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Leonardo Soto se refirió en El Mostrador en La Clave a la querella del CDE contra el ex director de la PDI por mal uso de los gastos reservados, un hecho que se ha repetido en otras instituciones, como el Ejército. En ese sentido, sostuvo que «los hechos que se le imputan al ex director de la PDI pareciera que son anteriores, del 2018. Lo de Juan Miguel Fuente-Alba también. Pareciera que estos incrementos del patrimonio personal y familiar de Héctor Espinosa (…) se habrían producido bajo la legislación anterior de gastos reservados». Y que ese insuficiente mecanismo de rendición fue mejorado por ley desde 2020, cuando entró en vigencia el nuevo modelo de rendición de gastos reservados. «Básicamente lo que hace es fortalecer la reglamentación. Los usos están bien reglamentados, previamente tiene que establecerse cuáles van a ser las finalidades, los responsables personales de los gastos, y se establece una rendición a la autoridad política superior», explicó.
La querella del Consejo de Defensa del Estado contra el ex director de la PDI, Héctor Espinosa por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos puso el foco en el mal uso de los gastos reservados en la policía civil, reflotando un delito que se ha repetido en otras instituciones, como el Ejército.
Al respecto se refirió en entrevista con El Mostrador en La Clave el diputado socialista Leonardo Soto, uno de los parlamentarios que ha estado encima de los temas de corrupción en las filas del Ejército. El legislador puso foco en el ineficiente mecanismo de rendición de estas platas, una situación que fue corregida con la legislación implementada recién en 2020.
Al respecto, el diputado Soto explicó que «se hizo una modificación importante del modelo de rendición de gastos reservados que se puso en vigencia en enero del año pasado, y que recogía gran parte de los cuestionamientos que existían respecto de la tentación que pareciera que tienen todos los altos mandos para usar en beneficio propio los gastos reservados».
En esa línea, señaló que «los hechos que se le imputan al ex director de la PDI pareciera que son anteriores, del 2018. Lo de Juan Miguel Fuente-Alba también. Pareciera que estos incrementos del patrimonio personal y familiar de Héctor Espinosa (…) se habrían producido bajo la legislación anterior de gastos reservados».
Soto explicó cómo funcionaba el sistema de rendición de gastos reservados previo a la reforma que entró en vigencia en enero de 2020: «El modelo anterior, que fracasó y nos llenó de créditos a todas las instituciones por el beneficio personal que obtenían muchos ex comandantes generales, era muy simple y básico. Recibían miles de millones de pesos para gastos reservados (…) y solo se rendían con un documento básico que tenía tres líneas y que decía que fueron gastados conforme a la ley. Ese documento se enviaba a la Contraloría, se archivaba y nadie preguntaba en detalle en qué se había gastado. Entonces, la tentación era gigantesca, porque nadie lo controlaba».
Dicho esto, detalló que el nuevo sistema «básicamente lo que hace es fortalecer la reglamentación. Los usos están bien reglamentados, previamente tiene que establecerse cuáles van a ser las finalidades, los responsables personales de los gastos, y se establece una rendición a la autoridad política superior».
El parlamentario dio un ejemplo, señalando que «en materia del Ejército o la Fuerza Aérea, se establece que estos gastos reservados deben rendirse ante el ministro de Defensa de manera detallada, y la autoridad tiene que dar su visto bueno a esa rendición específica, y desde ahí se envía a la Contraloría General de la República».
Y en el caso de Carabineros y PDI, se envía «al Ministerio del Interior, que es el jefe superior político y civil de las policías, y mientras estén bajo esa dependencia, el ministro del Interior es el que autoriza estos gastos reservados, los controla y compromete su responsabilidad personal en ello».
«Sobre lo que pase en adelante a la reforma de 2020, todavía hay poca evidencia. Yo no sé si es suficiente, a mí me parece que fue un avance, pero que no impide completamente ni termina con las facilidades que la institucionalidad le entrega a los mandos militares, policiales y políticos para el uso discrecional y personal de los gastos reservados», agregó.
Respecto a la situación del ex director de la PDI, Leonardo Soto aseguró que «no es el único episodio que afecta a Espinosa. Él también aparece acusado de haberse quedado con alrededor de 50 millones de pesos que percibió como utilidades de la mutualidad de Carabineros».
«La lucha contra la corrupción en Chile y en el mundo es una lucha permanente (…) no es una lucha o un combate definitivo que se gana y después viene en una época donde no hay que controlar a nadie, y el caso de la PDI nos demuestra eso. Pareciera que nos confiamos en que la PDI tiene altos estándares profesionales, porque sus funcionarios yo creo que hacen bien la pega», cerró.
Por otra parte, el diputado del PS consideró que el caso de Héctor Espinosa presenta ciertas similitudes con otros hechos de corrupción ligados al mal uso de gastos reservados, como por ejemplo, el del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.
«Aquí están las similitudes con otros casos de corrupción, que son muy similares a todos los desfalcos, malversaciones de fondos y fraudes al fisco que se están investigando en lo que se denomina la corrupción militar y policial. Todo tiene que ver aparentemente con el uso de gastos reservados en beneficio personal y de las familias de los altos mandos. Es el mismo patrón de conducta que se le imputa a Héctor Espinosa, el que se ha visto en Fuente-Alba en el Ejército, en el general Oviedo», sostuvo.
Bajo esa lógica, consideró que la única particularidad que presenta este hecho «es que recae sobre la PDI. La Policía de Investigaciones hasta ahora había estado exenta de cuestionamientos por casos graves de corrupción, sobre todo a nivel del alto mando».
«Hasta ahora aparecían libres de toda mancha en materia de corrupción, por eso la noticia de ayer (…) marca un día negro para la PDI en democracia (…) sin duda es un mal día para nuestra democracia que se ve teñida con corrupción a alto nivel en las instituciones públicas, lo que sin duda profundiza la desconfianza y el desprestigio de nuestras instituciones policiales».
