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Crédito: ATON
«Reconozcamos que hay una organización criminal de alto poder de fuego, que tiene armamento pesado», aseguró el director general de la PDI, Héctor Espinosa, sobre el fallido operativo del jueves en Temucuicui, que reavivó el debate sobre el poder armamentístico de grupos –hasta ahora no identificados- en la Macrozona Sur. El líder empresarial Juan Sutil, el mismo que en diciembre pasado hablaba de que “hay un colombiano vinculado al narcotráfico que quiere el control territorial de La Araucanía”, también puso foco en el poder de fuego, al igual que el subsecretario Galli, quien remarcó que “aquí hay tráfico de drogas, hay armas ilegales y asesinos”. Otros opinan que urge un cambio de estrategia: para el director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara, “el Gobierno debe poner fin a usar a las policías para proteger su agenda y orden político bajo una narco guerra que permite justificarlo todo”.
Como un desastre a nivel operativo, califican en el Ministerio Público el allanamiento realizado en cinco predios de La Araucanía, donde ayer resultó muerto un efectivo de la PDI y en el que hubo una respuesta de fuego superior a la desplegada por 850 policías que llegaron hasta la región para desbaratar una red de narcotráfico en Temucuicui.
«Reconozcamos que hay una organización criminal de alto poder de fuego, que tiene armamento pesado», aseguró el propio director general de la PDI, Héctor Espinosa, quien se trasladó hasta la denominada “zona roja” junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
De acuerdo a la información que maneja el foco investigativo de la Fiscalía, la PDI debía ingresar a 12 predios, pero solo lograron entrar a cinco. La mayoría de ellos fueron comprados por el Estado a René Urban en 2014 y por los que el empresario recibió $998 millones.
La historia del operativo de ayer partió hace meses con un procedimiento en el que se incautó un teléfono y en el que se pudo rastrear venta de droga e intercambio de esta por armas. A partir de esa información, se solicitaron medidas intrusivas y fueron detenidas dos personas que estaban relacionadas con un armero de 62 años, quien vendía de manera ilegal municiones en Collipulli y que era investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía y la Brigada de Crimen Organizado de la PDI.
Desde entonces, la policía fue preparando el operativo, donde se utilizaron 200 vehículos, dos helicópteros y drones, los que llamaron de inmediato la atención de la población en Angol, comuna desde donde salió el contingente policial en dirección a Ercilla. Los 46 kilómetros que separan ambas comunas permitió que a través de redes sociales se compartieran videos de la caravana de vehículos, por lo que cuando estos llegaron a Temucuicui los estaban esperando.
El objetivo de este procedimiento era realizar tres órdenes de detención por un homicidio frustrado a Carabineros, un homicidio de bandas rivales en Ercilla y un robo con intimidación. Sin embargo, nada de eso pudo materializarse y el ingreso a Temucuicui terminó en un pésimo operativo, sin que se pudiera detener a quienes se buscaba. Esta diligencia debía realizarse en esta semana, previo a la cosecha de la marihuana que estaba prevista se concretara por estos días.
Entre los errores observados en el operativo destaca que a cada uno de los vehículos utilizados se les instaló una bandera de color para identificar a qué predio debía ingresar, lo que llamó aún más la atención de quienes tuvieron más de 40 minutos para observar el llamativo traslado, donde el efecto sorpresa nunca estuvo presente.
En los 12 predios, la PDI estimaba recolectar cerca de 5.000 plantas y no solo 1.200 como las que fueron incautadas en la jornada de ayer. Hasta ahora no se conoce el calibre del arma que terminó con la vida del PDI, pero por el poder del proyectil no hay duda de que se trata de un alto poder de fuego.
Entre los cuestionamientos que se lanzaron al operativo circuló un audio de un supuesto PDI que aseguraba que a los policías se les habría prohibido por el departamento de Derechos Humanos el uso de armas de fuego.
Sin embargo, el mismo director general de la PDI lo desestimó. Sostuvo que los 850 detectives que participaron en el fallido operativo iban equipados con armamento y cada uno tenía, al menos, 30 tiros para disparar, además de fuerzas de asalto, que utilizaban armamento largo. “Es falso, cada funcionario tenía tiros letales”, aseguró Espinosa.
