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Crédito: Agencia Uno
Las auditorias realizadas por Contraloría a 15 secretarías regionales ministeriales de Vivienda que realizaron millonarios traspasos a fundaciones dejaron en evidencia que hubo una evidente falta de control por parte de las reparticiones.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, reveló, durante su participación en la comisión investigadora del caso Convenios en la Cámara de Diputadas y Diputados, un patrón de comportamiento similar a Democracia Viva -el primer caso conocido- en otras organizaciones privadas que colaboran con el Estado.
En concreto, según reportó el diario La Tercera, las auditorias realizadas por Contraloría a 15 secretarías regionales ministeriales de Vivienda que realizaron millonarios traspasos a fundaciones dejaron en evidencia que hubo una evidente falta de control por parte de las reparticiones.
Entre las conclusiones de las auditorías, se dan cuenta de graves irregularidades y de patrones claros que se repitieron en las diferentes regiones del país. En algunos casos, de hecho, definieron remitir antecedentes tanto al CDE como al Ministerio Público.
De acuerdo al relato de Bermúdez, ante la comisión explicó los datos más graves que recopilaron las auditorias. En la región de Arica, la Contraloría identificó la falta de mecanismos de control en la Seremi de Vivienda, revelando asignaciones directas a entidades como Fundación Caritas San Marcos y el Cuerpo de Bomberos O’Higgins, generando la apertura de un sumario debido a irregularidades en el uso de fondos. Destaca una asignación de $162.076.043 para la habitabilidad primaria del campamento Esperanza 2001.
En Tarapacá, se evidencian falencias administrativas y falta de protocolos en 23 convenios, con un monto total de $2.836.003.986. En Antofagasta, se destaca la carencia de experiencia en algunas fundaciones y problemas en la georreferenciación de campamentos, con 37 convenios por $3.418.574.234.
La región de Atacama presenta convenios suscritos mediante asignación directa de recursos, sin fundamentos documentados, lo que llevó a la apertura de otro sumario. Se traspasaron recursos por $573.618.565 hasta el 30 de junio de 2023.
En Coquimbo, se señalan falencias administrativas en la asignación de proyectos a fundaciones como EnRed y Enlace Urbano. Se destaca una falta de $360 millones en especificaciones del trabajo a realizar.
La región de Valparaíso también se ve afectada por debilidades de control, destacándose la falta de justificación en la asignación de proyectos a la Fundación Procultura.
En O’Higgins, se encuentran irregularidades relacionadas con las relaciones personales entre miembros de organizaciones y funcionarios gubernamentales, así como violaciones a la normativa en la aprobación de convenios y transferencias.
En el Maule, se detectan falencias administrativas en convenios con Urbanismo Social y falta de controles para posibles conflictos de interés en la selección de organizaciones.
La región de Ñuble presenta irregularidades en tres convenios con la Fundación EnRed, incluyendo la falta de giro para ejecutar proyectos públicos de urbanización.
En el Biobío, se revelan nueve hallazgos en la transferencia de fondos a fundaciones como EnRed y ProCultura, con asignaciones directas de iniciativas de inversión sin fundamentos documentados, superando los $409 millones.
En La Araucanía, se destacan falencias administrativas y falta de formalidad en la información de objeciones a las rendiciones de cuentas de las ONG.
Las regiones de Los Ríos y Los Lagos muestran problemas en los controles de asignación de recursos y la falta de mecanismos para evaluar la experiencia de las ONG, con siete convenios por un total de $955 millones.
En Magallanes, se repite la falta de un procedimiento formal para la selección de entidades ejecutoras y la falta de justificación en el aumento del presupuesto para transferencias de fondos. Destaca un presupuesto de $58.115.000 para el programa de habitabilidad primaria del campamento Lautaro.
Desde la cartera que lidera el ministro Carlos Montes, señalaron que valoran “este nuevo informe elaborado por el ente contralor, ya que las recomendaciones que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas por este ministerio”.
“Desde los primeros días de conocerse el Caso Convenios, hemos actuado de manera seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas, y colaborando con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría”, agregaron.
Asimismo, expresaron que “para prevenir este tipo de hechos, y siguiendo las orientaciones de la Contraloría General de la República, presentamos y estamos implementando una Agenda de Modernización con 19 medidas para el rediseño completo del programa y de la relación institucional con las fundaciones, con énfasis en la integridad, transparencia y seguridad de la información, así como la optimización de los procesos de transferencia”.
Finalmente, desde el Minvu enfatizaron en que “nuestro mensaje seguirá siendo claro y enfático: no vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Vamos a perseguir todo tipo de irregularidad y pondremos todos los antecedentes a disposición de las instituciones correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales”.
