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Crédito: Agencia Uno
La región, dentro del bullado caso Convenios, se ha convertido en una importante fuente de investigación de seis casos que maneja Fiscalía. Uno de ellos involucra la arista Camila Polizzi con el caso Lencería. Por este hecho, han renunciado Rodrigo Martínez Fernández, administrador regional; Rodrigo Alarcón Quezada, jefe de gabinete y Simón Acuña Medina, jefe de la División de Desarrollo Social y Humano.
En el marco del Caso Convenios, la Policía de Investigaciones (PDI) llegó a dependencias del Gobierno Regional del Bío Bío (GORE) para allanar, registrar y requisar documentos y computadores desde la oficina.
Dicha diligencia se enmarca en la investigación que desarrolla el Ministerio Público, y estuvo a cargo de la fiscal anticorrupción de la Fiscalía Regional del Bío Bío, María José Aguayo.
La región, dentro del bullado caso Convenios, se ha convertido en una importante fuente de investigación de seis casos que maneja Fiscalía. Uno de ellos involucra la arista Camila Polizzi con el caso Lencería.
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Por este hecho, han renunciado Rodrigo Martínez Fernández, administrador regional; Rodrigo Alarcón Quezada, jefe de gabinete y Simón Acuña Medina, jefe de la División de Desarrollo Social y Humano.
Por medio de una declaración pública, el GORE Bío Bío indicó que recibieron una “solicitud por parte del Ministerio Público para entregar antecedentes y material de investigación en el marco de las indagatorias por el llamado Caso Convenios”.
“De manera voluntaria, entregamos documentos y computadores para el mejor trabajo de órgano investigativo que esperamos permitirá esclarecer cualquier situación que pudiese ser irregular y determinar las responsabilidades“, señaló la institución.
Como Gobierno Regional del Biobío “estamos y estaremos prestando absoluta colaboración en la entrega de toda la información necesaria para que se esclarezca cualquier situación que pudiera ser irregular“.
El comunicado finaliza indicando que tomaron “15 medidas profundas que mejorarán la transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos, reafirmando su compromiso con la probidad y la colaboración absoluta para aclarar y determinar las responsabilidades en cada caso”.