Los hechos ocurridos el jueves levantaron nuevamente el debate por la falta de Estado de Derecho en la macrozona sur y la respuesta del Ejecutivo, tomando en cuenta además otro hecho que empañó la jornada, como fue el asesinato del agricultor Orwal Casanova luego de recibir un disparo en el rostro en la comuna de Victoria.
Para el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y académico de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, lo sucedido “es un resumen de la situación de La Araucanía (…) Esta violencia se niega a irse, la violencia del Estado, la eventual violencia de grupos radicalizados, pero evidentemente este jueves fue un resumen de cuál es el tono de la relación”, explicó a Radio Universidad de Chile.
Quien quiso marcar el punto en este tema fue el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil. El líder empresarial desplegó una intensa agenda mediática para referirse al tema y sostener que “no se trata de un problema de Gobierno, es un problema del Estado», apuntando directamente al Congreso.
«Hay una agenda de seguridad donde hay aproximadamente 17 leyes entrampadas que no tienen ningún avance y que no le permite a las instituciones del país actuar correctamente», sostuvo a Radio Cooperativa.
Sutil, el mismo que en diciembre pasado hablaba de que “hay un colombiano vinculado al narcotráfico que quiere el control territorial de La Araucanía”, también puso foco en el despliegue policial de la PDI y en el poder de fuego registrado en la zona. “La proporcionalidad con que actuó no era la suficiente para repeler un ataque de esa naturaleza» e indicó que “en los allanamientos se halló armamento de los violentistas de gruesísimo calibre, de alto poder”.
La misma tesis del poder de fuego fue remarcada por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien se trasladó ayer a La Araucanía. «Aquí hay tráfico de drogas, hay armas de fuego ilegales y hay asesinos (…) Después del poder de fuego expuesto ayer, de la cantidad de droga incautada, se acabaron los argumentos que aquí hay una persecución respecto de un grupo determinado”, indicó.
Sim embargo, desde el Ejecutivo no se han jugado con tesis sobre los supuestos responsables, y no hay claridad sobre quiénes operan en la Macrozona Sur con dicho poder armamentístico capaz de poner en jaque al Estado y a las policías.
Por eso urge un cambio de estrategia, y para el director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara, “ya no hay margen para acciones y operativos como estos. Movilizar a 800 policías de todo Chile para terminar con mil plantas incautadas, pero por sobre todo con un detective muerto es francamente trágico. El Gobierno debe poner fin a usar a las policías para proteger su agenda y orden político bajo una narco guerra que permite justificarlo todo y especialmente la investigación, persecución y castigo sobre sectores particulares de la población”.
Vergara apuntó a La Moneda, al señalar que “el abandono de la agenda de reforma a Carabineros, la presentación de leyes de populismo penal y operativos policiales sensacionalistas para los medios de comunicación que terminan con muertos terminarán por sepultar a un Gobierno que no solo dejó de gobernar, sino que pasará a la historia como la administración bajo la cual más se han violado los DDHH y gracias a sus iniciativas y acciones cuando más se ha empoderado al crimen organizado y narcotráfico”.
En específico, Vergara comentó a El Mostrador que el ministro del Interior Rodrigo Delgado –quien se traslada este viernes a la zona-“debe dar explicaciones inmediatas por su responsabilidad política sobre la acción policial y transparentar si seguirán instalando una narco guerra en la Araucanía y el abuso de la excepcionalidad constitucional y los toques de queda como tanque de oxígeno para seguir gobernando y por sobre todo para dar sustento a la plataforma política para que su coalición se mantenga en el poder”.
Millaleo hizo hincapié en otro punto, añadiendo que “esto no es nuevo, sabemos que en verano recrudece la represión. Todos los veranos ocurren hechos de violencia y esto viene haciéndose cada año más complicado, y esto tiene que ver con el deterioro de las relaciones entre los pueblos originarios y el Estado”.
Las comunidades también se expresaron y a través de un comunicado el Parlamento de Autoridades Ancestrales “Pu Kuifike Longko Gülmen Ñi Nutram” indicaron que el despliegue de la PDI es una señal de “terrorismo de Estado chileno en territorio mapuche”. “Declaramos nuestro total repudio a los actos represivos ejecutados por PDI el día 7 de enero 2021 (…) Que como se ha visto no tienen remordimiento en asesinar hasta a sus propios compañeros con tal de cumplir con sus amos”, añaden.
