Gobierno quita computadores a estudiantes y lo llama ahorro

Hay decisiones que pueden explicarse en una planilla Excel, pero que difícilmente pueden justificarse frente a la ciudadanía. La decisión del gobierno de José Antonio Kast de dejar sin financiamiento en el Presupuesto 2027 al programa “Yo elijo mi PC”, es definitivamente el peor error de los últimos días.

No estamos hablando de eliminar un beneficio marginal o algo experimental, estamos hablando de terminar con una política de Estado que durante 17 años ha permitido que cientos de miles de estudiantes, especialmente de familias que no tienen recursos suficientes, accedan a una herramienta muy necesaria para estudiar y desarrollarse.

El programa nació en el 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, con el objetivo de reducir la brecha digital y ese año benefició a cerca de 30 mil estudiantes. Con el paso del tiempo, la política creció, se amplió y terminó incorporándose a las actuales Becas TIC, llegando a los establecimientos públicos y a estudiantes focalizados de colegios particulares subvencionados.

En el 2015, sólo “Yo elijo mi PC” entregó 57.048 computadores, con una inversión de $17.292 millones. En 2025, las Becas TIC contemplaron 124.120 computadores, cada uno acompañado de recursos educativos, licencias, contenidos pedagógicos y acceso gratuito a internet. Y en 2026 fueron 96.100 los estudiantes beneficiados. Este último año el programa contó con aproximadamente $35 mil millones, una cifra que no puede mirarse como gasto, sino como inversión pública en las oportunidades de miles de niños, niñas y adolescentes.

¿Qué significa realmente entregar un computador a un estudiante que no puede comprarlo? Significa que puede investigar para una tarea, acceder a una biblioteca digital, preparar una presentación, aprender programación, conectarse con sus profesores y profesoras, desarrollar habilidades digitales y disponer de internet para estudiar. El computador, sin duda, no reemplaza al profesor, ni resuelve por sí solo los problemas de aprendizaje, pero pretender que por eso deja de ser necesario es tan absurdo como decir que un cuaderno no sirve porque no garantiza que un niño aprenda a escribir.

El Gobierno ha defendido su decisión argumentando que las evaluaciones del programa no muestran un efecto relevante en el aprendizaje y que además ha tenido problemas de implementación. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, mencionó, entre otros antecedentes, que un informe de Contraloría detectó que desde 2015 cerca de 9 mil computadores no habían sido entregados.

Entonces, cabe preguntarse ¿desde cuándo un problema de implementación se soluciona eliminando el beneficio y no haciendo correcciones? Si hubo computadores que no llegaron a sus destinatarios, corresponde investigar, exigir responsabilidades y mejorar los mecanismos de entrega.

Y si una evaluación demuestra que el impacto pedagógico puede ser mayor, corresponde rediseñar el programa junto a las comunidades educativas. Lo que no parece razonable es concluir que, porque una política pública puede mejorarse, entonces debe desaparecer.

Estamos además frente a una contradicción esencial, pues el Gobierno habla permanentemente de mérito, esfuerzo, oportunidades y de entregar herramientas para que las personas puedan salir adelante por sus propios medios. Sin embargo, cuando se trata de garantizar que un estudiante vulnerable tenga acceso a una herramienta tecnológica básica, decide retirar el apoyo. Eso no es entregar más oportunidades, es trasladar nuevamente al bolsillo de las familias una desigualdad que el Estado llevaba 17 años intentando reducir.

Lo más preocupante es que esta decisión parece revelar una concepción equivocada de lo que significa ahorrar en educación, pues ahorrar no es necesariamente gastar menos. Si el programa tiene problemas, hay que mejorarlo; si existen estudiantes que no utilizan adecuadamente los equipos, hay que incorporar acompañamiento pedagógico; si hay dificultades de conectividad, hay que fortalcerlo; si la evaluación muestra debilidades, es necesario rediseñar los criterios, pero quitar de un plumazo una política que en 2026 llegó a más de 96 mil estudiantes no parece una política de modernización educativa, más bien parece, simplemente, un recorte ideológico.

Chile necesita discutir seriamente cómo mejorar los aprendizajes, cómo cerrar las brechas educativas y cómo preparar a los niños, niñas y jóvenes para un mundo en el que la alfabetización digital ya no es opcional. Por eso, la pregunta que el Gobierno debería responder no es cuánto cuesta “Yo elijo mi PC”, sino ¿cuánto le costará al país dejar atrás a una generación de estudiantes que no tendrá las mismas herramientas para aprender?

Efectivamente un computador puede costar dinero, pero la desigualdad de oportunidades que genera no tenerlo puede costar mucho más. Sin duda el futuro de Chile está en peligro.