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Exfuncionaria denunció ante Contraloría a jefe de la repartición de Gestión Ciudadana de la Presidencia, después que no se renovara su contrato, acusando que fue una represalia por haber impulsado el teletrabajo, luego de ver a un niño durmiendo debajo de un escritorio.
Sus amigas felicitan a Ana Caneo, del Movimiento de Mujeres del Sector Público (Momusep), pues el 24 de enero pasado entró en vigencia la ley que permite a funcionarias y funcionarios públicos acceder al teletrabajo. En diciembre, esta organización –representada por ella y María José Zúñiga– expuso en las comisiones respectivas, y participó del lobby atajando en los pasillos a parlamentarios y ministros, para conseguir que se aprobara el artículo sobre teletrabajo en el marco de la Ley de Reajuste del Sector Público. “Mis amigos que saben que estoy en esto, me dicen ‘bien, lo lograste’, y a mí me da risa”, afirma Caneo, explicando que, en realidad no es tan efectivo que ahora puedan teletrabajar.
La Ley 21.652 establece una prórroga del artículo 66 de la anterior Ley de Reajuste, que estuvo vigente durante todo 2023 y en la que se incluyó el teletrabajo. El texto anterior habilitaba a cada jefatura para asignar teletrabajo o “eximir de control horario” hasta en cinco días a la semana, en el caso de que la gente estuviera en el 20% del total que puede acceder a esta modalidad. En la práctica, se generó un acuerdo flexible, basado en las necesidades de las partes.
Sin embargo, el texto legal vigente incluye una breve indicación clave, una letra chica que ha generado tensión e ilustra cómo en la administración pública –salvo en Contraloría, que tiene una norma especial al respecto– se ha limitado el teletrabajo, a pesar de que es esencial para fomentar un “sistema de cuidados”, parte central del discurso del Gobierno, y que la ley actual obliga a que las personas autorizadas para trabajar a distancia estén tres días como mínimo en la oficina de forma presencial.
“La gente venía de la libertad de ‘no marcación’, para que los jefes decidieran si alguien solo tenía que salir a la hora de buscar al colegio, o necesitaba la mitad de los días, o ciertos días, o podía ir solo a reuniones, acá tenías que ir tres días”, explica Ana Caneo.
Esta cláusula fue muy resistida por los gremios y provocó que la Ley de Reajuste para el Sector Público tuviera una tramitación accidentada. Durante la discusión en Sala se rechazaron 15 artículos, incluyendo el que permitía teletrabajo, en buena medida por la presión en contra de la modalidad 3×2.
El 26 de diciembre, para revertir el rechazo, el Ministerio de Hacienda, la Dipres y el Ministerio del Trabajo ingresaron un proyecto de ley corta de dos artículos, donde se permite el teletrabajo, pero, al igual que el artículo anterior rechazado, contiene en su letra chica los tres días en forma presencial.
Esta ley corta se aprobó y es la ley vigente. Desde los ministerios del Trabajo y Hacienda, sus titulares, Jeannette Jara y Mario Marcel, respectivamente, reaccionaron a la buena noticia. Sin embargo, la tensión por la necesidad de teletrabajar en el sector público no ha disminuido.
Un ejemplo de ello es lo que sucedió el jueves 25 de enero recién pasado, cuando Contraloría declaró admisible la tramitación de una denuncia por “persecución arbitraria” en contra de Fernando Rojas Jorquera, jefe del Departamento de Gestión Ciudadana de la Presidencia.
