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Presidenta de CPLT y situación de Integridad en Defensa que deja a Chile en categoría de “riesgo”: hay que "seguir recorriendo un camino de apertura"

por 27 enero, 2022

Presidenta de CPLT y situación de Integridad en Defensa que deja a Chile en categoría de “riesgo”: hay que

crédito: CPLT

La titular del Consejo para a Transparencia, Gloria De la Fuente hace un llamado a revisar nuevamente la relación que las Fuerzas Armadas (FFAA), y las Fuerzas de Orden y Seguridad “han tenido y tienen con la transparencia y la lucha contra la corrupción".
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La reciente publicación del Índice de Integridad de la Defensa del Gobierno 2020 de Transparencia Internacional, el cual evalúa los controles institucionales para gestionar la corrupción en entidades de las FFAA y de Orden y Seguridad, posicionó a Chile en la categoría de “alto riesgo” en este ámbito. Situación que comentó la titular del Consejo para la Transparencia CPLT, Gloria de la Fuente, quien asegura que a partir de los escándalos de corrupción y desvíos de dineros públicos detectados en dichas instituciones, se debe “seguir recorriendo un camino de apertura”.

Tras analizar los resultados del Índice, De la Fuente hace un llamado a revisar nuevamente la relación que las Fuerzas Armadas (FFAA), y las Fuerzas de Orden y Seguridad “han tenido y tienen con la transparencia y la lucha contra la corrupción".

Detalló que a través de esta medición se “evalúa la calidad de los controles institucionales que los gobiernos poseen para gestionar el riesgo de corrupción en los organismos de defensa y seguridad de sus Estados”. El listado se ordena posicionando a los países a partir de un ranking de riesgo de corrupción que va de la A a la F, desde muy bajo a un nivel crítico.

El reporte, señaló que Chile está entre los países de la categoría D (riesgo alto) junto a Argentina, Portugal, Rusia, Grecia, Kenia, Uganda, etc. Solo Nueva Zelanda está en el grupo A y de Latinoamérica, los países que quedaron mejor evaluados fueron Brasil y Colombia. A su vez, México se ubicó en el grupo E y Venezuela, en el F. En la categoría C está Estados Unidos, Francia y Japón.

De la Fuente se refirió al "advenimiento de nuevos estándares de transparencia estatal evidenciaron una realidad distinta: no éramos mucho mejores que nuestros vecinos y al interior de nuestras Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, existía una profunda opacidad que propiciaba la corrupción, afectando, aunque no seamos plenamente conscientes de ello, sus capacidades para ejercer el importantísimo rol para el cual están destinadas”.

“Así, algunos de los casos de corrupción y desvío de dineros públicos de la historia de Chile han ocurrido precisamente en estas instituciones: Carabineros de Chile (“pacogate”), cuyo desfalco asciende a más de $35.000 millones y el Ejército de Chile (“milicogate”), con más de $6.000 millones en diversas aristas de desvío de recursos que aún se investigan. La PDI tampoco ha estado exenta de cuestionamientos por presuntas irregularidades de su ex Director General”, recordó.

De la Fuente detalló que desde 2013 a la fecha, “las tres ramas de las Fuerzas Armadas han recibido más de 12.500 solicitudes de acceso a la información a través del Portal de Transparencia del Estado, de las que se han generado casi 1.000 reclamos por no entrega de información (un 70% de parte del Ejército), la mayoría invocando la causal de 'seguridad de la nación' ”.

A pesar del papel que hacen estas instituciones al servicio de la Seguridad del Estado, por ese mismo motivo también deben estar bajo "ciertos miramientos", aunque les respalden leyes reservadas para no dar a conocer algunos de sus procedimientos. Es importante manejar sus datos en materia de publicación de gasto, por ejemplo, puesto que su mal uso podría prestarse al perjuicio del país, así que “no se encuentran eximidos de la rendición de cuentas”, por lo que la invocación de causales de reserva “debe ser utilizada con responsabilidad”, aclaró la titular.



Destacó, además, que las interacciones entre estas entidades y el Consejo han dado la posibilidad de avanzar en ciertos grados de transparencia y apertura al control social. En este sentido, “imposible desconocer el avance crucial que significó en esta materia la derogación de la “Ley reservada del Cobre”, la que previo a ello había sido anulada de facto por una decisión del Consejo para la Transparencia que ordenaba su entrega”. Sin embargo, enfatizó en que se debe “seguir recorriendo este camino de apertura”.

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