen ningún fundamento”.
De acuerdo a la información recabada por Radio Bío Bío, en la diligencia se incautaron “documentos y computadores”. El mismo medio consultó al Ministerio de Salud, pero la cartera declinó entregar una versión sobre el procedimiento judicial.
