PAÍS
Ni cerca de las condiciones a las que aspiraban y en medio de una refriega constante contra el Gobierno, al que acusan de «no creer en la descentralización”, hoy debutan en el país las nuevas autoridades autónomas regionales, en un hecho inédito en la historia republicana. En este marco y en un ejercicio de demostración de fuerzas, donde se buscará dar cuenta de la capacidad política de la nueva institución, el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, anunciará en su discurso inaugural la interposición de dos sendas demandas en contra del Estado de Chile, por daños y perjuicios en contra de la región. De esta manera, se buscará rayar la cancha sobre el poder, no solo simbólico, del nuevo rol institucional de quienes asumen como gobernadores regionales.
A cinco días de la asunción de la nueva autoridad regional, el Gobierno, a través de la Dipres, había despachado un decreto en que le restaban más de $700 millones al presupuesto de los gobernadores regionales, para traspasárselos a los delegados presidenciales. Todo esto en medio de una refriega que ha evidenciado en el tiempo una postura reticente de La Moneda ante la nueva institucionalidad, misma que intentó evitar que se consumara durante su mandato, aunque no tuvo la fuerza suficiente para detenerla.
El ejercicio gubernamental finalmente tuvo que retrotraerse ante la presión impuesta tanto desde la Asociación de Gobernadores Regionales, como desde sectores de la oposición que se pusieron de su lado y que acusaron al Ejecutivo de “seguir poniendo trabas” al rol que asumen este miércoles las nuevas autoridades. De esta manera –coinciden diversas fuentes–, el Presidente Sebastián Piñera evidenció aún más su de debilidad, y expandió el espacio de los cuestionamientos a una falta de visión y estrategia política.
En este contexto, y ahora sí, en su calidad de ente autónomo, el nuevo gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, anunciará esta mañana, a nombre de la Gobernación Regional, la interposición de dos demandas en contra del Estado de Chile. Un ejercicio que, además de su componente simbólico –donde se buscará demostrar la capacidad política de la nueva institución–, da cuenta de un espacio de acción que se abre y revela la autonomía de la entidad respecto del poder central. Una acción que podría verse replicada en las otras quince regiones en diversas materias y que explicaría, en parte, el temor de ciertas autoridades al denominado como primer –y no último– paso hacia la descentralización.
De esta forma, el exintendente en el Gobierno de la otrora Presidenta Michelle Bachelet, junto a su equipo jurídico-administrativo –el mismo que lo acompañó en su última aventura–, ingresarán ambos libelos a partir de la próxima semana.
Se trata –como puntualizaron desde la Gobernación– de uno de carácter económico y otro político.
El primero apuntaría a los daños y perjuicios provocados a la región por la –como acusan– no transferencia de fondos sobre la base de la Ley Espejo, promulgada en el año 2009 y que buscó equiparar en algún grado el gasto estatal dirigido a subsidiar al Transantiago, también para regiones. De esta manera, el presupuesto aprobado para el transporte público metropolitano se replicaba hacia las demás regiones, con el objetivo de mejorar las condiciones de transporte y conectividad.
Durante los últimos años ha habido una serie de acusaciones que apuntan, más que a la no entrega de los dineros, al desvío que sufrirían estos. De todas maneras, en el capítulo 2 del artículo 4, se explican cuatro opciones para el uso de las platas mencionadas. Mientras que tres de ellos se relacionan directamente con el objetivo primario, el último indica que el mismo presupuesto podría financiar “cualquier otro proyecto de inversión, distinto a los señalados anteriormente, los que se deberán fundar en la relevancia de dichas inversiones para la región o regiones”.
Según los cálculos que hace el gobernador regional, serían cerca de $150 mil millones los adeudados.
La segunda demanda apunta a la responsabilidad que tendría el Estado, luego que en 1976, en plena dictadura cívico-militar, se enajenaran los bienes y disolviera la Corporación Magallanes, la misma que –como recordaron– formaba parte del patrimonio cultural de la región.