La persona que interpuso la denuncia, que trabajó como analista de correspondencia en la Presidencia, describe allí un episodio registrado el 22 de diciembre de 2022: “Mientras trabajaba en las oficinas del Departamento de Gestión Ciudadana del Edificio Moneda Bicentenario observé que había un menor de edad, aproximadamente de cinco años, durmiendo debajo de un escritorio, sobre una colchoneta, tapado con un chaleco. Se trataba del hijo de una colega, quien no tenía a nadie para cuidarlo. Ante esta situación fui donde la presidenta de la Asociación de Funcionarios Aptapres, a la cual pertenezco, para plantearle que había una necesidad de que las mamás tuvieran acceso a teletrabajo, tal como lo habían realizado en el Gobierno anterior, durante la pandemia. El 26 de diciembre de 2022, en la asamblea de la Asociación de Funcionarios Aptapres, yo misma planteé la necesidad de implementar la modalidad de teletrabajo en la Presidencia de la República. En conjunto, varias funcionarias compartían la situación de no tener con quién dejar a sus hijos e hijas durante las vacaciones de verano”.
En marzo de 2023, la funcionaria enfrentó un problema en el colegio de su hija, que la obligó a sacarla del establecimiento y llevarla hasta su lugar de trabajo. Según la denuncia, la funcionaria fue autorizada por su jefa directa, Paloma Domínguez, jefa del Departamento de Correspondencia Ciudadana, para asistir a la oficina junto a la menor. En el texto, la denunciante aclara que “a pesar de la difícil situación que sufrí con mi hija, no solicité una rebaja de carga laboral y nunca falté a mi trabajo, lo cual fue valorado entonces por la señorita Domínguez”.
Sin embargo, convertirse en la cara visible de la solicitud de teletrabajo, le trajo consecuencias. Cuando informó a su jefa que seguiría planteando la necesidad de teletrabajo para madres con hijos o hijas menores de 14 años, la respuesta fue “te aviso altiro que vas a rebotar, porque la directora administrativa [de La Moneda, Antonia Rozas] no quiere teletrabajo”. De todas formas, hubo tratativas y, en junio, la petición por teletrabajo fue acogida.
El 30 de junio del año pasado, se firmó un protocolo de acuerdo para que las personas de este Departamento de Gestión Ciudadana, en un 90% mujeres, optaran al teletrabajo durante las vacaciones de invierno. La denunciante fue invitada a la ceremonia en la cual se oficializó el protocolo que permitía esta modalidad. “Ella con su experiencia en comunicaciones, fue clave para redactar el protocolo de acuerdo, que finalmente se firmó”, cuenta una de sus colegas. La funcionaria trabajó en el mismo puesto durante el segundo Gobierno de Bachelet, por lo que su experiencia contribuyó a implementarlo durante esta administración.
La invitación al acto de firma llegó con copia al jefe del Departamento de Gestión Ciudadana, Fernando Rojas Jorquera. El jefe, según relata la denuncia, había implementado asambleas informales los días viernes, para evaluar el clima laboral. Según un audio que se incluyó en la denuncia y al cual tuvo acceso este medio, Rojas pidió a su equipo, en un 90% mujeres –como se señaló–, “ser dirigentes en serio”, además de prevenirlas de ciertas conductas, como extender el tiempo para salir a tomar café en su horario de trabajo o no marcar correctamente sus horas de ingreso y salida. La preocupación de Rojas fue “no salir en La Tercera, porque todos los ojos están puestos en el Gobierno”.
La denunciante dijo a Contraloría que comenzó a ser excluida de estos espacios, como la reunión en que Rojas hizo la advertencia de “no tirar la piedra y esconder la mano, si quieren ser dirigentes en serio”, al resto de sus compañeras.
Concretamente, Rojas se refería –según el audio– a quienes estaban ejerciendo “un liderazgo natural” en el equipo de trabajo, aunque especificó que “no voy a dar nombres, el emplazamiento le tiene que llegar a quien se sienta aludido”.
La alusión parecía ser directa. Ella fue la única persona de su equipo a quien no se le renovó la contrata, a pesar de haber sido calificada con nota 7 y ser elegida para representar a los profesionales en la junta calificadora del servicio. Este y otros detalles constituyen los fundamentos de la denuncia que la Contraloría declaró admisible.
