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Piñera cataloga de “grupos radicales” a los diputados que presentaron proyecto de ley “antirepresión”

por 6 enero, 2021

Piñera cataloga de “grupos radicales” a los diputados que presentaron proyecto de ley “antirepresión”

Crédito: ATON

En una declaración a la prensa, acompañado por sus ministros de Justicia (Hernán Larraín) y de la Segegob, Jaime Bellolio en La Moneda, el  Presidente aseguró que el proyecto de los diputados “de izquierda” representa una “agenda de impunidad e inseguridad”.
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El Presidente Sebastián Piñera se fue en picada contra el proyecto de ley presentado ayer por diputados del Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista, que busca derogar la ley de seguridad interior del Estado, la ley antibarricadas y la que permite el control preventivo de identidad.

En una declaración a la prensa, acompañado por sus ministros de Justicia (Hernán Larraín) y de la Segegob, Jaime Bellolio en La Moneda, el  Presidente aseguró que el proyecto de los diputados “de izquierda” representa una “agenda de impunidad e inseguridad”.

De acuerdo al Mandatario, esta ofensiva de los parlamentarios opositores “debilita el orden público y la capacidad de nuestras policías de combatir la violencia y debilita la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Pero Piñera fue más allá y dijo que esta “agenda de inseguridad e impunidad se suma a otros intentos de esos mismos grupos radicales de intentar poner en riesgo el proceso constituyente, amenazando por ejemplo con rodear el lugar donde va a sesionar la Convención Constitucional y afectando de esta manera la posibilidad de que esa convención pueda deliberar de forma libre y pacífica y pueda llegar a acuerdos”, aludiendo así a la frase del XXVI Congreso del PC sobre el proceso constituyente.

Los firmantes del proyecto de ley son los diputados de RD Giorgio Jackson, Maite Orsini, Miguel Crispi y Catalina Pérez (presidenta de la colectividad), junto a Daniella Cicardini (PS) y Amaro Labra (PC), quienes buscan instaurar una "agenda anti represión".

Con su proyecto, buscan suprimir "normativas que vulneran garantías constitucionales en materia de orden público" y que "sólo constituyen herramientas penales que persiguen fines políticos y comunicacionales, pero que no cumplen con los mínimos estándares de un sistema democrático", argumentaron los diputados.

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