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Rechazan solicitud de pueblos originarios para crear espacio costero en Puerto Montt PAÍS Imagen referncial

Rechazan solicitud de pueblos originarios para crear espacio costero en Puerto Montt

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La Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Los Lagos negó la solicitud del Ecmpo presentada por la asociación Ngulam Ñuke Lafken, que buscaba administrar 56 mil hectáreas del litoral de Puerto Montt bajo la Ley Lafkenche. La decisión generó indignación en las comunidades indígenas.


La Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc) de la Región de Los Lagos rechazó este viernes la solicitud para establecer un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (Ecmpo) presentada por la asociación Ngulam Ñuke Lafken, que buscaba la administración de 56 mil hectáreas del borde costero de Puerto Montt.

La iniciativa, amparada en la Ley Lafkenche, pretendía otorgar a las comunidades indígenas la posibilidad de gestionar parte del litoral para preservar y desarrollar prácticas ancestrales vinculadas al mar, incluyendo usos ceremoniales, extractivos, medicinales, conectivos y recreacionales.

Sin embargo, la petición fue rechazada de forma mayoritaria por los miembros de la Crubc. Solo se registraron abstenciones del Ministerio del Medio Ambiente, la Municipalidad de San Juan de la Costa, la Conadi y dos representantes de pueblos originarios.

La decisión provocó fuerte molestia entre las comunidades indígenas, que acusaron presiones del sector salmonero y una falta de voluntad política para proteger los derechos costeros reconocidos por ley. “Están aplaudiendo los representantes salmoneros, no los nuestros”, expresaron tras la sesión.

Los dirigentes de la asociación Ngulam Ñuke Lafken —integrada por siete comunidades y encabezada por Pedro Naiman, Alexis Velásquez y Juana Quinan— insistieron en que el Ecmpo no busca excluir actividades económicas, sino compatibilizar la protección ambiental con la continuidad cultural. “Aquí se llama a cuidar y proteger para las futuras generaciones”, señalaron.

El espacio propuesto abarcaba desde el límite entre las provincias de Llanquihue y Palena hasta la comuna de Calbuco, incluyendo varias islas del archipiélago local. Tras la negativa, las comunidades emplazaron al Congreso a “arreglar la Ley de Pesca y no intervenir la Ley Lafkenche”, al considerar que su aplicación está siendo restringida por intereses empresariales en la zona sur del país.

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