Fernando Rojas Jorquera es ingeniero civil industrial y su tesis de magíster en ingeniería industrial de la UDD en 2022 es sobre un modelo de gestión de correspondencia presidencial. Fue dirigente de segunda línea durante las movilizaciones estudiantiles en el 2011 y es cercano al diputado Gonzalo Winter (CS), de quien fue jefe territorial. Junto a su equipo más estrecho trabaja en el Palacio de La Moneda, donde se le ve subir periódicamente al segundo piso, donde se ubica el gabinete presidencial. El resto del equipo, a cargo de Paloma Domínguez (amiga de Irina Karamanos), trabaja en el piso 10 del Edificio Bicentenario. Es en ese lugar donde se ven continuamente los menores que no pueden quedarse solos, deambulando por los escritorios. “Para algunos, si te gustan los niños, puede ser divertido, pero a otras personas les molesta, porque no pueden estar quietos, hacen amigos y corren de un lado a otro, se escuchan en medio de las reuniones”, describe una funcionaria.
Para Ana Caneo, lo ocurrido en el Departamento de Gestión Ciudadana de Presidencia es una escena recurrente. “Mis hijas fueron criadas debajo de un escritorio y, mientras más te alejas del nivel central, mayor es la precariedad. Vi las imágenes de ese niño durmiendo debajo del escritorio y al menos tenía una colchoneta, lo que en otros casos no ocurre”, dice Caneo, funcionaria del hospital San Borja y quien también da cuenta de represalias por su empeño –según dice– en mantener el teletrabajo como lo contemplaba la ley hasta 2023. “En la medida que las mujeres pedían [teletrabajo] y a la jefatura no le parecía, era causa de maltrato o persecución. A mí me quitaron el estacionamiento y una clave de acceso. Pedí dos días de permiso y a la vuelta estaba desarmado mi puesto”, detalla.
Las funcionarias de Momusep presentaron una solicitud a Contraloría para que se pronunciara sobre la homologación de la ley de “conciliación”, que permite el teletrabajo en el sector privado, con la normativa para las funcionarias públicas, la que sin embargo fue desestimada, al determinar Contraloría que ambas normas no son homologables.
Carlos Insunza, director nacional de la ANEF y Consejero Nacional de la CUT, afirma que se estableció una mesa de conversaciones con el Gobierno para regular el teletrabajo. “Las modalidades de teletrabajo que existen están en el marco de iniciativas piloto, que tienen amplios rangos de flexibilidad”, dice. Se refiere a 44 servicios piloto autorizados por la ley. “No se han establecido garantías de derechos plenos de los trabajadores y trabajadores en esta modalidad. Las evaluaciones de estos pilotos están permitiendo avanzar en una línea de discusión con el Gobierno, que permita garantizar la función pública y los derechos de quienes opten por esta modalidad en los servicios. Pero no nos parece que el debate de conciliación se arregle con el teletrabajo, porque hay amplios segmentos de trabajadores que no pueden. Comprendemos que los tiempos que esto demanda pueden no responder a las urgencias de ciertos sectores”.
La estadística levantada por Momusep apunta a que “un tercio necesita teletrabajo 100%. Otro tercio necesita la flexibilidad para alternarse con los otros cuidadores, y un tercio, que calce con la jornada escolar”, detalla Ana Caneo.
Para Marcia Lara, secretaria de bienestar de la ANEF, el debate sobre la posición de la asociación sigue abierto. “Esta ley no resuelve el tema de fondo que tienen los trabajadores y trabajadoras en el contexto de un sistema nacional de cuidados. Es una ley transitoria, que dura un año. Esperamos que a fin de este año no estemos en la misma situación. Hay que abordar los nudos críticos en una mesa de trabajo, que llegue a una ley de cuidados que solucione el problema de fondo, porque nuestro deber como funcionarios públicos también es estar disponibles para la ciudadanía”, afirma.
El Mostrador pidió una versión sobre estos hechos a Presidencia, desde donde afirmaron que no se pueden pronunciar “respecto de temas laborales de funcionarias y funcionarios que trabajen o trabajaron en la institución”.
