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Subcomisiones continúan discutiendo las enmiendas del anteproyecto a días de su votación PAÍS

Subcomisiones continúan discutiendo las enmiendas del anteproyecto a días de su votación

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Desde Tenemos que Hablar de Chile, plataforma colaborativa de participación y diálogo ciudadano, se analizaron los principales avances en materia de participación del proceso constitucional de la semana.


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La Subcomisión de Principios se mantiene revisando el capítulo de Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales. En el contexto de la discusión de enmiendas sobre libertad religiosa, se manifestaron visiones contrapuestas sobre si los  establecimientos financiados por el Estado, están o no obligados a ofrecer formación religiosa.

En la Subcomisión de Derechos se debatieron enmiendas sobre derechos laborales y seguridad social. Para eso, se invitó a los académicos Hugo Cifuentes, Francisco Tapia, Cecilia Cifuentes y Romina Urzúa. También se discutió la libertad de enseñanza y la participación de los privados en educación.

En la Subcomisión de Sistema Político se pusieron sobre la mesa los mecanismos de participación ciudadana que podrían contemplar una nueva Constitución. Se propusieron cambios al piso exigido para que la ciudadanía pueda presentar iniciativas legales al Congreso.

El comisionado Francisco Soto añadió en la sesión que “los mecanismos de participación se regulan pero no operan. Básicamente, el problema de su implementación tiene que ver con la cultura de los países. Se dictan las constituciones y muchas veces tienen que transcurrir varias décadas para que las normas de desarrollo se apliquen”.

Así mismo el comisionado Ossa agregó: “Tengo dudas de si se requiere una estructura nueva con presupuesto para esta materia en particular y dejaría planteada la inquietud de si alguna institución pudiera hacer seguimiento de estas iniciativas sin necesidad de crear una nueva entidad”.

También se revisaron los requisitos de los plebiscitos regionales y comunales, los foros deliberativos y el llamado “Defensor de la Ciudadanía”, una nueva figura que se encargaría de “fiscalizar los procesos participativos establecidos en la constitución y la ley”.

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