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Sergio Micco declaró ante el fiscal del sumario, Carlos Soto, y abordó no solamente la aplicación incorrecta de la gradualidad en el uso de la fuerza, y un mal uso de bombas lacrimógenas y escopetas antidisturbios, normativa que quedó establecida en la circular N° 1832 que el 2019 suscribió el general director de Carabineros, Mario Rozas, sino también la necesidad de establecer “responsables institucionales”. “Debemos entender que por las dificultades de las pruebas de los delitos y la determinación individual de responsabilidad, puede haber sentencias bajas en relación con la magnitud de lo sucedido en Chile. Solo enfrentando a quien es responsable institucionalmente podremos llegar a un tipo de respuesta acorde a lo sucedido. El principio de responsabilidad es esencial en este episodio de grave vulneración de DDHH», indicó.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, declaró ante la Contraloría General de la República en el marco del sumario que lleva adelante el organismo por el uso irregular de elementos disuasivos por parte de Carabineros durante el estallido social, y que derivó en cargos contra siete generales del alto mando de la institución.
De acuerdo a El Mercurio, Micco declaró ante el fiscal del sumario, Carlos Soto, y abordó no solamente la aplicación incorrecta de la gradualidad en el uso de la fuerza, normativa que quedó establecida en la circular N° 1832 que el 2019 suscribió el general director de Carabineros, Mario Rozas, sino también la necesidad de establecer “responsables institucionales”.
«Yo diría que en relación con los elementos contenidos en la circular y protocolo, se pasaba del nivel 4 al 5 y del 3 al 4, sin respetar la gradualidad ni el principio de necesidad. Nosotros observamos manifestaciones completamente pacíficas en las que lanzaban bombas lacrimógenas», dijo el director del INDH.
Agregó que «en relación con el principio de responsabilidad, es esencial al enfrentar las graves violaciones a los DDHH».
Micco sostuvo que «debemos entender que por las dificultades de las pruebas de los delitos y la determinación individual de responsabilidad, puede haber sentencias bajas en relación con la magnitud de lo sucedido en Chile. Solo enfrentando a quien es responsable institucionalmente podremos llegar a un tipo de respuesta acorde a lo sucedido. El principio de responsabilidad es esencial en este episodio de grave vulneración de DDHH».
Señaló además que el INDH realizó observaciones al protocolo, pero que la mayoría no fueron acogidas. Por ejemplo, las referentes a las definiciones «ambiguas» respecto a lo que es una manifestación ilícita.
La investigación de la Contraloría era desconocida hasta hace poco y fue revelada por Radio Bío Bío. Los investigados son: el general inspector, Ricardo Yáñez Reveco, actual Director Nacional de Orden y Seguridad; el general inspector Jorge Valenzuela Hernández, Director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti Riess, Jefe de Zona Santiago Este; Enrique Monrás Álvarez, Jefe Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno Vásquez, Jefe V Zona Valparaíso; y Jean Camus Dávila, Director de Logística.
El organismo contralor consideró que -tomando en cuenta la actuación de los uniformados durante el estallido social- el Alto Mando no habría garantizado el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos también se refirió al rol que jugó el organismo durante el estallido social. Detalló que «estuvimos presentes en 339 manifestaciones observando lo que ocurría. Tuvimos 1600 visitas en 68 centros de salud y estuvimos en alrededor de 1504 visitas a recintos policiales».
Informó que se recibieron seis mil denuncias, las que posteriormente se transformaron en acciones judiciales.
Entre las fallas que el INDH pudo determinar, sostuvo que «lo más importante era el mal uso de las bombas lacrimógenas y escopetas antidisturbios sin respetar los protocolos». También dijo que hubo tratos degradantes en las detenciones.
Sergio Micco también criticó que «la capacidad técnica y personal de Carabineros de Chile es demasiado baja para mantener el control del orden público, por lo que no es raro que se pase rápidamente de violencia de particulares a violaciones de DDHH».
«Por otra parte, resulta esencial la legitimidad de la fuerza policial. Desde hace tiempo ya, la institución está en una crisis de confianza. Cuando esta se pierde no se respeta a la institución y viene la crisis del orden público democrático», agregó.
Además, Micco consideró que existe un problema de regulación y capacitación en la policía uniformada, y señaló que «si bien la Dirección de DDHH en Carabineros existe, ésta siempre ha sido muy débil».
«Esto se manifestó -detalla- ante la ausencia de oficinas regionales y el presupuesto reducido. Para nosotros, en cuanto a la valoración de las violaciones de DDHH, estas siempre son graves, independiente del número objetivo que hayan sido. Existen problemas en la selección de Carabineros, pues la institución permitió entrar a gente que no debió entrar».
Pese a las críticas, el director del INDH reconoce que ha habido avances en materia de derechos humanos. Relató que «las antiguas generaciones de Carabineros sentían un rechazo hacia los DDHH, entendiendo erróneamente su contenido. Las nuevas, en cambio, estaban entendiendo una mayor acogida a la noción y doctrina de los DDHH, pero esta formación fue demasiado teórica. Hay cuestiones de orden técnico-práctico, por ejemplo, que han sido insuficientes, en el uso de escopeta, bombas lacrimógenas. Entonces, esto excede al protocolo, y son actos delictuales».