La base de esta demanda se sustentaría –detallaron– en que ya existe jurisprudencia en cuanto al reconocimiento de parte del Estado respecto del daño provocado en diversas áreas, como la patrimonial, con la devolución de la infraestructura expropiada durante el régimen militar a los partidos políticos. En esta oportunidad lo que se buscaría sería generar un precedente, al incorporar el reconocimiento del daño al territorio, a través de la expropiación de los bienes públicos, luego privatizados.
Recordaron que la extinta corporación –que se buscará poner nuevamente de pie–, como una de sus primeras medidas, ayudó en su momento no solo a la construcción del aeropuerto, sino también a la pavimentación de calles, la gasificación, construcción de casas, además de contar con una librería para la comunidad, un patrimonio de “máximo valor” para la comunidad.
El cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, señaló que “los gobernadores saben que llegan a su cargo con escasas atribuciones, sin perjuicio de que hayan sido popularmente electos. Sin embargo, es esa legitimidad popular la que les entrega un poder simbólico inigualable dentro de la región. Entonces, ante la carencia de atribuciones y la obligación de convivir y repartir poder con el delegado presidencial, el gobernador regional optará por un camino distinto. Ese camino consistirá en reproducir el poder simbólico y la legitimidad popular en acciones concretas contra el Estado, lo que se puede interpretar como una segunda etapa en la lucha contra el centralismo”.
Como es sabido, y así fue detectado, no solo desde quienes salieron electos sino también de parte de quienes fueron candidatos, este Gobierno nunca tuvo la voluntad real de abrir camino y empoderar a una institución que, sabido por todos, le restaría poder al gobierno central, fuese quien fuese quien estuviera al mando de La Moneda.
Le tocó a la administración del Presidente Sebastián Piñera hacerse cargo, y varios fueron los intentos para bajar las elecciones que, en un principio, se habían amalgamado a las de alcaldes y cores.
Previo al estallido social, en La Moneda los cálculos daban resultados en azul, y se apostaba a obtener al menos 11 de las gobernaciones, pero el descrédito que fue carcomiendo a la administración, sumado a un oficialismo que se plantaba cada vez más desagregado, todo entremezclado con que sus candidatos más fuertes no dejaron sus cargos debido al estallido social, fueron elementos que dieron como resultado un cóctel imposible para competir como esperaban.
Todo aquello llevó a que en enero del 2020, y tras una cita de la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, encabezada por el entonces Subdere Claudio Alvarado –responsable de darle viabilidad a la Ley de Transferencia de Competencias–, se prendieran todas las alarmas.
Y es que, una vez finalizada la reunión, el presidente de la instancia gremial, el RN Germán Codina –en entrevista con La Tercera– salió a cuestionar la viabilidad de tener esta autoridad, señalando que “es una falacia de la descentralización y es una mentira. No van a tener ninguna atribución real para abordar los problemas de las regiones”. Sus palabras luego fueron tomadas por el Subdere Alvarado, quien agregó que “si los alcaldes dicen que puede existir una dificultad en la elección a gobernadores, hay que ponerles atención”, lo que desembocó en una denuncia pública respecto a un intento de Palacio por dar de baja la instancia electoral.
A esa altura, desde La Moneda ya reconocían fuera de micrófono que “está claro que una elección menos, en este contexto donde hay que estar tapando hoyos todos los días, sin duda que es una buena noticia para nosotros”.
Luego, todos los reclamos se fueron concentrando en lo que acusaron como un intento por arropar a los delegados presidenciales a través del aceleramiento en los concursos para ocupar cargos que, hasta ayer, pertenecían a la Gobernación Regional, pero que a partir de hoy pasaron a ser parte del equipo del representante del Gobierno en la zona.
A eso se le sumaron los varios desencuentros por el inmueble que van a ocupar las nuevas autoridades. En efecto, hasta ayer, solo dos regiones de dieciséis (Aysén y Magallanes) habían traspasado las oficinas del exintendente a la Gobernación.
Por ahora queda esperar los próximos pasos a seguir, pero desde la Asociación de Gobernadores Regionales ya hicieron pública su petición al Gobierno para que quite la urgencia simple de las dos leyes complementarias de descentralización, como lo son la del traspaso de competencias y la del financiamiento, pues estiman que ambas resultan insuficientes tal como se tramitan al día de hoy.
